Jornada final de la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo incluyó un evento de alto nivel con ocasión del primer aniversario de su entrada en vigor y del Día Internacional de la Madre Tierra.
Dirigentes indígenas convertidos en traficantes de tierra, uso de documentos fraguados para la transferencia de territorios comunitarios, precios por debajo del valor real de los predios y compradores conscientes de las ilegalidades son algunos de los detalles ocultos que hacen al comercio de tierras comunitarias y que están contenidos en el libro “Territorios indígenas enajenados: el furtivo mercado de tierras de la TCO Guarayos". La investigación fue realizada por Gonzalo Colque y Alcides Vadillo de la Fundación TIERRA.
Donaldo Allen González recuerda que La Mosquitia solía ser un sitio olvidado que nadie quería visitar en Honduras. Sin embargo, desde hace unos 30 años, su riqueza en biodiversidad —mar, bosques, sistemas lagunares— se convirtió en blanco de numerosas personas que encontraron en este territorio espacio para acaparar y explotar los recursos que son propiedad de los pueblos indígenas.
América Latina y el Caribe es la región del mundo más peligrosa para los y las defensoras ambientales, y México es el segundo país de la región con mayor cantidad de agresiones, señaló Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en el país.
En entrevista con este medio, detalló que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que entre 2015 y 2019 hubo 933 asesinatos –de un total de mil 323 denunciados en el mundo– en la región y 13 por ciento de las víctimas fueron defensoras.
"La división de las organizaciones es preocupante porque genera que muchas personas se proclamen representantes legítimos e incurran y transfieran derechos propietarios a cambio de dinero”, dijo el investigador Gonzalo Colque.
Cerca de 645 familias, equivalente a un aproximado de 1,863 habitantes, de las comunidades El Mozote, Los Tubos, El Conchalito, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000, del departamento de La Paz, carecen de un respaldo legal que garantice la permanencia en sus viviendas, por lo tanto, muchas familias han sido víctimas de acosos de desalojo, así lo reveló una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA).
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) se reunirá con una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnuhd) y con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, para exponer la situación de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el otorgamiento de dos concesiones mineras impugnadas en un amparo fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la sierra norte de Puebla, los afectados celebraron la sentencia, aunque lamentaron que no se reconoció la inconstitucionalidad de la ley minera.
Un total de 144 demandantes, representados por el Consejo de Todas las Tierras, asegura haberlos perdido en 1992, durante el Gobierno de Patricio Aylwin.
La acción internacional "es un hecho sin precedente en la historia de los reclamos mapuche", afirmó Aucan Huilcamán.
Con el objetivo de reflexionar sobre el acaparamiento de tierra en Nicaragua y la situación que enfrentan las mujeres y juventudes rurales para lograr medios de vida sostenibles, la Agencia Católica Irlandesa de Cooperación al Desarrollo, Trócaire y el Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan), organizaron un foro virtual en el que se presentó la reciente publicación titulada “Acaparamiento de tierras, mujeres y juventudes rurales: Los retos para medios de vida sostenibles en Nicaragua”.
Hoy campesinos indígenas del ejido de Tecoltemi acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exponer sus argumentos en contra de la instalación de la Minera Gorrión –filial de la canadiense Almaden Minerals–, en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán y exigir la derogación de la ley minera.
(CNN Español) -- El dirigente indígena de la comunidad Lenca Pablo Hernández fue asesinado de varios disparos este domingo cuando iba de su vivienda a la capilla católica donde era delegado de la palabra de Dios, informó la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Renadh-Cofadeh).
El hecho ocurrió en la comunidad de Tierra Colorada, San Marcos de Caiquín, en el departamento de Lempira, al occidente de Tegucigalpa.