• En la Zona Humanitaria del oeste de Colombia, los líderes comunitarios, sin pelos en la lengua, temen por sus vidas después de que otros 32 activistas ambientales y defensores de la tierra fueran asesinados el año pasado en su país
• Sus miedos estaban bien fundados: Colombia es el segundo lugar más peligroso en el mundo para los líderes ambientales y los defensores de la tierra

CARMEN DEL DARIÉN, Colombia – Los líderes comunitarios en Chocó en el occidente de Colombia reclaman al gobierno que garantice su seguridad después de recibir amenazas constantes por parte de individuos que acusan de trabajar para los propietarios de negocios de la agroindustria locales y nacionales. Dicen que esos intereses comerciales están ocupando e invadiendo sus tierras y se niegan a permanecer en silencio a pesar de la reciente violencia en la zona.

En noviembre y diciembre de 2017, dos defensores de la tierra en comunidades cercanas fueron supuestamente asesinados por sicarios paramilitares en un plazo de unos diez días: Mario Castaño y Hernán Bedoya.

Después de las muertes de Castaño y Bedoya, representantes de la región viajaron a la capital, Bogotá, este pasado diciembre con el grupo de los derechos humanos colombiano, la Comisión Intereclesial por la Justicia y la Paz en Colombia (CIJP). Su objetivo era denunciar la amenazas que circulan ampliamente contra otros defensores de la tierra destacados, parecido a un informe reciente publicado conjuntamente por el diario The Guardian y Global Witness, como parte de un esfuerzo por documentar todos los asesinatos en el mundo. El informe subrayó que 32 ecologistas y defensores de la tierra fueron asesinados solo en Colombia en el 2017, que ocupa el segundo lugar después de Brasil.

Sobre todo en los municipios en el occidente de Chocó de Carmen del Darién y Riosucio, donde la presión violenta de todo tipo continúa aumentando.

El 28 de enero, el Defensor del Pueblo colombiano emitió una advertencia por el “riesgo inminente” al que están expuestas 32 000 personas debido a la confrontación armada entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo neoparamilitar. El informe dice que ambos grupos armados ilegales se han aprovechado de la desmovilización de las guerrillas de las FARC para consolidar el control territorial en la región que está habitada por seis comunidades indígenas y 12 territorios colectivos afrocolombianos.

Además, el informe hizo un llamamiento al ejército, la policía y las entidades gubernamentales locales para que proporcionasen “mecanismos de protección” a los líderes amenazados en la región.

Según la CIPJ, los ganaderos y los productores de aceite de palma y de plátanos han contado con el apoyo de las AGC para intimidar, amenazar y matar a los líderes comunitarios que están defendiendo sus tierras de la expansión de la agroindustria y los intereses de la tala comercial en la región. Chocó es donde está más de la mitad de toda la cubierta forestal perdida en Colombia debido a las actividades mineras.

Un representante de la CIPJ que trabaja en la zona pero que ha pedido no ser identificado por motivos de seguridad dijo que las empresas de la agroindustria en la zona están enviando productores delegados dentro del territorio colectivo con el objetivo de invadir las granjas de los demandantes de las tierras. Según el miembro del personal de la CIPJ, el objetivo es “expandir la frontera agrícola y la extracción de la madera” e la entrada, en gran medida sin desarrollar, de la remota selva tropical sin carreteras del Tapón del Darién.

El parque nacional del Tapón de Darién son 6o millas de selva tropical, pantanos y montañas que están entre Colombia y Panamá. Es una brecha sin terminar en la Carretera Panamericana que un día conectará América del Norte y América del Sur.

 

Medidas de seguridad

De vuelta en Carmen del Darién, María Chaverra es uno de los nombres que la CIPJ y otros miembros de la comunidad han dicho que fue señalada como un objetivo de los sicarios paramilitares y los agricultores industriales. A sus 67 años, Chavera es una líder vocal y aboga por los derechos de la tierra de los campesinos desplazados de Curvaradó. La CIPJ se refiere a ella como una “matriarca de la comunidad”.

Como explicó por ella su hijo Wilson Martínez, “No hay nadie más como [Chaverra]… vamos donde ella nos dice, todos la respetamos y seguimos su palabra”.

Chaverra dijo que hubo llamadas amenazadoras en diciembre al teléfono de la comunidad. Un interlocutor anónimo señaló a Chaverra como “uno de los líderes” que estaban buscando.

Se ha puesto en marcha algo de seguridad, pero no es suficiente.

El defensor del pueblo local ha proporcionado guardaespaldas y coches blindados para la protección de Chaverra y un puñado de otros demandantes de tierras amenazados. A otros, la Unidad de Protección de Víctimas (UNP) les ha proporcionado chalecos antibalas y teléfonos móviles. Sin embargo, Chaverra dijo que los guardaespaldas solo trabajan turnos de 10 horas, lo que significa que los líderes sociales a menudo están solos sin protección durante la noche.

“Proporcionar medidas de protección durante unas pocas horas al día no llega a la raíz del problema”, dijo Chaverra.

Chaverra sostiene que la eliminación de los defensores de la tierra beneficia a los terratenientes de la agricultura industrial que se aprovecharon del prolongado conflicto armado de Colombia y sus conexiones con los grupos paramilitares para expandir sus proyectos comerciales en la región después de que las familias de agricultores fueran desplazadas.

“Los empresarios son los que nos quieren fuera de aquí porque estamos reclamando nuestros derechos y nuestras tierras. Somos como una piedra en su zapato”, dijo Chaverra. “Nos quieren fuera y para asegurarse de que nos vayamos, nos están matando uno a uno”.

Cuestiones relativas a la restitución de tierras

Juan Guillermo es un representante legal de la empresa del cultivo de palma, Cultivos Recife S.A. La empresa de palma llegó a la cuenca del río Curvaradó en el 2002 cuanto los campesinos fueron desplazados de su territorio. Guillermo dijo que los campesinos están reclamando las tierras que fueron “compradas legalmente en acuerdos de buena fe”.

Guillermo dijo que rechazaba cualquier tipo de asociación entre la empresa de palma y los paramilitares.

“Vendieron las tierras y luego volvieron para reclamarlas unos años más tarde”, dijo Guillermo. “Las tierras no estaban arrendadas, fueron vendidas”.

Guillermo señaló que su empresa tiene documentación y títulos que demuestran sus compras de tierras, “algo que los campesinos no tienen”.

Otro defensor de la tierra en la región amenazado, Alfredo Méndez, que pidió que se le cambiase el nombre debido a problemas de seguridad, reconoció que muchos de los demandantes de tierras al final habían vendido sus tierras a finales de la década de los 90 y a principios de la década del 2000. Sin embargo, dijo que vendieron las tierras porque habían sido desplazados de la región por la violencia.

“Habíamos dejado el territorio porque los paramilitares estaban masacrando a los campesinos”, dijo Méndez. “[La agroindustria] aparecía y decía, aquí hay 10, 20, 100 dólares por hectárea… [sentíamos] que no teníamos más remedio que vender a cualquier precio que nos diesen”.

A través de la presión llevada a cabo por los defensores de la tierra y los grupos de derechos humanos, al menos 18 productores de palma que ocuparon tierras de campesinos en la cuenca del río Curvaradó han sido encausados ante los tribunales y están cumpliendo sentencias de entre siete y 12 años. En el 2009, el Tribunal Constitucional Supremo del país ordenó que las tierras usurpadas por los negocios agrícolas conectados con los paramilitares fuesen devueltas a los territorios colectivos afrocolombianos en la región, que son administradas por los consejos comunales.

Según el periódico El Espectador Guillermo fue arrestado en el 2010 bajo cargos relacionados con el desplazamiento forzado, pero fue puesto en libertad días después de entregarse a una investigación. Se ordenó a la empresa Cultivos Recife a que devolviese las tierras a los consejos comunales de Curvaradó y Pedeguita-Mancilla en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2009.

La CIPJ acusa al consejo comunal de Pedeguita-Mancilla en el territorio colectivo afrocolombiano adyacente de irregularidad electoral y de ignorar los derechos de restitución de las tierras de los campesinos desplazados dentro del territorio colectivo. Recientemente, el activista Hernán Bedoya fue asesinado en la zona.

Méndez y la CIPJ dijeron que el consejo comunal había alcanzado un acuerdo con los agricultores industriales para mantener el ganado comercial, la tala y la palma en el territorio. Dijo que el consejo comunal, junto con los propietarios de los negocios, están promocionando una mayor expansión a través de invasiones delegadas de las reservas de biodiversidad. Dijo que estaban destruyendo las selvas vírgenes y las granjas de subsistencia familiares.

Mongabay contactó con el representante legal del consejo de Pedeguita-Mancilla para que comentase, pero al momento de la publicación no habíamos recibido ninguna respuesta.

El miembro de la comunidad de Curvaradó, Uriel Tuberquía, dijo que muchos negocios agrícolas todavía tienen sus ojos puestos en la región porque “cualquier cosa que plantes aquí crece”.

“Es un lugar único para cultivar alimentos, para la agricultura, la cría de animales”, dijo Tuberquía. “Estas tierras son muy ricas”.

La región al noroeste de Colombia también es una zona comercial estratégicamente importante por su proximidad a Urabá, una zona productora de plátanos con rutas de exportación internacionales a sus puertos caribeños cerca del Canal de Panamá.

Pero la zona está amenazada.

La región Urabá fue clasificada como un punto caliente de la deforestación en el 2016 por la agencia de vigilancia ambiental del país, IDEAM. Cerca del puente que la conecta con América del Norte, las regiones combinadas de Urabá y Chocó son el hogar de una biodiversidad rica con organismos endémicos como el buco de Noanomá (Bucco noanamae).

El buco de Noanomá aparece en la Lista Roja de la UICN como una especie casi amenazada que se enfrenta a una constante disminución de la población debido a la deforestación asociada con “la tala y el cambio hacia las plantaciones de plátanos y de palmas de aceite… con los asentamientos humanos, el desarrollo de infraestructuras, la ganadería y otros usos agrícolas de la tierra siendo también amenazas significativas”.

La recuperación de simientes ancestrales

En el 2005, los campesinos desplazados volvieron a sus tierras con el acompañamiento de organizaciones sin ánimo de lucro y observadores internacionales. La ayuda internacional y nacional les ayudó a crear aldeas colectivas conocidas como “Zonas Humanitarias”, que alcanzaron reconocimiento legal por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos en el 2011 como zonas neutrales que prohíben la entrada de todos los actores armados.

Además, los demandantes de tierras organizaron reservas de biodiversidad que son pequeñas parcelas de tierra gestionadas y cultivadas por una sola familia, aunque las tierras permanecen bajo un título colectivo.

El demandante de tierras, Uriel Tuberquía, invitó a Mongabay a su Reserva de Biodiversidad llamada “Isaac Tuberquía”, en honor a su padre. Con una mirada amable y una risa fácil, Tuberquía dice que todavía se acuerda del primer árbol que plantó cuando volvieron al territorio.

Era un aguacatero”, dijo, mientras señalaba a un árbol de unos 15 pies de altura con aguacates verdes y de piel lisa esparcidos por el suelo bajo sus ramas. Desde entonces, Tuberquía ha plantado muchos otros árboles frutales como mango, coco y zapote.

“El año que viene va a ser un gran año para nosotros porque muchos árboles están empezando a producir fruta por primera vez”, dijo Tuberquía. “La vida está regresando. Es maravilloso ver que, por fin, los pájaros están volviendo”.

TuberquiaTuberquía dijo que era necesario deshacerse de la palma y el ganado para establecerse de nuevo y volver a su anterior forma de vida.

En presencia de los observadores y el ejército, la comunidad taló las palmas de aceite con hachas, machetes y motosierras para tener terreno donde poder plantar sus cultivos. La mayoría de las palmas de aceite restantes murieron poco después debido a una enfermedad.

“Bajo las raíces de las palmas yacen los restos de nuestros hermanos, padres, hijos”, dijo Tuberquía. “Veíamos [la palma de aceite] como algo malvado”.

Historial de conflictos

Los defensores de la tierra Chaverra y Méndez viven en un territorio colectivo llamado afrocolombiano. Históricamente, estaba poblado de esclavos africanos escapados que huyeron de las colonias españolas del siglo XVI para formar asentamientos independientes en la región con una densa jungla.

Las guerrillas de las FARC fueron los primeros grupos armados ilegales que entraron en la región a principios de la década de los 70 para apoyar a los movimientos comunistas entre los trabajadores de las plantaciones de plátanos en la región y los agricultores campesinos. En 1996, el ejército colombiano se unió a los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) para lanzar un ataque feroz para arrebatar el control del territorio a las guerrillas de las FARC.

Vicente Castaño, el líder de las ACCU fomentó, activamente, el desplazamiento de miles de agricultores campesinos del Curvaradó bajo los auspicios de erradicar de la región a los simpatizantes de la guerrilla. Sin embargo, su verdadero objetivo era desarrollar proyectos de la agroindustria lucrativos en las tierras de labranza productivas abandonadas por los campesinos desplazados, según el testimonio en el juzgado de varios comandantes paramilitares de rango inferior.

n el año 2000, el gobierno colombiano otorgó 46 084 hectáreas en la cuenca del río Curvaradó junto con otros territorios cercanos como títulos colectivos a los campesinos afrocolombianos basándose en su reivindicación ancestral.

Incluso con la resolución, no fue hasta el 2005-06 cuando un grupo de campesinos desplazados regresó a su territorio junto a la ONG Justicia y Paz sin acompañamiento estatal. Cuando volvieron, encontraron que había sido destruido por los negocios conectados con los paramilitares para dar paso al aceite de palma y a la ganadería.

En el caso de Chaverra, dijo que su pequeña granja y los bosques cercanos habían sido transformados en filas irreconocibles de palmas de aceite.

“Secaron los humedales, derribaron el bosque, los pájaros también habían sido desplazados. Ahora solo era cielo y palmas”, dijo Chaverra. “No quedaba nada que pudiésemos comer”.

Problemas para las perspectivas de paz de Colombia

En el 2016, Colombia firmó un acuerdo de paz histórico con las guerrillas de las FARC. Elogiado como el final del conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental, las FARC se desmovilizaron en el 2017 y se convirtieron en un partido político legalmente reconocido.

Aunque, inicialmente, la paz con las FARC ha resultado en una reducción en la violencia en ciertas regiones del país, los grupos de derechos humanos han denunciado que los líderes sociales y los defensores de la tierra están cada vez más amenazados y asesinados desde que el gobierno firmó el acuerdo de paz del 2016 y los rebeldes abandonaron las regiones remotas en el campo donde eran la autoridad de facto.

Según la Fundación por la Paz y la Reconciliación (PARES), 173 líderes sociales fueron asesinados por toda Colombia en el 2017. Otros observadores han encontrado números más bajos, pero la mayoría registran más de 100 asesinatos durante el curso del año.

Con los observadores internacionales preocupados por las perspectivas de paz a largo plazo, el presidente Juan Manuel Santos ha respondido diciendo que su gobierno no tiene ninguna prueba de que los asesinatos de los defensores de los derechos humanos sigue un “patrón o una política sistemática”.

PARES rechazó el comunicado del presidente en una entrevista con Mongabay Latam, donde dijo que: “Una política sistemática implica que el gobierno tiene una responsabilidad… negar las circunstancias relacionadas con la violencia ha sido una práctica recurrente en el país”.

Bajo el acuerdo de paz, Colombia prometió combatir los grupos paramilitares, que preceden a los rebeldes de las FARC de inspiración marxista. Los primeros grupos paramilitares del país surgieron en los años 50 durante una década de guerra entre el Partido Liberal y el partido Conservador cuando las élites rurales acaudaladas contrataron a milicias privadas para proteger sus propiedades y sus negocios.

Para mediados de los años 80, los denominados grupos “de autodefensa” en colusión con el ejército habían asumido un papel prominente en el conflicto armado colombiano, además de convertirse en importantes organizaciones del narcotráfico. En 1997, muchos grupos paramilitares del país se unieron bajo el nombre “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

Las AUC cometieron inmensos abusos de los derechos humanos —para el año 2000 los grupos cometían una masacre cada dos días—. Al mismo tiempo, los grupos armados ilegales se beneficiaban de los estrechos lazos con las potencias políticas de Colombia, comúnmente conocidas como “parapolíticas”, y negocios, una práctica denominada “paraeconomía”.

El expresidente Álvaro Uribe desmanteló oficialmente las AUC entre el 2003 y el 2006, pero el fenómeno paramilitar no desapareció. En cambio, docenas de comandantes de nivel medio de las AUC disintieron, reclutaron otros guerreros desmovilizados y empezaron una nueva generación de grupos paramilitares.

El grupo neoparamilitar más grande hoy en día en Colombia son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que ahora están luchando con las guerrillas del ELN por el control territorial en Curvaradó y la región más amplia de Bajo Atrato y Urabá en Chocó.

“Necesitamos que el presidente cumpla con el acuerdo de paz firmado en la Habana, y acabe con los paramilitares de una vez por todas”, dijo Chaverra. “Hasta entonces [los líderes sociales] no estarán a salvo”.

Chaverra cree que el gobierno también debe perseguir a los líderes de la agroindustria y a los políticos corruptos que protegen a los paramilitares. “Ellos son los que están detrás de esto, los que mantienen a los paramilitares a mano para que nos maten”.

¿De qué lado están las autoridades?

El defensor de la tierra de Curvaradó, Méndez, dijo que se unió a la comunidad cuando empezaron a reclamar sus derechos territoriales en el 2005. La voz de Méndez flaquea cuando habla sobre cómo perdió a su hermano, que fue asesinado presuntamente por reclamar sus tierras a los ganaderos.

“Cuando empezamos esto, el ejército, los paramilitares y los productores de palma estaban todos mezclados y trabajaban juntos para mantener a las guerrillas fuera del territorio”, dijo.

El agricultor de 62 años dijo que ha pedido al gobierno que envíe el ejército y la policía, pero parece que nunca llegan. “Parece que el ejército no ve a los campesinos como merecedores de su protección incluso cuando solían proteger a los productores de palma cuando lo necesitaban”, dijo.

Sin la protección del ejército, Méndez dice que tiene miedo de trabajar e incluso quedarse en su granja.

“Ahora mismo no estoy trabajando porque cada momento que paso en mi granja, tengo que mirar por encima del hombro para ver quien viene”, dijo. “Cada moto que pasa me pone nervioso”.

El comandante de la policía Oscar Vargas en Carmen del Darién le dijo a Mongabay que la policía local está investigando las amenazas contra los líderes sociales y el asesinato de Bedoya con la Oficina del Fiscal General. El comandante de la policía dijo que también estaban investigando dentro de su organización por filtraciones de los grupos armados ilegales incluidos el ELN y las AGC.

Vargas dijo que la policía estaba proporcionando protección a los líderes sociales amenazados. “Hemos establecido puntos de control alrededor de las comunidades para vigilar contra los grupos armados ilegales”.

 

Foto María Chaverra, una líder social en la cuenca del río Curvaradó, en su casa en febrero. Fotografía de Pablo Cuella/Mongabay.

 

Artículo publicado originalmente en Mongabay