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Las recientes elecciones presidenciales en El Salvador dieron un reñido resultado que mostró las tensiones en el país centroamericano. Aprovechando esa coyuntura, desde el IPDRS compartimos con las lectoras y lectores una visión histórica del proceso de despojo, primero, y, posteriormente, del acceso a la propiedad de la tierra por parte de la población campesina indígena, por nuestra convicción de que esa población y ese tema están en el centro de las contradicciones históricas de un país que, pese a todo, intenta superar la violencia estructural y avanzar hacia la vida democrática.
Desarrollo Rural en El Salvador, desde siempre
Ricardo Berdugo Reyes*
El desarrollo de las comunidades rurales es pérdida de poder económico para las oligarquías nacionales en El Salvador. Esta afirmación es una síntesis de los diversos problemas que la población rural ha enfrentado en este país centroamericano desde épocas en que se inició la república en 1841 (Roque Dalton, El Salvador, Monografía, Casa de las Américas, La Habana, 1963). En la misma línea el desaparecido sacerdote jesuita Ignacio Ellacuria, decía: “El gran problema de El Salvador es la posesión de la tierra y en este problema se centran el modo de producción y los conflictos derivados por la imposición de una clase poderosa dominante minoritaria, sobre una mayoritaria y desposeída” (Revista ECA, UCA, El Salvador, 1981).
Un poco de historia
Todos los conflictos que han existido en las áreas rurales salvadoreñas desde la llegada de los españoles a esta zona, originalmente llamada Cushcatan o Cuscatlán, comenzaron con el despojo de la propiedad de la tierra, en ese entonces colectiva. En algunos casos la tierra pasó a la Iglesia Católica y en otros a los españoles criollos, quienes, posteriormente, impulsaron la mal llamada independencia de Centroamérica (1821. Los países centroamericanos conformaban el Reino de Guatemala).
Aunque contaban con el apoyo popular, los independentistas criollos deseaban evitar seguir pagando impuestos a España, para aumentar sus ganancias en todo lo sustraído de las nuevas tierras y en el negocio del añil o xiquilite (A finales del siglo XVIII El Salvador producía el 91% del añil que exportaba Centroamérica) y estaban influenciados por las ideas de los procesos de independencias de Estados Unidos y las de los liberales de Francia y otros países de Europa.
Como se puede leer en el texto original de la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas Centroamérica, “(…) la arbitrariedad con que fue gobernada (la región)….excitó en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados. Por lo que (…) es necesario realizar la independencia de estas provincias, antes que sea el pueblo el que la declare” (Acta de Declaración de Independencia Absoluta de las Provincias Unidas del Centro de América, archivo de la Asamblea Legislativa de El Salvador).
Posteriormente, el proyecto de las Provincias Unidas de Centroamérica dio paso a la integración efímera, en 1824, de una Federación Centroamericana, pues simultáneamente habían nacido el Estado salvadoreño y los otros Estados de la región. En estos movimientos político-jurídicos prevalecían los intereses creados de las clases dominantes, por encima de la idea del bienestar popular.
Ya para 1881 se impuso una de las últimas estocadas a las pocas propiedades comunales y ejidales que aún quedaban. Una nueva Ley, llamada de Extinción de Ejidos, entre otros justificantes –injustificados- convalidaba las palabras del entonces presidente salvadoreño, y uno de los integrantes del nuevo bloque en el poder, Rafael Zaldívar: "la existencia de tierras bajo la propiedad de las comunidades, impide el desarrollo agrícola, estorba la circulación de la riqueza y debilita los lazos familiares y la independencia del individuo" (Revista Identidades, Vol. 2 Secretaria de Cultura S.S. Noviembre 2011).
La Ley de Extinción de Ejidos se aplicó paralelamente a la imposición de otra, la Ley de Jornalero que “prohibía la vagancia”, aunque fuese en realidad ocio o descanso de la población, se obligaba a cualquier persona que no tuviese empleo o trabajo a trabajar en los nuevos latifundios cafetaleros y, en muchos casos, a terminar viviendo en las tierras que antes les pertenecieron como colonos, cuando antes eran los propietarios (de hecho, sin tierra no tenían en qué sembrar).
La insurrección
La conciencia popular, que ya a principios del siglo XIX tuvo un referente en el indígena Anastasio Aquino, continuó creciendo hasta que, en 1932, se sublevó en contra del dominio, exclusión y represión de los terratenientes, con el objetivo del reconocimiento de sus derechos como personas humanas, entre ellos al de la posesión de la tierra que trabajaban, más que de la toma del poder gubernamental. El saldo fue de más de 20 mil campesinos e indígenas asesinados por la Guardia Nacional.
Entre los muertos estaban el dirigente indígena Feliciano Ama y el dirigente obrero estudiantil Farabundo Martí, quienes fueron la semilla de las posteriores organizaciones de muchas otras tantas insurrecciones. El impacto de la represión fue tal que desde 1932 hasta 1979 todos los gobiernos en El Salvador fueron militares quienes, basados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, reprimieron, persiguieron, torturaron y asesinaron cualquier forma de oposición a las políticas que sustentaban el dominio de los terratenientes cafetaleros.
En 1980, nació la guerra civil con la consolidación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), grupo guerrillero que fue el único capaz de ir frenando los abusos de la clase dominante y de su brazo opresor, las Fuerzas Armadas de El Salvador.
En 1984 se realizaron las primeras elecciones para elegir un presidente civil, comenzando una nueva etapa en la historia del país: la de la democracia. Sin embargo, aunque el gobierno que inició la fase democrática instauró la Reforma Agraria, ésta solo sirvió para quitar legitimidad a las luchas populares por la reivindicación de la tierra. En la práctica, respaldó que muchos terratenientes simplemente se deshicieran de tierras que ya no les eran rentables y que funcionarios gubernamentales adquirieran tierras que estaban destinadas -después de su expropiación- a las comunidades campesinas de forma colectiva (denominadas asociaciones en la Reforma Agraria).
Para 1992 terminó la guerra civil y el FMLN firmó con el gobierno de entonces los Acuerdos de Paz que, entre otros aspectos, preveía la repartición de tierras a los ex combatientes de ambos bandos. Sin embargo, para el año 2000, todavía este acuerdo seguía durmiendo el sueño de los justos. La nueva clase dominante, financiera y dueña de bancos y centros comerciales, tenía en su representación política al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un fiel defensor de sus intereses. Muchos campesinos y algunos ex combatientes de la Fuerza Armada recibieron títulos de propiedad, entregados especialmente, en épocas de elecciones. Pero, con el tiempo, se descubrió el engaño, los títulos de propiedad eran falsos y los campesinos jamás habían sido dueños de las parcelas que cultivaban.
El cambio
El año 2009, el FMLN, convertido en partido político, logró la presidencia de la República, lo que rompió con prácticamente más de 160 años de dictadura de gobiernos de derecha.
Una de las primeras políticas que el gobierno del FMLN implementó, principal eje de acción, fue el fortalecimiento a los indígenas, campesinos, mujeres, ancianos y jóvenes, los excluidos de siempre. Con la entrega de más de 40.000 títulos de propiedad a hombres y mujeres se ha logrado también un nuevo posicionamiento en la mentalidad de las y los salvadoreños: que la revolución al fin ha comenzado, aunque muchos la llaman simplemente un cambio.
La oligarquía, por otro lado, ha utilizado muchos recursos para impedir los avances populares, que quitan espacios a la gran empresa privada que ya no tiene la exclusividad en la comercialización de los productos agrícolas. Dado que ya no les es posible utilizar los cuerpos armados represivos, ni la Fuerza Armada ni los escuadrones de la muerte creados en el seno del partido ARENA (Informe de la Comisión de la Verdad, S.S. 1992), ahora usan campañas de desinformación y miedo a través de los medios de comunicación a su servicio.
Como era de esperarse, hay población que se identifica con la línea de ARENA. La educación es el problema. Hasta 2009 el nivel escolar promedio del país se ubicaba en sexto grado. Y el país tiene aún un nivel elevado de analfabetismo que según el Ministerio de Educación Salvadoreño era del 19% en 2009 y pasó al 12% en 2013 (Informe del MINED, S.S. 2013). Por ende, desde ese año se inició, con más entusiasmo que recursos, la campaña Municipios Libres de Analfabetismo.
A finales de 2013 se contaba ya con 21 municipios libres de analfabetismo, de un total de 262 en el país, principalmente rurales y la mayoría ubicados en el oriente salvadoreño. Paralelamente, se hicieron esfuerzos para dotar a la población escolar de uniformes, cuadernos, zapatos y refrigerio. Con esto aumentó la matrícula escolar en las zonas urbana y, sobre todo, en las rurales. También se entregó una pensión universal a personas de la tercera edad, otra vez de población mayoritariamente rural.
En las recientes elecciones presidenciales, el ex comandante guerrillero Profesor Salvador Sánchez Ceren fue el más votado, justo en la zona oriental, donde las políticas de apoyo a los excluidos han impactado más. Así lo afirmó el actual Presidente de la República en una entrevista televisiva y así se desprende del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), respecto a la disminución de la pobreza en El Salvador el año 2013 e investigaciones realizadas por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana.
Aunado a lo anterior, con el apoyo a los agricultores entregándoles subsidios en insumos, apoyo técnico permanente y acceso a créditos con intereses menores a los de la banca privada, la agricultura salvadoreña por fin ha iniciado un despegue. En el año 2009 la libra de frijol llegó a costar más de un dólar y medio. Desde el año pasado, oscila entre 40 y 50 centavos. Lo mismo puede decirse del arroz. Ambos productos son esenciales en la dieta popular, por lo que hay que recordar que hasta 2010 la mayoría de los volúmenes de frijoles y arroz consumidos eran importados. Mientras que, desde el 2014, la importación de estos dos productos es mínima. Paralelamente, la producción de vegetales y verduras comienza a despuntar, aumentando su comercialización interna y hasta externa.
La mayoría de los productores agrícolas son pequeños agricultores independientes y otros están asociados en cooperativas. En sondeos de opinión difundidos por medios de comunicación independientes, se percibe que incluso algunos de estos productores, antes fueron “leales” a los gobiernos derechistas, pero actualmente expresan orgullo por tener un Presidente que se preocupa por ellos, entregándoles en propiedad (esta vez de verdad) las tierras que cultivan.
¿Será el cambio irreversible? Todo es cuestión de tiempo, ojalá que en los próximos cinco años se puedan consolidar las políticas que recién se inician en beneficio de las mayorías populares. La propiedad de la tierra que cultivan es un gran paso, pero quedan otros por delante para que se pueda afirmar que nunca debería repetirse lo que se inició con la llegada de los visitantes de ultramar que tanto dolor le ha costado y sigue costando a este sufrido pueblo.
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* Es licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de El Salvador y egresado en Comunicaciones, Universidad Don Bosco, El Salvador. Actualmente es docente, periodista y consultor en proyectos de desarrollo.
