Jornada final de la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo incluyó un evento de alto nivel con ocasión del primer aniversario de su entrada en vigor y del Día Internacional de la Madre Tierra.
Dirigentes indígenas convertidos en traficantes de tierra, uso de documentos fraguados para la transferencia de territorios comunitarios, precios por debajo del valor real de los predios y compradores conscientes de las ilegalidades son algunos de los detalles ocultos que hacen al comercio de tierras comunitarias y que están contenidos en el libro “Territorios indígenas enajenados: el furtivo mercado de tierras de la TCO Guarayos". La investigación fue realizada por Gonzalo Colque y Alcides Vadillo de la Fundación TIERRA.
Un nuevo estudio, publicado en vísperas del Día Internacional de los Bosques, advierte de que la Amazonia se está acercando a su punto de inflexión; su capacidad para recuperarse de las perturbaciones, como las sequías o los incendios, se está reduciendo rápidamente, lo que aumenta el riesgo de muerte de la selva amazónica y puede liberar hasta 90.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Asegurar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC en inglés) puede ayudar a salvaguardar nuestros bosques tropicales, permitir que el mundo natural recupere su capacidad de recuperación y protegernos contra el cambio climático. En la COP26, los países y los principales donantes se comprometieron a aportar 1.700 millones de dólares para apoyar los derechos de tenencia de los bosques de los pueblos indígenas y las comunidades locales, reconociendo el papel crucial que desempeñan estos pueblos en la protección de los bosques y la biodiversidad.
Sin embargo, muchos pueblos indígenas y comunidades locales custodias de tierras vulnerables, que con frecuencia no han sido mapeados ni documentados, suelen ser legalmente invisibles incluso para sus propios gobiernos. Según la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen y utilizan habitualmente más del 50% de la tierra del mundo, pero sólo poseen legalmente el 10% de la tierra mundial; otro 8% de la tierra mundial está destinado a su uso.
Esta falta de reconocimiento legal puede hacer que estas comunidades se sientan inseguras en cuanto a su capacidad de permanecer en sus tierras, y que sean presa de los acaparamientos de tierras por parte de quienes buscan ganancias de la minería, la tala o las oportunidades de los créditos de carbono.
Los compromisos y las promesas de la COP26 deben ir seguidos de hechos. Se necesita una acción urgente por parte de los gobiernos para responder a las demandas de los pueblos indígenas y tribales de reconocimiento legal, protección y aplicación de los derechos, y apoyar las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a la soberanía, el control de los recursos naturales y la búsqueda del bienestar humano y cultural.
Un camino para ampliar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales
La mayoría de los países con bosques en el mundo tienen algún tipo de base legal a través de la cual se pueden reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, pero son muy pocos los que realmente utilizan estas leyes para dar reconocimiento a los grupos y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En muchos casos, hacerlo contravendría los poderosos intereses creados de la madera, la extracción de recursos e incluso los intereses del sector de la conservación en algunos lugares.
El mundo necesita una vía mejor para aumentar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, una vía que exija la adopción de medidas y que obligue a los gobiernos a rendir cuentas. Ya disponemos de herramientas que podemos utilizar para reforzar la responsabilidad y aumentar los costes políticos de la inacción: la mejora de las "reglas del juego" para los créditos de carbono basados en la conservación de los bosques que reconocen a los pueblos indígenas y las comunidades locales; la asistencia bilateral y multilateral vinculada a las acciones para reconocer y hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales; la moratoria sobre los productos forestales de los países que no cumplen; y el apoyo a la presión organizada de los grupos de pueblos indígenas y las comunidades locales.
Este proceso también requerirá una información más transparente sobre las necesidades específicas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, sobre dónde y cómo se está avanzando, y sobre los resultados e impactos de un mayor reconocimiento de los derechos.
Garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades locales estén en el centro de las decisiones sobre su futuro
Se están realizando nuevos esfuerzos para recoger y difundir información sobre las necesidades y preocupaciones específicas de los pueblos indígenas y locales. Un estudio de próxima aparición sobre cinco comunidades de pueblos indígenas y campesinos en Colombia, realizado por la Universidad Javeriana y la International Land Coalition , evaluó la percepción de la seguridad de la tenencia de la tierra de los habitantes de esas comunidades, una de las únicas medidas directas de la seguridad de la tenencia de los grupos de pueblos indígenas y campesinos recopiladas hasta la fecha. Cuando se les preguntó qué tan preocupados estaban por perder su tierra o propiedad (una medida de inseguridad de tenencia percibida), el porcentaje de personas que dijeron estar preocupadas fue significativamente más alto que el promedio nacional (urbano y rural) en Colombia; casi el 80% de los encuestados dijeron que estaban preocupados o muy preocupados por perder la tierra, en comparación con el promedio en toda Colombia en 2018 del 24%.
Los 1.700 millones de dólares que están sobre la mesa son un gran paso adelante para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y locales, pero hay que hacer planes sobre cómo asignar este dinero y darles seguimiento, basándose en el principio de que los propios pueblos indígenas y locales deben ser los destinatarios centrales y los encargados de tomar decisiones sobre las inversiones. El reto consiste ahora en convertir estas sumas prometidas en compromisos específicos que catalicen el camino hacia la ampliación del reconocimiento de los derechos y ayuden de la mejor manera posible a detener e invertir la pérdida de bosques.
El liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales, los contribuyentes financieros, los gobiernos y los intereses comerciales en los bosques necesitan información compartida sobre los derechos de quiénes deben ser aclarados y protegidos, y dónde asegurar la tenencia tendría los mayores beneficios ambientales.
Parte del reto de asignar estos fondos de forma eficaz para ampliar los derechos de los pueblos indígenas y locales es que los pueblos indígenas y locales no son un grupo homogéneo de personas ni representan un uso homogéneo de las tierras. A nivel mundial -e incluso nacional- abarcan múltiples enfoques del uso de la tierra, se gobiernan a sí mismos con diferentes tipos de organización interna y prácticas culturales, y tienen diversos tipos de relaciones con las autoridades estatales y los organismos de gestión forestal.
En algunos casos, las tierras de los pueblos indígenas y tribales también acogen a grupos que no pertenecen a los pueblos indígenas y tribales o se solapan con usos potencialmente competitivos, como la minería o la protección de la vida silvestre. Como las distintas comunidades se enfrentan a diferentes presiones e incentivos en la forma en que utilizan sus tierras, la misma asignación de dinero podría tener resultados muy diferentes.
El estudio realizado en Colombia reveló que las distintas comunidades que viven cerca tenían preocupaciones y experiencias muy diferentes con respecto a la seguridad de su tenencia. Por ejemplo, a los miembros de la comunidad campesina les preocupaba perder su casa por falta de dinero o recursos. Sin embargo, este no era un motivo importante para las demás comunidades. Los resultados del Estudio Global Comparativo sobre la Reforma de la Tenencia Forestal en Perú refuerzan esta idea: el análisis de 25 comunidades indígenas a lo largo de 40 años en la Amazonia peruana muestra que las comunidades experimentan diversos grados de deforestación, reforestación y regeneración natural de los bosques, actividades económicas (por ejemplo, minería, tala o ecoturismo) y visiones del mundo sobre la naturaleza.
Para responsabilizar a los gobiernos, los donantes, los mercados de carbono y los usuarios de los bosques, y obtener el mejor rendimiento de las inversiones para el reconocimiento de los derechos forestales, necesitamos saber qué comunidades están demandando ayuda en materia de derechos, el tipo de asistencia que requieren y dónde y cómo la ampliación de los derechos de los pueblos indígenas y locales protegerá mejor los bosques y otras tierras vulnerables.
También tenemos que ser capaces de seguir el rastro de si los fondos están teniendo el impacto deseado: reforzar la seguridad de la tenencia y mejorar la cubierta forestal y terrestre para mitigar el cambio climático, restaurar la biodiversidad y mejorar los ecosistemas. Supervisar a dónde va el dinero y cómo se gasta es un comienzo importante, pero en última instancia, tenemos que ir más allá para garantizar que se gasta de la manera más eficaz posible.
Combinar compromisos, conocimientos y datos para lograr avances a escala
Aunque no disponemos de todos los datos y conocimientos necesarios para apoyar un marco de responsabilidad que permita supervisar los 1.700 millones de dólares de forma inmediata, algunos de los datos que podrían ayudarnos a predecir estos resultados y a canalizar la financiación hacia las personas adecuadas ya están ahí, guardados en silos mientras se cierra nuestro margen de actuación.
Además de recopilar nuevos datos, tenemos que trabajar mejor con los que tenemos, lo que significa un compromiso con los datos abiertos, el aumento de la colaboración, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y los métodos de recopilación de datos participativos de larga data y, lo que es más importante, poner a los pueblos indígenas y locales en el centro de la toma de decisiones, la planificación y el seguimiento.
Por ello, Prindex, Landmark y Land and Carbon Lab se están uniendo para explorar formas de integrar nuestros diferentes conjuntos de datos y conocimientos tecnológicos para ampliar la cartografía de las tierras de los pueblos indígenas y locales, evaluar la seguridad de su tenencia y supervisar el impacto en los bosques y la cubierta vegetal.
Hasta ahora, Landmark ha cartografiado en la plataforma sólo una cuarta parte de las tierras de los pueblos indígenas y tribales del mundo, lo que hace más visible quiénes son esos grupos y dónde viven, y está ampliando su cobertura en todo el mundo.
El Land and Carbon Lab utiliza datos de teledetección para supervisar la pérdida de bosques y ahora está trabajando con Google Earth para ampliar la profundidad y la amplitud de esos datos con el fin de rastrear todas las formas de cobertura del suelo, el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra a nivel mundial, además de las reservas y los flujos de carbono asociados.
Prindex evalúa la sensación de inseguridad de las personas, lo que puede utilizarse para predecir e influir en el comportamiento del uso de la tierra, con un enfoque que puede adaptarse a diferentes formas y sistemas de tenencia.
Combinados, estos datos pueden proporcionar una imagen más clara para planificar cómo apoyar los planes dirigidos por el IPLC para asignar la nueva financiación y supervisar el impacto que está teniendo. Nuestra esperanza es crear conjuntos de datos nacionales y mapas regionales y globales, trabajando con grupos de IPLC de todo el mundo para pensar en la mejor manera de hacerlo.
Podemos avanzar a gran escala: tenemos los conocimientos y la experiencia, especialmente en los grupos de IPLC, y ya hemos empezado a recopilar datos. Trabajemos juntos para responsabilizar a los gobiernos de la aplicación y el cumplimiento de sus propias leyes, y para ampliar y acelerar la acción para el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales, de modo que tengamos nuestras coaliciones y planes en marcha antes de la COP27. Sin esto, los recursos forestales y los pueblos de los bosques que los protegen no podrán desempeñar el papel de mitigación y adaptación al clima del que tanto depende.
El International Institute for Environment and Development (IIED) y el Land Portal lanzan una nueva serie de blogs sobre la gobernanza de las inversiones basadas en la tierra en el Sur Global. La serie explorará estrategias y enfoques prácticos adoptados por los defensores de los derechos y otros para abordar los desafíos comunes que rodean a estas inversiones.
Después de casi seis años, el Programa Global de Política Territorial Responsable concluyó sus actividades en Perú a finales de 2021. Gracias al arduo trabajo del equipo del proyecto ProTierras Comunales y sus socios, podemos mirar atrás y ver interesantes lecciones aprendidas y varias buenas prácticas listas para ser replicadas (aquí puedes encontrar la publicación final).
Este episodio de ¡LandUP! aborda un tema que a menudo se pasa por alto al hablar de los derechos a la tierra de las mujeres viudas. Las mujeres viudas se enfrentan a obstáculos y retos muy diferentes a la hora de acceder a la tierra y merece la pena explorar este momento de sus vidas. Teniendo esto en cuenta, hablamos con la abogada de derechos humanos Faith Alubbe, con la economista de la tierra Nana Ama Yirrah y con la consultora principal de Mokoro y miembro de la junta directiva de Land Portal, la Dra.
Las mujeres sufren desproporcionadamente el impacto del calentamiento del planeta, dice el titular de la ONU al tiempo que destaca su labor como impulsoras de la acción climática y aboga por una mayor participación femenina en la toma de decisiones. “Necesitamos más mujeres ministras de medio ambiente, lideresas empresariales y presidentas y primeras ministras. Ellas pueden impulsar a los países a afrontar la crisis climática”, afirma.
América Latina y el Caribe es la región del mundo más peligrosa para los y las defensoras ambientales, y México es el segundo país de la región con mayor cantidad de agresiones, señaló Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en el país.
En entrevista con este medio, detalló que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que entre 2015 y 2019 hubo 933 asesinatos –de un total de mil 323 denunciados en el mundo– en la región y 13 por ciento de las víctimas fueron defensoras.
"La división de las organizaciones es preocupante porque genera que muchas personas se proclamen representantes legítimos e incurran y transfieran derechos propietarios a cambio de dinero”, dijo el investigador Gonzalo Colque.
Cerca de 645 familias, equivalente a un aproximado de 1,863 habitantes, de las comunidades El Mozote, Los Tubos, El Conchalito, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000, del departamento de La Paz, carecen de un respaldo legal que garantice la permanencia en sus viviendas, por lo tanto, muchas familias han sido víctimas de acosos de desalojo, así lo reveló una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA).