En Bolivia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la temática de la tierra responden parcialmente a la Agenda 2030 y existe una alerta sobre una serie de políticas y leyes que vulneran los derechos colectivos relacionados con los territorios indígenas y la presión ejercida sobre la tierra y recursos naturales debido a los proyectos extractivistas que afectan el control territorial de una diversidad de comunidades indígenas.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) se reunirá con una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnuhd) y con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, para exponer la situación de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas.
Con el objetivo de reflexionar sobre el acaparamiento de tierra en Nicaragua y la situación que enfrentan las mujeres y juventudes rurales para lograr medios de vida sostenibles, la Agencia Católica Irlandesa de Cooperación al Desarrollo, Trócaire y el Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan), organizaron un foro virtual en el que se presentó la reciente publicación titulada “Acaparamiento de tierras, mujeres y juventudes rurales: Los retos para medios de vida sostenibles en Nicaragua”.
Un total de 144 demandantes, representados por el Consejo de Todas las Tierras, asegura haberlos perdido en 1992, durante el Gobierno de Patricio Aylwin.
La acción internacional "es un hecho sin precedente en la historia de los reclamos mapuche", afirmó Aucan Huilcamán.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el otorgamiento de dos concesiones mineras impugnadas en un amparo fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la sierra norte de Puebla, los afectados celebraron la sentencia, aunque lamentaron que no se reconoció la inconstitucionalidad de la ley minera.
Los efectos de la consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro, resolvió la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional emitió dictamen de constitucionalidad sobre la propuesta de consulta popular solicitada, respecto de la prohibición de explotación minera metálica en seis parroquias de Quito.
La Corte afirmó que los efectos de la consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro.
Evidencias e iniciativas destacan el rol de la seguridad de la tenencia para lograr resultados de desarrollo reales
Por Julie Mollins
