Un grupo de relatores independientes aseguran que “con demasiada frecuencia” el país latinoamericano considera criminales a quienes defienden la tierra y el medio ambiente.

 

Expertos en derechos de la ONU* han expresado su preocupación por la criminalización, las violaciones del debido proceso y los derechos de salud de un defensor de los derechos humanos de los indígenas en Guatemala.

 

La Justicia chaqueña ordenó el cese de la desforestación hasta que se realice un nuevo ordenamiento territorial. Pero las topadoras avanzan sobre el monte nativo y se repiten los intentos de desalojos de pequeños productores .

 

 

Exigen se les considere dueños legítimos de una parte de la superficie de la sierra

San Luis Potosí, SLP.- El comisariado y representante de los 328 comuneros de San Juan de Guadalupe, Rodolfo Valdés García, pidió tanto a las autoridades agrarias y ambientales, como al propio Gobierno Federal, que se respete la tenencia de la tierra, así como sus derechos como propietarios de parte de la superficie de la Sierra de San Miguelito.

 

La relatora especial Mary Lawlor escuchó a los indígenas de Zongo y del pueblo Mosetén, quienes denunciaron que empresas explotan recursos en sus predios.

Defensores de derechos de los pueblos indígenas y territoriales del pueblo Mosetén y del valle de Zongo denunciaron ante la relatora de la ONU el avasallamiento de sus tierras, ubicadas en el departamento de La Paz.

 

Un año después de nombrar a Bernardo Caal Xol preso de conciencia, Amnistía Internacional ha entregado una petición con 27957 firmas de todo el mundo a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, exigiendo su liberación inmediata.  

 

Ciudad de México | Desinformémonos. Movimientos sociales y organizaciones de Oaxaca exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero San José II, de la empresa Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines.

Más de un millón de mujeres se están beneficiando de distintos programas de formalización, adjudicación y subsidios de acceso a la tierra, de vivienda rural, de proyectos productivos y de comercialización de productos, indicó ayer el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien destacó el papel de la mujer en la implementación de la Paz con Legalidad que adelanta este Gobierno.

 

La Unidad de Restitución de Tierras adelanta encuentros para capacitar a las mujeres rurales que tienen sentencias de restitución en municipios de Sucre y Bolívar.

Un grupo de mujeres de los Montes de María que han sido beneficiadas del proceso de restitución, participaron en un encuentro en Sincelejo, con el propósito de fortalecer sus saberes y capacidades para la protección de sus derechos de acceso a la tierra.

 

Los países de América, bajo el liderazgo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), acordaron este martes una acción conjunta para la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas para resaltar el trabajo de los productores agropecuarios.

El IICA, con sede en Costa Rica, indicó en un comunicado de prensa que durante una sesión del Comité Ejecutivo del organismo, las naciones determinaron reconocer el papel central para la alimentación y jerarquizar la actividad agropecuaria.

 

El texto altera las reglas para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y amenaza a los grupos aislados.

Un polémico proyecto de ley que altera las reglas para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y amenaza a los grupos aislados ha movilizado hasta Brasilia a casi 900 nativos de diferentes lugares del país que protestan por conservar sus derechos.  

 

*Debido a la riqueza de los recursos en el estado, las empresas internacionales han puesto la mirada en el estado para extraerlas, al mismo tiempo, los gobiernos estatales facilitan su introducción, sin tomar en cuenta presencia de poblaciones cercanas y sus consecuencias

 

La obra está proyectada sobre el río Nahueve, en el norte de la provincia. Organizaciones sociales alertan sobre los peligros que implicará para el ecosistema y la vida de quienes habitan en el lugar. Las obras vulneran leyes ambientales y derechos de pueblos indígenas y campesinos.