El caso de comunidades migrantes que se establecen en tierras baldías y luego, el Estado construye una represa que inunda sus tierras, y los desplaza, afectando su vida, y obligándolos a años de lucha demandando una justa indemnización y la dotación de nuevas tierras.

Caso de un barrio en las afueras de Quito que en 2005 se reconstituye como comunidad ancestral, con derechos colectivos, en medio de conflictos y amenazas por actores externos

Se trata de un caso donde 10 familias migran, ocupan y acceden, vía adjudicación estatal, a tierras incautadas al narcotráfico, con perspectivas actuales de producción familiar, agroecología y agroforestería.

300 familias del corregimiento de Guáimaro que acceden colectivamente a la tierra, luego de ser víctimas de desplazamiento forzado a causa del paramilitarismo y que en un segundo momento, al retornar a su tierra, se enfrentaron con un proceso de desconocimiento y vicio institucional en lo concerniente al proceso de restitución de tierras.

30 familias organizadas resisten la expulsión por parte de los hacendados, defendiendo la tierra donde han vivido. Luego de largas negociaciones, donde los campesinos resisten las acciones de los hacendados en su contra, se llega a un acuerdo y cada una de las 300 familias recibe una parcela de tierra, titulada familiarmente, en contraprestación por sus años de trabajo en las grandes haciendas

El acceso a la tierra depende de su defensa ante el intento de expropiación, especialmente si tienen potencial económico. Una familia campesina difícilmente podría defender su tierra de forma aislada ante empresas, grandes propietarios, el propio Estado; la estrategia de afirmar la organización comunal es fundamental en la lucha por consolidar la tenencia y propiedad de la tierra campesina.

Se trata de un caso de legitimación y legalización de la posesión de tierra, que permite a los comunarios acceder a mayor participación dentro de los recursos y programas productivos de su municipio. Ubicada en plena frontera Brasil-Bolivia, se disputa el control territorial con los intereses de empresas madereras y expone las peculiaridades de la extranjerización de la tierra.

Caso de comunarios que a pesar del régimen de violencia material y simbólica que enfrentan, continúan la lucha por un pedazo de tierra para reproducir la vida. La Calera es el territorio donde durante 20 años de disputas entre 17 comuneros y comuneras indígenas y el poder financiero y los terratenientes de herencia colonial, se enfrentaron por la propiedad y el uso de nueve hectáreas.

Las autoridades campesinas de Zongo en la lucha por la defensa de su territorio demostraron que legítimamente son autoridades para ejercer justicia en sus territorios y en lugares donde la gente quiera acogerse a su jurisdicción, se abrió un camino para practicar su autodeterminación recuperando las tierras que había acaparado un empresario minero.

La familia mapuce de María del Carmen Puel vive ancestralmente en su territorio y desde el año 2000, se constituyen, junto a otras cuatro familias, como comunidad “Plácido Puel”, luchando por defender su territorio de las amenazas de las inversiones inmobiliarias ligadas al turismo, que pretenden quitarles sus tierras

Luego de problemas debido a las colonias del occidente del país, en su mayoría asentamientos aymaras, reduciendo el territorio y su impacto cultural (leco). En ese contexto se constituyó la central agraria Kelequelera, para contar con un respaldo sólido en función de avanzar en la constitución de su territorio.

LaUnión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE) y la Asociación Ecocacao, se han convertido en instrumentos de resistencia para defender y proteger la tierra y territorio, a través del trabajo comunitario y la entrega en posesión de la tierra a las familias, manteniendo así las vertientes de agua, el bosque y la producción de alimentos.