El Congreso de la República no solo está empeñado en socavar la institucionalidad democrática del país (la elección de una persona sin experiencia en derechos humanos como Defensor del Pueblo, junto con modificaciones en instituciones relacionadas con el sistema de justicia, son ejemplos claros de ese socavamiento), sino que, además, está decidido a avasallar a una de las instituciones más arraigadas en el mundo rural peruano: las comunidades campesinas.