La presente Ley reforma parcialmente la Ley de tierras y desarrollo agrario, tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental

La politique de développement agro-sylvo-pastoral est marquée par le retrait progressif de l’Etat et est conforme aux principes de recentrage de ses missions sur des fonctions régaliennes, de poursuite de la politique de décentralisation, d’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural, ainsi que de création d’un environnement propice aux investissements privés en milieu rural. La réduction de la pauvreté est la principale priorité de la politique de l’Etat, en particulier dans les zones rurales.

La presente codificación de la Ley de Desarrollo Agrario, tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema.El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes políticas: 1) Política de capacitación integral al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos

La presente Ley tiene por objetivo primordial el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, mediante su acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de los recursos necesarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa y revalorización de su patrimonio cultural, su desarrollo social y su efectiva participación en el quehacer provincial y nacional.

El presente Decreto tiene por objeto la implementación de la Ley Nº 23.302 en lo que se refiere a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El Registro Nacional de Comunidades Indígenas formará parte de dicho instituto y tendrá carácter público. Podrán establecerse registros locales en el interior. El Decreto prevé el desarrollo de porgramas de asistencia sanitaria de las comunidades indígenas, prestando prioridad a la salud infantil.

Abstract

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) podría tener un gran impacto en la agricultura y la producción de alimentos en la Unión Europea. Los lobbies corporativos a ambos lados del Atlántico están buscando un mayor acceso a los mercados , pero los alimentos europeos y americanos se producen con diferentes estándares de seguridad alimentaria (DG de Política Interior, 2015), bienestar animal (Protección Animal Mundial/Humane Society International, 2014) y protección medioambiental (AT Europa/IATP, 2013).

El sector agropecuario de América Latina es considerado el verdadero motor de la economía en los países de la región (World Bank, 2007; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura [FAO], 2013b). La vasta oferta de productos primarios, procesados y semiprocesados, que se comercializan de manera formal e informal en los mercados y puntos de venta de alimentos,

Few aspects of development policy are better furnished with empirical evidence than the interplay between support for agriculture in the context of rural development and the reduction of poverty and hunger. It is therefore surprising that German Development Cooperation has today largely disengaged from activities in this area: Despite the evidence that practically nothing is more effective and sustainable than combating poverty where it is most often found, namely in the rural areas of poor countries,we fail to take that route.

In November 2004, after a two-year drafting process, the FAO Council adopted the Voluntary Guidelines on the right to food - in effect, a new legal instrument for defending and enforcing the right to food.This article addresses the following questions:
What will this instrument be capable of achieving? Will the effort expended in creating the Guidelines prove to have been worthwhile? And, finally, will the implementation of this new approach to human rights contribute towards reducing the numbers of people suffering from hunger?

Negotiations to establish a set of Voluntary Guidelines on the human right to food, held under the auspices of FAO, were successfully completed in autumn 2004, with all 174 FAO member countries signing the final document. However, the negotiations proved to be far from straightforward, as many countries were anxious about the legally binding nature of the Guidelines.

The Voluntary Guidelines on the human right to food provide a further instrument of international law in the fight against world hunger.The Guidelines promise to be a powerful new weapon in combating malnutrition.They forge an alliance between development policy and human rights in the struggle for the right to food. The «human rights approach» has become the new watchword in the fight against hunger.