Noticias sobre Tierra

• En la primera COP se aprobó la participación del público en la Mesa Directiva y las reglas del Comité que vigilará el cumplimiento del tratado, lo que fue calificado como uno de los grandes logros del evento.
• En medio de algunas controversias, los jóvenes y los líderes indígenas solicitaron tener mayor participación en la toma de decisiones.

“Eliminar la participación del público es quitar el propio espíritu de este Acuerdo”, dice el líder indígena Nadino Calapucha, estremeciendo a la sala.

Descripción del episodio

Las distancias entre el campo y las ciudades no son sólo físicas. Saber de dónde vienen los alimentos que servimos a nuestras mesas, quiénes los producen, cómo y en qué condiciones lo hacen, es una forma de acercar esas distancias.

Dirección: Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT)
 

Jornada final de la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo incluyó un evento de alto nivel con ocasión del primer aniversario de su entrada en vigor y del Día Internacional de la Madre Tierra.

Dirigentes indígenas convertidos en traficantes de tierra, uso de documentos fraguados para la transferencia de territorios comunitarios, precios por debajo del valor real de los predios y compradores conscientes de las ilegalidades son algunos de los detalles ocultos que hacen al comercio de tierras comunitarias y que están contenidos en el libro “Territorios indígenas enajenados: el furtivo mercado de tierras de la TCO Guarayos".  La investigación fue realizada por Gonzalo Colque y Alcides Vadillo de la Fundación TIERRA.

Las mujeres y los niños son los más afectados por el cambio climático que profundiza las desigualdades y vulnerabilidades que ya enfrentan como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y los derechos humanos básicos. Sin embargo, las mujeres no son víctimas: son sobrevivientes, creativas y multiplicadoras de soluciones que merecen participar en la toma de decisiones. Dos activistas colombianas nos explican por qué.

Un podcast del movimiento "Juventudes rurales de América Latina y el Caribe. Somos tierra y territorio"

Esta producción surge en el marco de la Escuela Juventudes Rurales Tierra y Territorio, bajo la coordinación de la Corporación Desarrollo Solidario y YPARD con el apoyo de la ILC Coalición Internacional por el acceso a la tierra en América Latina y Caribe.

En la realización, el Equipo de Comunicación Rural de OPDS Montes de María- Colombia

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Donaldo Allen González recuerda que La Mosquitia solía ser un sitio olvidado que nadie quería visitar en Honduras. Sin embargo, desde hace unos 30 años, su riqueza en biodiversidad —mar, bosques, sistemas lagunares— se convirtió en blanco de numerosas personas que encontraron en este territorio espacio para acaparar y explotar los recursos que son propiedad de los pueblos indígenas.

El International Institute for Environment and Development (IIED) y el Land Portal lanzan una nueva serie de blogs sobre la gobernanza de las inversiones basadas en la tierra en el Sur Global. La serie explorará estrategias y enfoques prácticos adoptados por los defensores de los derechos y otros para abordar los desafíos comunes que rodean a estas inversiones.

Después de casi seis años, el Programa Global de Política Territorial Responsable concluyó sus actividades en Perú a finales de 2021. Gracias al arduo trabajo del equipo del proyecto ProTierras Comunales y sus socios, podemos mirar atrás y ver interesantes lecciones aprendidas y varias buenas prácticas listas para ser replicadas (aquí  puedes encontrar la publicación final).
 

América Latina y el Caribe es la región del mundo más peligrosa para los y las defensoras ambientales, y México es el segundo país de la región con mayor cantidad de agresiones, señaló Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en el país.

En entrevista con este medio, detalló que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que entre 2015 y 2019 hubo 933 asesinatos –de un total de mil 323 denunciados en el mundo– en la región y 13 por ciento de las víctimas fueron defensoras.

"La división de las organizaciones es preocupante porque genera que muchas personas se proclamen representantes legítimos e incurran y transfieran derechos propietarios a cambio de dinero”, dijo el investigador Gonzalo Colque.

Cerca de 645 familias, equivalente a un aproximado de 1,863 habitantes, de las comunidades El Mozote, Los Tubos, El Conchalito, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000, del departamento de La Paz, carecen de un respaldo legal que garantice la permanencia en sus viviendas, por lo tanto, muchas familias han sido víctimas de acosos de desalojo, así lo reveló una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA).