Con motivo del Día de la Resistencia Indígena, unos 130 indígenas representantes de sus comunidades de seis estados de Brasil protestaron este lunes 19 de abril, frente a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, en defensa de sus territorios y derechos constitucionales.

En particular, los indígenas se manifiestan en contra del Proyecto de Ley (PL) 191/2020, presentado al Congreso por el gobierno de Jair Bolsonaro, que pretende legalizar la minería dentro de las Tierras Indígenas (TI).

Organizaciones campesinas denunciaron el acaparamiento de tierras y saqueo de propiedades, presuntamente impulsadas por el Gobierno de Haití, durante un fórum que cierra sus puertas hoy en la central provincia de Hinche.

El reciente reclamo responde al otorgamiento mediante decreto presidencial de más de ocho mil 600 hectáreas de tierras agrícolas para establecer la Zona Franca Agroindustrial de Savane Diane, que producirá el edulcorante stevia para la trasnacional Coca Cola.

Un panel internacional de expertos y expertas analiza la criminalización de los defensores y comunidad de Guapinol, la que se ha acentuado después de la nominación como finalistas al Premio Sajarov para la Libertad de Pensamiento que otorga la UE, en un contexto de extrema violencia que mantiene la atención sobre este caso.

PÚBLICO/AGENCIAS

La enfermedad covid-19 sigue extendiéndose por el mundo y ya ha llegado a los pueblos originarios de la Amazonía. El 1 de abril, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó el primer caso positivo, lo cual generó preocupación frente a la propagación del virus y sus efectos en esta población vulnerable. 

La norma propuesta debe ser aprobada por el Congreso y enfrenta el rechazo de los pueblos originarios y los ambientalistas, quienes la consideran "genocida"

Maniobra. Lanza el Plan de Cierre de Brechas y prepara un proyecto de ley sobre Ordenamiento Territorial, mientras comunidades de Loreto, Cusco y el sur de Ayacucho llevan mesas de diálogo con serias discrepancias.

Elizabeth Prado

Alexandra Narváez, de la comunidad cofán de Sinangoe, es parte de la guardia indígena constituida en 2017 en respuesta a la concesión inconsulta de territorio cofán para actividades mineras.

Actualmente, en la zona donde se ubica Sinangoe, existen más de 50 concesiones mineras con permisos de explotación vigentes hasta por 30 años.

Ayer, al promediar las nueve de la noche, y luego de más de ocho años de un proceso lleno de cuestionamientos, el Poder Judicial dictó sentencia absolutoria a favor de diez y defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que fueron denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.

Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

La ausencia de defensa efectiva de la Madre Tierra, los daños que le perpetran: la explotación hidrocarburífera, la nueva ley minera ­–que permite a la minería “hacer lo que le da la gana”–, el cultivo de soya transgénica, lo mismo que la construcción de las megarepresas hidroeléctricas, la inexistencia de un catastro rural de tierras, que abre las puertas al peligroso tráfico de tierras y a la corrupción, son factores que ilustran la ausencia de gobernanza de la tierra en Bolivia.