Corrupción en la gobernanza de la tierra

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^{Créditos de las fotos: Transporte fluvial de troncos cerca de Kisangani, RDC.Foto de Axel Fassio/CIFOR, Licencia CC BY-NC 2.0 DEED Reconocimiento-NoComercial 2.0 Genérico}

Por Nieves Zúñiga, revisado por pares por Alice Stevens y Jonathan Ochom, Transparency International.

La gobernanza de la tierra es un sector especialmente vulnerable a la corrupción debido al valor económico y social que se otorga a la tierra. Por la misma razón, la corrupción en la gobernanza de la tierra tiene elevados costes sociales que afectan a la seguridad alimentaria, la justicia social, la protección del medioambiente, el empoderamiento de la mujer, la diversidad cultural, los derechos humanos y la seguridad y sostenibilidad de ciudades y comunidades. Según Transparencia Internacional, en todo el mundo, una de cada cinco personas ha pagado un soborno para acceder a servicios relacionados con la tierra.¹

En los países en desarrollo, el impacto de la corrupción en el sector inmobiliario es especialmente significativo debido al gran número de pequeños propietarios cuya subsistencia depende de su acceso a la tierra. En los entornos urbanos de los países desarrollados y en desarrollo, la especulación y la inversión de fondos ilícitos en el sector de la tierra constituyen una dificultad añadida en un sector en el que la escasez de tierra, vivienda e infraestructuras crea, según la GIZ, son palancas para la extorsión y motivan comportamientos corruptos.² Varios estudios documentan los riesgos de corrupción en la gobernanza de la tierra, pero también examinan las posibles reformas y medidas que pueden reducir estos riesgos. 

El impacto de la corrupción en el sector de la tierra

La corrupción en la gobernanza de la tierra tiene importantes costes sociales. Puede aumentar los niveles de pobreza y hambre porque reduce el acceso a la tierra y perjudica los medios de subsistencia de los pequeños productores, las poblaciones rurales sin tierra y los pobres urbanos.³ Además, los estudios demuestran que las personas pobres son más vulnerables al soborno. En África, por ejemplo, las personas pobres tienen tres veces más probabilidades de pagar sobornos debido, en parte, a su dependencia de los servicios gubernamentales.⁴

Esta exposición al soborno, además de reducir los ingresos de un hogar ya de por sí pobre, podría disuadir a los pobres de regular sus propias tierras, lo que podría comprometer su futuro derecho a la tierra y sus medios de vida. Al mismo tiempo, no regular la tierra o infravalorarla a efectos fiscales hace que el gobierno pierda ingresos, que de otro modo le permitirían prestar servicios sociales.    

El aumento de la pobreza rural, unido a la desigualdad de la tierra y al desempleo, ha provocado una gran migración a las zonas urbanas, ampliando el crecimiento de los barrios marginales. Según ONU-Hábitat, la falta de capacidad humana y financiera sigue dificultando la urbanización sostenible, al tiempo que crea condiciones para la corrupción.⁵ La corrupción en la planificación urbana puede tener graves consecuencias negativas para la prestación de servicios públicos y los resultados sociales y económicos de millones de personas,⁶ así como para cuestiones de seguridad relativas a la calidad de las construcciones. El 60% de los encuestados de gobiernos municipales de África y América Latina consideraron que los riesgos de corrupción eran entre "importantes" y "muy importantes", siendo un reto para la gobernanza urbana.^7a
Otra consecuencia de la corrupción en la gobernanza de la tierra es la generación de conflictos por la tierra. Algunos conflictos facilitados por la corrupción se deben a la doble adjudicación de la misma parcela por parte de la oficina de registro de la propiedad debido a la aceptación de títulos falsos.⁸ El acceso a los recursos naturales facilitado por la corrupción es también una fuente clave de conflictos. Los conflictos relacionados con la tierra y los recursos naturales tienen el doble de probabilidades de reaparecer en los primeros cinco años que otros tipos de conflictos.⁹

Dos grupos de la sociedad son especialmente vulnerables ante la corrupción en la gobernanza de la tierra: las mujeres y los pueblos indígenas. [c]La corrupción de la tierra impide el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y afecta a su uso y control sobre la misma, lo que a su vez exacerba la desigualdad de género e impide que las mujeres se beneficien de las oportunidades económicas que ofrece la tenencia de la tierra. Un estudio de Transparencia Internacional ilustra cómo la corrupción de la tierra tiende a reforzar las normas sociales y las prácticas locales que excluyen a las mujeres de la propiedad de la tierra y puede poner en peligro los esfuerzos legales para lograr la igualdad de género.¹⁰  La transformación de tierras consuetudinarias en tierras comerciales a través de inversiones en tierras a gran escala en África, un proceso que a menudo se ve facilitado por la corrupción, repercute negativamente en las mujeres, ya que la comercialización de la propiedad concentra la tierra en aquellos que tienen la propiedad, normalmente hombres cabeza de familia.¹¹ Además, las mujeres son especialmente vulnerables a los sobornos y pueden sufrir acoso sexual, violencia y extorsión. 

Los pueblos indígenas sufren a menudo desalojos, desplazamientos, reubicaciones forzosas y violencia relacionadas con la extracción de recursos naturales o las obras de infraestructura en sus tierras comunales. Esto no sólo afecta a sus medios de vida y tiene un impacto negativo en el medioambiente, sino que puede afectar a su sentimiento de identidad y socavar la relación espiritual o cultural con su tierra ancestral. La corrupción explica en gran medida la falta de aplicación de los derechos de consulta previa, participación y consentimiento reconocidos en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y en las legislaciones nacionales para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra, lo que reduce el valor de esos mecanismos.  

Riesgos de corrupción en el sector de la tierra

Algunas de las áreas más vulnerables a la corrupción en la gobernanza de la tierra son:

Servicios de administración de tierras
En muchos lugares, la corrupción es una práctica habitual en los servicios administrativos cotidianos relacionados con la tierra. Algunos ejemplos de servicios relacionados con la tierra son la planificación física, la cartografía, la adjudicación, la agrimensura, la tasación, la fiscalidad y el registro. También incluyen la promulgación de leyes y políticas de apoyo para la regulación, la resolución de conflictos, el acceso a la información pública, la planificación del uso de la tierra y la ejecución de reformas del sector de la tierra.¹² Cada uno de estos servicios puede dividirse a su vez en varios subconjuntos, como la búsqueda de tierras, la transferencia de tierras, el alojamiento de reservas, etc.  En general, se considera que la administración de tierras debe ser responsable, receptiva, centrada en las personas y transparente para garantizar la prestación de servicios de tierras de calidad.¹³ Sin embargo, esto dista mucho de la realidad en muchas partes del mundo. En Tanzania, Kenya y Uganda, los servicios en torno a la tierra son el tercer sector más propenso al soborno.¹⁴ En México, los servicios en torno a la tierra se encuentran entre los sectores administrativos con mayores niveles de soborno,¹⁵ y en Bangladesh los servicios en torno a la tierra se encuentran entre las tres instituciones con los peores índices de soborno, así como con los costes más elevados de los sobornos.¹⁶

Se considera que los registros de tierra son muy vulnerables a la corrupción, tanto a pequeña como a gran escala, debido a su papel en la regularización de la propiedad de la tierra, la realización de transferencias, la evaluación del valor de la tierra y la determinación de reclamaciones, entre otras funciones. Esta corrupción puede verse facilitada por problemas administrativos como la complejidad de los procedimientos, la escasez de recursos y de formación, la dificultad para compartir información y coordinarse con otros organismos pertinentes, y la resistencia del personal al cambio.^17d

Algunos ejemplos de corrupción en la administración de tierras son el soborno, la extorsión sexual, el fraude y el clientelismo. El tráfico de influencias y los sobornos se utilizan para conseguir el favor de los posibles compradores en las ventas de tierras, para acelerar la negociación de los precios o las transferencias de tierras, conseguir tierras o eludir reglamentos lentos, ineficaces e indeseados, negociar tasas de compensación más elevadas en los acuerdos sobre tierras; e infravalorar o sobrevalorar las tierras.¹⁸ Las mujeres pueden ser vulnerables a las exigencias de favores sexuales en lugar de sobornos (sextorsión).¹⁹f El fraude puede manifestarse en forma de falsificación de documentos relacionados con la tierra, mediciones falsas por parte de topógrafos y administradores de tierras, o desplazamiento de los marcadores de propiedad por parte de los terratenientes.²⁰ Las élites también pueden utilizar la tierra para asegurarse apoyo político o mantener relaciones de patrocinio con sus clientes.²¹

Los altos niveles de corrupción y la mala gobernanza son característicos de los países que atraen a los inversores en tierras.²² Oxfam muestra que más de tres cuartas partes de los 56 países en los que se acordaron transacciones de tierras entre 2000 y 2011 obtuvieron puntuaciones por debajo de la media en indicadores de gobernanza como voz y rendición de cuentas, calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción.²³ Los estudios muestran una correlación estadísticamente significativa entre los niveles de corrupción percibida y la probabilidad de acuerdos sobre tierras a gran escala.²⁴ Por ejemplo, los cinco principales países para grandes acuerdos agrícolas según un informe de Land Matrix de 2016 -Indonesia, Ucrania, Rusia, Papúa Nueva Guinea y Brasil²⁵ - obtuvieron puntuaciones bajas -37, 29, 29, 28 y 40 respectivamente- en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2016 (0 se considera muy corrupto y 100 muy libre de corrupción).²⁶ Tanto una gobernanza débil como la corrupción facilitan acuerdos rápidos y baratos, maximizando el beneficio y minimizando la burocracia. 

Las transacciones sobre tierras pueden ser vulnerables a la corrupción en varias fases de su ejecución. Global Witness destaca seis fases en las que la corrupción puede desempeñar un papel importante en este tipo de transacciones: 1) la demarcación de tierras y la puesta en marcha de planes de concesión de títulos; 2) el diseño de planes de uso de la tierra y la identificación de tierras como "infrautilizadas" o "vacantes"; 3) el uso de disposiciones de "utilidad pública" o "dominio eminente" para justificar la expropiación de tierras; 4) la venta o el arrendamiento de tierras a inversores por parte del gobierno o de líderes comunitarios; 5) el ejercicio de recursos (como la devolución de tierras o una indemnización justa) en reclamaciones relacionadas con la tierra; y 6) la supervisión de las obligaciones de los inversores durante el periodo posterior al proyecto.²⁷

Otra forma en que la corrupción puede estar vinculada a la adquisición de tierras es a través del flujo de dinero negro y el uso de paraísos fiscales para ocultar el origen de los fondos utilizados para obtener tierras. En su evaluación de 2021 de la fiebre mundial por la tierra,²⁸ Land Matrix descubrió que muchos inversores operan a través de centros de inversión, muchos de ellos paraísos fiscales, ocultando su verdadero origen.²⁹ Esto explica por qué entre los 10 principales orígenes de los inversores figuran países como Chipre, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.³⁰ El control sobre la tierra puede ser cada vez más difícil de identificar, ya que las complejas estructuras empresariales y financieras, así como las participaciones accionariales, ocultan a los beneficiarios finales y a los principales inversores en muchos acuerdos sobre tierras. Esto supone un reto a la hora de exigir responsabilidades a los inversores.³¹

Limitaciones legales
Las leyes que rigen la administración de tierras pueden ser complejas y poco claras, lo que aumenta las oportunidades de abuso por parte de funcionarios corruptos que actúan en interés propio.³² Por ejemplo, en Ecuador, la Constitución de 2008 ofrece una imagen compleja de la diversidad de grupos identitarios del país (comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; pueblo afroecuatoriano; pueblo montubio; y comunas), pero existen diferencias en el reconocimiento de los derechos de cada uno de estos grupos sobre la tierra. Mientras que el reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas es explícito, la ley es ambigua en lo que respecta a los derechos colectivos sobre la tierra de los pueblos montubio y afroecuatoriano. Las diferencias en el reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra en función de la identidad facilitan diferentes interpretaciones de la ley, lo que genera un riesgo de corrupción para defender la interpretación más conveniente para cumplir agendas privadas.   
 
En Bangladesh, la legislación agraria incluye diferentes leyes, algunas de ellas originarias de los periodos coloniales británico y pakistaní, como la Ley de Registro de 1908, los Códigos de Procedimiento Civil de 1908, la Ley de Adquisición y Tenencia del Estado de 1950 y la Política de Gestión y Distribución de Tierras de Agriculture Khas de 1997. Esto ha creado un sistema ineficaz sin disposiciones de supervisión, que otorga el monopolio de los acuerdos de adquisición de tierras al gobierno y poder discrecional a los funcionarios, aumentando así las posibilidades de corrupción.³³

Otro reto es la coexistencia de normativas diferentes, a menudo contradictorias, así como el solapamiento de mandatos entre distintas instituciones. En el municipio ecuatoriano de Cayambe, la legislación sobre derechos indígenas chocaba con la normativa del gobierno local relativa a los impuestos sobre la tierra. Mientras que la legislación nacional exime del pago de impuestos a las tierras indígenas colectivas, el municipio de Cayambe no tenía claro qué constituía propiedad privada y comunal a la hora de cobrar impuestos, lo que creaba oportunidades para una aplicación diferente de la ley.³⁴ Lo mismo ocurre en la mayor parte del África subsahariana, donde predomina la propiedad consuetudinaria de la tierra, aunque puede ser incompatible con la legislación nacional.

Zambia cuenta con varias leyes que regulan los derechos y la gestión de la tierra, como la Ley de Tierras de 1995, la Ley de Registro de Tierras y Escrituras y la Ley de Vivienda (Áreas Estatutarias y de Mejora). Esto expone a los ciudadanos a un elevado número de responsables y puede dificultar los procesos de administración de tierras. La falta de claridad también puede facilitar las oportunidades de corrupción.³⁵ Sin embargo, la Política de Tierras lanzada en 2021 es un hito legislativo importante que pretende proporcionar directrices claras sobre la administración de tierras. 

Oportunidades de reforma

Las oportunidades para prevenir y combatir la corrupción en el sector de la tierra dependen del contexto y variarán en función de las necesidades específicas de cada caso. Sin embargo, merece la pena repasar algunas áreas de reforma que han tenido cierto éxito en la reducción de la corrupción en el sector de la tierra. Es importante señalar que las reformas eficaces requieren una intervención simultánea a distintos niveles.

Reforma del marco jurídico y político: puede dirigirse específicamente a abordar la corrupción o, de manera más general, como forma de reforzar los derechos sobre la tierra y la buena gobernanza en el sector de la tierra. Reforzar las leyes sobre el reconocimiento de los derechos sobre la tierra, la aplicación de esos derechos y la claridad de los mandatos institucionales podría reducir el espacio para el poder discrecional.³⁶ Por ejemplo, definir clara y detalladamente el alcance de los derechos sobre la tierra y las responsabilidades de las instituciones de gobernanza de la tierra podría impedir interpretaciones que favorezcan agendas personales.

Reforma institucional y de las agencias de tierras: una de las áreas clave de la reforma aborda la necesidad de agencias de tierras independientes, en gran medida autónomas y autosuficientes. Una forma de conseguirlo es permitir que la agencia genere sus propios ingresos a partir de la prestación de servicios. En este sentido, es importante fijar unas tasas razonables que permitan mantener el funcionamiento de la agencia, pero que también sean asequibles para las personas con rentas más bajas. En Rwanda, el registro, rebautizado como Autoridad de Gestión y Uso de la Tierra de Rwanda, pasó a ser totalmente autónomo en 2017 tras introducir varias reformas.³⁷ Algunas de esas reformas tenían como objetivo mejorar la accesibilidad y la concienciación pública mediante el establecimiento de un equipo de administradores de tierras a nivel de subdistrito, la creación de Días de la Tierra para ayudar a procesar las transacciones rápidamente y la construcción de un nuevo software de gestión de tierras para mejorar la eficiencia y la seguridad, incluida una herramienta para teléfonos móviles.³⁸  Las reformas también deberían considerar la posibilidad de concentrar las principales funciones de la administración de tierras en un único organismo. Esa fue la principal tarea de la Agencia Nacional de Tierras de Jamaica, creada en 2001 para fusionar los cuatro departamentos separados que se ocupaban de distintos aspectos de la administración de tierras.³⁹ Esa reforma no sólo agilizó los procesos, sino que mejoró su calidad. 

Procedimientos eficaces de gestión y administración de la tierra: una forma de conseguirlo es promover la transparencia en el registro de la propiedad, así como en otros procedimientos relacionados, divulgando públicamente los trámites, las tasas y los plazos. Esto puede hacerse mediante la publicación de la información pertinente en folletos, sitios web, tablones de anuncios, etc. que sean accesibles al público. Esa transparencia cerraría el espacio a la ambigüedad y la negociación y, por tanto, haría los procedimientos menos vulnerables a la corrupción. Otra forma de ganar eficiencia es digitalizar los procedimientos de titulación y registro. Esto tendría la ventaja añadida de reducir el contacto con los funcionarios públicos, limitando también las oportunidades de corrupción. El uso de la tecnología para automatizar los procesos no sólo reduce la discrecionalidad en la toma de decisiones, sino que también mejora la exactitud y fiabilidad de los registros.⁴⁰ Por ejemplo, el uso de tecnología por satélite puede ser muy útil para cartografiar con precisión los títulos de propiedad de la tierra y puede ayudar

con las solicitudes de títulos, el registro, el pago de las tasas de registro, el seguimiento de las solicitudes y las búsquedas legales, entre otras cosas. No obstante, la literatura especializada recomienda cautela a la hora de aplicar soluciones tecnológicas porque requieren recursos y condiciones óptimas para funcionar correctamente. La Federación Internacional de Topógrafos y el Banco Mundial abogan, en cambio, por un enfoque de reforma basado en la flexibilidad, la asequibilidad y la fiabilidad adaptada a cada caso. ⁴¹  

Integridad del personal: el fomento de la integridad del personal está cobrando cada vez más fuerza como estrategia anticorrupción. La promoción efectiva de la integridad en las instituciones públicas implica ir más allá del cumplimiento de códigos de conducta y crear culturas de trabajo regidas por principios y valores éticos. Los incentivos positivos y las sanciones disciplinarias pueden ayudar a encauzar los comportamientos hacia una gestión de la tierra sin corrupción en las instituciones. 

Protección de los denunciantes y mecanismos de reclamación: sin la posibilidad de que los ciudadanos denuncien con seguridad los casos de corrupción, el potencial de éxito de las reformas anteriores disminuye. La reforma de la denuncia de irregularidades puede integrarse en las instituciones estatales existentes, como el defensor del pueblo o el sistema judicial, o creando los mecanismos específicos dentro de las instituciones de administración de tierras, dependiendo de las capacidades institucionales en cada caso.⁴²

Prácticas de inversión responsable en el sector empresarial: la diligencia debida adecuada, la transparencia en torno a las inversiones y las sanciones por incumplimiento pueden ser medidas que fomenten la inversión responsable.⁴³ Los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, adoptados por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en 2014, ofrecen orientación a este respecto y contienen diez principios básicos relacionados con la tenencia de la tierra y esbozan las responsabilidades de las distintas partes interesadas que participan en las inversiones agrícolas.⁴⁴

Normas internacionales sobre gobernanza de la tierra y lucha contra la corrupción:  las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT) incluyen varias referencias directas a la prevención de la corrupción mediante la rendición de cuentas, la transparencia y la participación.⁴⁵ Se hace especial hincapié en el artículo 6.9, según el cual los Estados y los agentes no estatales deben esforzarse por prevenir la corrupción en relación con los derechos de tenencia mediante la consulta y la participación, el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Los Estados también deben adoptar y aplicar medidas anticorrupción, como la aplicación de controles y equilibrios, la limitación del uso arbitrario del poder, la resolución de conflictos de intereses y la adopción de normas y reglamentos claros. El personal debe rendir cuentas de sus actos, disponer de los medios para desempeñar sus funciones con eficacia y estar protegido frente a injerencias en sus funciones y frente a represalias por denunciar actos de corrupción. 

Reformas sensibles al género: las reformas sensibles al género para prevenir la corrupción de la tierra deben producirse a dos niveles.⁴⁶ El primer nivel es el diagnóstico del problema y una mejor comprensión de cómo la corrupción de la tierra afecta a las mujeres. Una forma de hacerlo sería recopilar datos desglosados por género sobre el acceso a la tierra o sobre cómo afecta la corrupción de la tierra a hombres y mujeres.⁴⁷ El otro nivel es la inclusión de medidas sensibles al género en el diseño e implementación de políticas, leyes, asistencia y procedimientos relativos a la tierra. Para apoyar este esfuerzo, la Red Global de Herramientas de la Tierra (GLTN) ha desarrollado "criterios de evaluación de género" para valorar hasta qué punto las herramientas en torno a la tierra (como leyes, políticas, directrices, manuales operativos, módulos de formación, bases de datos, instrumentos de seguimiento y evaluación, entre otros) son sensibles al género, con criterios relacionados con la participación, el desarrollo de capacidades, las consideraciones legales e institucionales y el impacto económico, entre otros.⁴⁸

Datos y corrupción en el sector de la tierra

En lo que respecta a los datos y la corrupción en el sector de la tierra, es importante distinguir entre los datos sobre la corrupción en el sector de la tierra per se y los datos como herramienta anticorrupción para frenar la corrupción en torno a la tierra. 

Los datos sobre corrupción en el sector de la tierra pueden proporcionar información sobre la prominencia de la corrupción en la gobernanza de la tierra, sus características y cómo afecta a la población. Este tipo de datos es escaso y procede principalmente de bases de datos más amplias sobre corrupción. Una de estas bases de datos es el Afrobarometer (Afrobarómetro) una red no partidista de investigación por sondeo que realiza encuestas de actitud pública sobre democracia, gobernanza, economía y sociedad en 39 países de África. La Ronda 7 (2016/2018) del Afrobarómetro incluyó una pregunta sobre el pago de sobornos para registrar tierras, aunque no se incluyó en la última ronda (Ronda 8) del cuestionario de la encuesta.

El Global Corruption Barometer -GCB- (Barómetro Global de la Corrupción) de Transparencia Internacional, la mayor encuesta mundial de seguimiento de la opinión pública y las experiencias con la corrupción, incluyó preguntas sobre el pago de sobornos por servicios relacionados con la tierra en sus ediciones de 2009 a 2011 y de nuevo en 2013. Sin embargo, solo en la edición de 2009 se distinguía entre la corrupción menor por servicios relacionados con la tierra y la corrupción a gran escala o política en asuntos relacionados con la tierra.

El Índice Global de Gobernanza de la Tierra (LANDex), un índice que sitúa a las personas en el centro de los datos sobre la tierra y crea un ecosistema de datos para captar la experiencia de la gobernanza de la tierra desde diversas perspectivas, incluye un indicador sobre la corrupción en el sector de la tierra (indicador 8C) e indicadores sobre la transparencia, como "la información nacional sobre las transacciones públicas de tierras se pone a disposición del público" (8B) y "el marco jurídico e institucional vigente a nivel nacional exige datos oportunos, fiables y accesibles sobre la tierra y las cuestiones relacionadas con la tierra" (8A). 

La falta de datos específicos sobre la corrupción de la tierra lleva a veces a buscar correlaciones entre los índices de la tierra y los índices de corrupción. Este es el caso del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI por sus siglas en inglés), que ha encontrado una fuerte correlación entre su encuesta global sobre seguridad de la tenencia y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Esta correlación sugiere la existencia de una relación entre la corrupción y los derechos sobre la tierra.⁴⁹

Existe un acuerdo general sobre la importancia de los datos y la transparencia para frenar la corrupción en la gobernanza de la tierra. Como se menciona en el informe Broken Links de la Open Government Partnership, la falta de transparencia en la propiedad o la tenencia de la tierra tiene graves consecuencias negativas, como hacer subir los precios de la tierra, socavar la capacidad de los periodistas y las instituciones para investigar delitos financieros y facilitar actividades delictivas como el blanqueo de dinero.⁵⁰

No obstante, según el estudio The Role of Open Data in Fighting Land Corruption. Evidences, Opportunities and Challenges, publicado en 2021, los expertos tienen diferentes perspectivas sobre el uso de datos abiertos y sistemas de información sobre la tierra para alcanzar objetivos de transparencia y lucha contra la corrupción.⁵¹ Existe un consenso general sobre la falta de datos sobre la tierra completos, accesibles y fiables en términos de cobertura temporal y geográfica, así como información limitada sobre el impacto de las iniciativas de datos abiertos en la lucha contra la corrupción en el sector de la tierra. También hay acuerdo sobre la brecha existente entre el potencial de los datos abiertos y los sistemas de información sobre la tierra y el impacto real de iniciativas concretas. Por último, los expertos tienden a coincidir en que el éxito de las iniciativas de datos depende no sólo de lo bien que estén diseñadas y aplicadas, sino también de las condiciones técnicas e institucionales que las hagan posibles y de las condiciones previas, incluida la voluntad política. 

Sin embargo, el informe también pone de relieve varias compensaciones que los responsables de la toma de decisiones deben sopesar a la hora de considerar las ventajas y los inconvenientes de las tecnologías digitales en la lucha contra la corrupción en el sector de la tierra, por ejemplo, entre distintos factores contrapuestos como la transparencia frente a la privacidad o la disponibilidad frente a la accesibilidad.  Otros retos mencionados en el informe son la desconexión entre las dimensiones global y local de los datos sobre la tierra, la tenencia de la tierra y la corrupción en el sector de la tierra: mientras que los datos concretos están muy localizados, las formas transfronterizas de corrupción de la tierra, por ejemplo, requieren una coordinación global y una acción concertada para ser eficaces, así como bases de datos globales sobre la tierra y anticorrupción que sigan normas sectoriales armonizadas internacionalmente. Un último reto es el dualismo entre fuentes de datos oficiales y no oficiales, que puede superarse garantizando la participación de múltiples partes interesadas en todo el ciclo de vida de los datos.

Otras investigaciones sobre el impacto de la digitalización en la gobernanza de la tierra han puesto de relieve los riesgos de las nuevas tecnologías, sobre todo cuando se aplican con un enfoque descendente y sin la debida consideración de los derechos humanos. Los riesgos incluyen una implementación ineficiente, la exclusión de la población y las comunidades rurales, datos públicos en manos de empresas privadas y riesgos de corrupción.⁵² Por ejemplo, las nuevas herramientas de apoyo a la digitalización de los registros de la propiedad en Brasil han alimentado la especulación y facilitado el acaparamiento de tierras, ya que los sistemas automatizados de autodeclaración generan confusión sobre los derechos legítimos a la tierra.⁵³

Medir el impacto de los datos abiertos y las iniciativas de transparencia sobre la corrupción en el sector de la tierra sigue siendo un reto. No obstante, los datos abiertos y la transparencia son condiciones necesarias pero no suficientes para frenar la corrupción en la gobernanza de la tierra. El logro de su potencial anticorrupción depende de la convergencia de otros factores, como el compromiso político y la participación coordinada de diversas partes interesadas, incluidos el gobierno, la sociedad civil, los donantes y el sector privado, entre otros factores. 

Referencias

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6] https://www.giz.de/en/downloads/giz2020-en-trends-in-urban-corruption.pdf

[7] Ibidem.

[8] Zúñiga, N. (2018). Land Corruption Topic Guide. Anti-Corruption Helpdesk. Transparency International.

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[21] Ibidem.

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[27] De Schutter, O. (2016). Tainted Lands. Corruption in Large-Scale Land Deals. Global Witness.

[28] The term Global Land Rush describes the rush of cross-border land acquisitions by sovereign wealth funds, private equity funds, agricultural producers and other key players in the food and agribusiness industry triggered by the increase in international food prices during 2007 and 2008. Arezki, R. et al. (2012). ‘The Global Land Rush’. International Monetary Fund.  

[29] Land Matrix. (2021). Taking stock of the global land rush. Few development benefits, many human and environmental risks. 

[30] Ibidem. 

[31] Anseeuw, W. and Baldinelli, G. B. (2020). Uneven ground: land inequality at the heart of unequal societies. Oxfam.

[32] Wheatland, B. (2016). Corruption risks and mitigation measures in land administration. U4 Anti-Corruption Resource Center, Transparency International.

[33] Transparency International Bangladesh. (2015). Land Management and Services in Bangladesh: Governance Challenges and Way-forward. 

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[38] Innovations for Successful Societies. (2018). Innovations in Land Registry Management

[39] Ibidem. 

[40] Shipley, T. (2021). Curbing Corruption in Land: Sector reform experience and strategies. Curbing Corruption. 

[41] Enemark, S. et al. (2014). Fit-For-Purpose Land Administration. International Federation of Surveyors (FIG), World Bank.

[42] Shipley, T. (2021). Curbing Corruption in Land: Sector reform experience and strategies. Curbing Corruption. 

[43] Ibidem. 

[44] CFS. (2014). Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems. 

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[46] Zúñiga, N. (2018). Land Corruption Topic Guide. Anti-Corruption Helpdesk. Transparency International.

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[49] https://www.prindex.net/news-and-stories/our-data-shows-corruption-is-key-to-unlocking-land-rights-and-a-host-of-other-development-wins/

[50] Open Government Partnership. (2022). Broken Links.

[51] De Maria, M. and Howai, N. (2021). The Role of Open Data in Fighting Land Corruption. Evidence, Opportunities and Challenges. GIZ.

[52] FIAN International (2021), Disruption or Déjà Vu? Digitalization, Land and Human Rights

[53] Ibidem.