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Las DV no son ni de obligado cumplimiento ni tampoco inderogables. Son una herramienta de referencia que se usa para forzar la evolución y mejora de políticas y prácticas de gobernanza relativas a la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Sus postulados gozan de una importante legitimidad ya que se consensuaron a finales de 2012 mediante las firmas de los estados miembros del Comité de la seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y a raíz de un proceso de elaboración que logró una presencia importante de la voz de la sociedad civil mundial.
Las DV legitiman la participación de la sociedad civil en los procesos de reforma de la gobernanza de la propiedad de la tierra. Cabe destacar que las DV la han favorecido en los casos en los que la voluntad de los gobiernos de organizar esta participación era ya un hecho. Las DV pueden también servir de justificación o motivación para iniciar un diálogo entre actores con intereses divergentes y suscitar, además de favorecer, la voluntad de los gobiernos para aplicar sus recomendaciones.
