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En cada país de la región los pueblos indígenas siguen luchando por una normativa y una institucionalidad estatal que se comprometa y garantice el respeto a sus derechos, consagrados ya en abundante legislación internacional. Pero el camino es arduo. El presente artículo habla de ese camino en Argentina.
Las condiciones materiales de existencia de las comunidades indígenas que habitan en el territorio argentino han marcado su propio punto de vista y sus praxis políticas, descentrando y cuestionando el sesgo racista y etnocéntrico del Estado; y dirigiendo sus luchas políticas hacia varias direcciones. Por una parte, buscan el reconocimiento de su cultura, la redistribución económica y que se reconozca la historia de colonización. Por otro lado, ponen en cuestión al Estado racista y segregacionista, buscando la autodeterminación como pueblos.
Las formas de negar la existencia de otros/as puede darse de muchas y diversas formas. A lo largo de la historia argentina se viene sucediendo un genocidio que comenzó con la conquista de América y que se ha perpetuado y perpetrado hasta nuestro días. Sin importar el color político que estuviera al frente del Gobierno ni la verborragia que expusieran sus funcionarios/as los pueblos indígenas han sufrido todo tipo de avasallamiento y han compartido a lo largo del territorio argentino una fosa común cargada de olvido.
Sin embargo, “el presente mantiene con el pasado una relación paradojal por la cual en aquel tiempo se ha conformado el territorio no elegido en el que se liberan las batallas del hoy y del mañana. Del pasado proceden las condiciones establecidas en las que nos hallamos. Durante ese tiempo que ya no nos pertenece el mundo se fue configurando y reificando, nos fue enajenado y se nos enfrenta, invertido, como una fuerza inercial que nos es extraña y a menudo muy adversa. Del pasado procede el peso de los antepasados muertos, ese que pesa como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos, como dijera alguna vez Marx. Sin embargo también del pasado procede a menudo la promesa no cumplida, la fuerza mesiánica de la que cada generación ha de hacerse cargo a fin de redimir a nuestros muertos, esos que no podrán jamás permanecer de pie si este enemigo que vence no deja de vencer.” (Alejandra Ciriza, “Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres, política y memoria. Perspectivas Subalternas”, 2008).
Cuando las leyes son letra muerta
El derrotero de las políticas públicas relacionadas con los pueblos originarios ha divagado intrascendentemente por años. Este proceso se inauguró en el año 1985, cuando el Estado Argentino, bajo las presiones internacionales, creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a partir de la Ley 23.302. Luego de cuatro años, esa Ley fue reglamentada a partir del decreto 155/89. Según estas normativas y sus disposiciones, el Instituto debería cumplir todas las actividades conducentes a promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas adjudicando prioridad a sus aspectos socioeconómicos, sanitarios y culturales, preservando y revalorizando el patrimonio cultural de estas comunidades.
La mitad de la primera década, desde que se creó la institución y bajo la primera gobernación de Carlos Menem, el INAI estuvo sin funcionar, por falta de designación de autoridades y demora en su implementación. Desde las organizaciones indígenas se escucharon las voces de reclamo por un organismo que estaba muy lejos de lo que proponía y era ajeno a las comunidades.
En el año 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley Nº 26.160, que declara por el término de cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de esas tierras, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal fin, se creó un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento) a los efectos de la aplicación de la ley, y se estableció que sería el INAI quien se encargaría de llevar a cabo dicho proceso.
A fines del año 2009, como los plazos no habían sido cumplidos, una nueva ley, la 26.554, prorrogó la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destinó 10 millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la sanción de la ley 26.894, se determinó que la norma operará hasta noviembre de 2017.
Pero la realidad es que hasta la fecha los fondos han sido dilapidados y el relevamiento está detenido. Mientras esto sucedía en los papeles, en la realidad se daban represiones y desalojos de distintas comunidades a lo largo de todo el territorio.
La lucha y la resistencia
El 14 de febrero de 2015, año de elección nacional, los pueblos originarios congregados en la organización QOPIWINI (Comunidades Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) acamparon durante diez meses en pleno centro de Buenos Aires. El diálogo con el gobierno nacional, bajo la presidencia de Cristina Fernández, fue casi nulo. Los medios más importantes de comunicación, afines a los intereses de los poderosos, fueron cómplices de la estrategia de invisibilización que los gobiernos, tanto provincial como nacional, llevaron a cabo para no dejar ver en su totalidad la complejidad de la lucha por la vida, la tierra, el agua, la educación, la salud y la justicia de los/as indígenas.
En medio de campañas políticas, el acampe QOPIWINI recibió y aceptó dialogar con Mauricio Macri, actual presidente del país, elegido en las elecciones de octubre de ese año. En diciembre, el encuentro y acercamiento entre el funcionario con Félix Díaz (referente qom) derivó en una propuesta de diálogo sobre la intervención del INAI. En primera instancia se anunció que la institución pasaba a formar parte de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación y se propuso una mesa de trabajo compartida entre funcionarios del gobierno nacional y representantes de los pueblos originarios. Luego de esto el acampe se levantó con el compromiso de que serían atendidos los pedidos de las comunidades.
En este contexto el 17, 18 y 19 de febrero de 2016, en Burzaco, Buenos Aires, se reunieron representantes de las distintas comunidades del país en la Asamblea General Ordinaria de los Pueblos Originarios del Territorio de la República Argentina. El espacio concluyó con la propuesta de la Mesa de Trabajo y Diálogo Político de los Pueblos Indígenas de Argentina y el Estado Nacional.
El 14 de marzo de 2016, las comunidades decidieron acampar en las instalaciones de la ex ESMA (en la actualidad Espacio de la Memoria y Derechos Humanos, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural) para exigir que se respete el pedido de la Asamblea. El 16 de marzo intentaron desalojarlos, alegando una supuesta amenaza de bomba, pretendiendo que abandonen las instalaciones y regresen a sus territorios (hecho que se repitió durante los días siguientes).
Finalmente, el 23 de marzo levantaron el acampe con la propuesta del Secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, Claudio Avruj, de emitir el decreto que institucionalice la Mesa de Diálogo Indígena con carácter vinculante. Ahora está vigente el plazo de veinte días para que los técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y los técnicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros evalúen y aprueben el decreto por.
El decreto cuya firma están esperando las comunidades otorga al Consejo la generación de condiciones para que se efectivice un diálogo intercultural, a fin de que las medidas legislativas y administrativas, que afectan directamente a los pueblos y comunidades indígenas, cuenten con su intervención previa; impulsar la reforma de la Ley N° 23.302, (que reglamenta toda intervención del Estado en los asuntos indígenas), adecuándola a los estándares internacionales; proponer un proyecto de reglamentación del derecho a la consulta previa, libre e informada; fortalecer la identidad sociocultural y el autogobierno; impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para la efectiva posesión de las tierras por las comunidades. (Néstor Vilca, "Decreto que firmaría el presidente para los pueblos originarios", 2016).
¿Un gobierno perpetrador del más salvaje neoliberalismo, conquistado por los intereses extranjeros (norteamericanos) que se muestra sumiso ante las multinacionales será quien ponga la tierra en manos de quienes la habitan ancestralmente, la cuidan y la trabajan? ¿Será capaz de no dejarse seducir por el oro líquido o por el oro negro que corre debajo de los territorios de las comunidades? Nada más contradictorio a un gobierno de pueblos indígenas que fundan sus decisiones en el derecho a la consulta que un gobierno de derecha que gobierna con el poder unilateral del decreto de necesidad y urgencia.
El modelo extractivista
El desarrollo del modelo extractivista pone en los calendarios de nuestra América la incansable lucha contra el colonialismo. La industria minera y el agronegocio son proyectos multinacionales de devastadora envergadura. A través de inversiones impensables para países como el nuestro estas empresas extranjeras llegan y a muy bajo costo compran terrenos fiscales y no fiscales para llevar a cabo sus tareas productivas.
La flexibilidad legislativa y las condiciones sociales y económicas de los pueblos favorecen el escenario para los intereses de los poderosos. La inserción de proyectos agropecuarios e industrias extractivas en todo el territorio nacional, así como la cesión de tierras indígenas a particulares o instituciones, son las principales consecuencias de un modelo económico que avanza indiscriminadamente y arremete de manera verticalista sobre la democracia y los derechos de las comunidades.
El primer relevamiento de Amnistía Internacional sobre conflictos territoriales en Argentina dice que existen alrededor de 9,3 millones de hectáreas de campesinos/as e indígenas en los cuales se registraron hasta el momento 857 casos en conflicto. El 32% de los casos se trata de pueblos indígenas. Esto ha dejado el saldo de más de 10 autoridades indígenas muertas por enfrentar al modelo extractivista, centenares de procesados y comunidades hacinadas producto de la reducción territorial, muerte de niños indígenas por desnutrición o enfermedades supuestamente erradicadas. Ejemplos de ello son la resistencia del Pueblo Mapuche en Neuquén contra la instalación de las petrolera YPF y Chevrón; la comunidad Pilagá contra la multinacional Techin y el gasoducto que amenaza con dividir su terreno.
La crudeza del genocidio de siglos anteriores sigue avanzando sobre los pueblos en lucha. La historia de la resistencia va marcando el camino a las generaciones posteriores. En contra de lo que la mayoría de la sociedad argentina cree, la diversidad étnica ocupa un importante porcentaje del territorio. La información de circulación masiva no representa en nada la realidad de los conflictos campesinos e indígenas que se han desencadenado en las últimas décadas. Aun existiendo leyes que los protegen contra el desalojo y la ocupación privada, los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo violados bajo formas de represión directa e indirecta, muertes, persecuciones políticas, abandono estatal sobre las condiciones sanitarias y una sistemática violencia institucional que invisibiliza y niega la existencia ancestral de los pueblos indígenas de Argentina.
A pesar de todo, los pueblos siguen caminando tras las huellas de sus antepasados, trazando redes de unidad y construyendo mundos donde quepan todos los mundos. Como dijera en México el subcomandante Marcos. “La lucha de cualquiera de los Pueblos es la lucha de todos nosotros, somos frutos de una misma planta y nuestras raíces están prendidas a la tierra por la sangre de nuestros abuelos y las manos de nuestros hijos, esto renueva la esperanza de seguir viviendo, haremos escuchar nuestra voz para que abran sus corazones.” (Manifiesto del Consejo Continental de la Nación Guaraní, 2015).
*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
