Alejandro Zegada
A lo largo del periodo 2006-2016, los principales beneficiarios de la dotación de tierras fiscales serían los afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y los interculturales, mientras diferentes comunidades indígenas obtuvieron proporciones muy inferiores.
Así consta en el informe de rendición de cuentas de la gestión 2017-2017 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en el que se observa que distintos afiliados a la CSUTCB se beneficiaron con el 75% del total de las tierras distribuidas. Los denominados interculturales recibieron un 12%.
En tanto que los afiliados a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y las comunidades del PATUJÚ (departamento de Santa Cruz) recibieron apenas un 4% y 1% respectivamente.
El INRA resalta que, en total, durante el periodo de 2006-2016 se distribuyó alrededor de 2,8 millones de hectáreas, una cifra mucho muy superior a la del periodo 1999-2005 en el que se repartió tan solo 36 mil hectáreas.
Al respecto, la investigadora de la Fundación TIERRA, Martha Irene Mamani, reconoce que “esta acelerada distribución de tierras fiscales no tiene precedentes en la historia, ni durante la Reforma Agraria de 1953 se llegó a las cifras que hoy se manejan”.
Sin embargo, también recuerda que “la CSUTCB se ha declarado públicamente en favor del Proceso de Cambio y casi todos sus dirigentes son militantes del MAS. Lo mismo sucede con los interculturales, quienes se identifican como la vanguardia del proceso político actual”.
En ese sentido, considera que “los beneficiarios son dirigentes campesinos alineados políticamente al Movimiento al Socialismo (MAS)” y que por tanto “ese sería el criterio central para la distribución” de tierras fiscales.
El problema mayor
Según el análisis del a experta, la forma en que se ha consumado esta distribución transgrede las disposiciones legales e implica la consolidación de asentamientos sin ordenamiento y planificación territorial.
En la práctica, esto genera que las tierras estatales no estén en manos de los que realmente las necesitan (según la Ley 3545: los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o aquellas que la poseen insuficientemente), sino en las de quienes “se alinean al MAS sin importar que sean campesinos, colonizadores o empresarios”.
Mamani advierte que esta distorsión de la política de tierras fiscales “estaría llegando a situaciones inusitadas”, hasta el extremo de que el control sobre las tierras fiscales es concentrada por “la élite dirigencial/campesina/colonizadora”, donde el INRA pasa a cumplir un rol de subordinado.
Además, las tierras distribuidas a estas élites son las mejores en calidad y acceso a servicios, por lo que la investigadora sospecha que los dirigentes también tienen acceso a información privilegiada.
“¿Cómo acceden a esa información reservada y estratégica que supuestamente solo la administra el INRA? La respuesta la tienen ellos, pero aquí lo más probable es que los intereses políticos y económicos entran en escena”, afirma.
No es de quien la trabaja
Desde la Fundación TIERRA advierten que hay “indicios” de que los beneficiarios de tierras estatales “en muchos casos no llegan a establecer la supuesta comunidad que presenta su demanda, ni mucho menos a trabajar la tierra de manera personal”, sino que la alquilan a soyeros o la venden a terceros.
De esta manera, los que viven y trabajan esas tierras no son los titulados legalmente sino los que rentan o compran la tierra, con lo que, a la larga, las tierras fiscales son mercantilizadas.
Mamani explica que esto es lo que sucede con varias comunidades campesinas. Un ejemplo de ello es la comunidad Tupac Amaru (municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz), cuyos beneficiarios no vivían allí. El mismo INRA constató aquello y terminó anulando su autorización de asentamiento por incumplimiento de la función social, mediante la Resolución Adminisrativa N° 061/2018.
Estrategia y cooptación
La investigadora de Fundación TIERRA advierte que esta forma de apropiación de tierras no es ajena al Gobierno porque es funcional para su proyecto político.
“Al Gobierno, para legitimar su poder, le interesa votos y electores a su favor, y una manera de garantizar el apoyo masivo es mediante la cooptación de líderes de las organizaciones sociales que mueven grandes masas populares. En contextos electorales el tráfico de tierras juega un papel utilitario”, cuestiona Mamani.
La distribución de tierras también está distorsionada por la alianza pragmática entre el gobierno del MAS y las empresas agroindustriales. Desde la Fundación notan que el tráfico de tierras y los asentamientos ilegales en la Reserva Forestal Guarayos o la entrega ilegal de las tierras de BOLIBRAS son algunos de tantos casos que grafican aquello.
“La distribución de tierras fiscales se ha distorsionado tanto hasta el punto que depende de presiones políticas y económicas, al margen de procedimientos legales. Las tierras fiscales son medios para reproducir el poder político y hacer negocios con empresas privadas”, afirma la experta.
Y sentencia que “la élite dirigencial involucrada y los que privatizan las tierras fiscales en algún momento tendrán que rendir cuentas por haber deformado la lucha histórica por tierra y territorio de los pueblos indígenas y campesinos”.
Blog publidado en El País