La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos como proceso colectivo del año. Un reconocimiento a su lucha por la tierra y por los derechos del campesinado en esta subregión del Magdalena Medio.

El río Cimitarra nace en el nordeste antioqueño y antes de que desemboque en el río Magdalena, en el sur de Bolívar, bordea los municipios de Yondó y Remedios, en Antioquia; y Cantagallo y San Pablo, en Bolívar. En ese valle formado por el río en esa región surgió hace más de 20 años uno de los baluartes de la lucha campesina en el país: la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). Un proceso colectivo con una historia de resistencia contra las violencias de todos los flancos, paramilitares, guerrilleros y fuerzas del Estado.

En 1996, época de Ernesto Samper en la presidencia y Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia, florecían en ese departamento las primeras cooperativas de seguridad privada que se conocerían como las Convivir. Con esa amenaza en el horizonte para las comunidades campesinas del Magdalena Medio, sumado a la de las fumigaciones con glifosato a los cultivos de uso ilícito, los pobladores de esa región se movilizaron masivamente para interlocutar con las autoridades departamentales y nacionales, en un proceso que derivó en la constitución de la ACVC.

Así cuenta la historia Andrés Gil, uno de los dirigentes de esa organización, quien además recuerda que una de las primeras apuestas fue lograr constituir en el territorio una zona de reserva campesina, en medio de la violencia que se recrudecía en la región con la escalada del paramilitarismo allí.

La lucha de la ACVC es fundamentalmente la lucha por los derechos de los campesinos y por la tierra. Andrés Gil habla con propiedad del campesinado tan amplio y variado que habita su región y que han defendido ya por 23 años. “Tenemos campesinos de montaña, dedicado a labores ganaderas, y tenemos campesinos de cultura pescadora, que es la que está más cerca a los complejos cenagosos que se forman alrededor del río Cimitarra”.

En esa compleja geografía toma forma una cultura ribereña campesina que tiene su origen además en el proceso de colonización de estas tierras. Durante las décadas de mitad del siglo XX, huyendo de la violencia bipartidista llegaron a este valle campesinos oriundos de Santander, Tolima y el mismo Antioquia que se asentarían para siempre en el territorio.

Haber emprendido la defensa de los derechos del campesinado le ha significado a la ACVC señalamientos y estigmatizaciones que han derivado en procesos de judicialización de prácticamente toda la dirigencia del movimiento. Entre 2007 y 2009, cuenta Gil, todos los miembros que integraban la junta directiva de la asociación estaban en la cárcel, acusados de tener vínculos con la insurgencia. Procesos que terminaron cayéndose por falta de pruebas o prescribiendo, y que vinieron a apagarse cuando la ACVC recibió el Premio Nacional de Paz, en 2010.

Así ha sido el trabajo de este movimiento campesino, remando contra la corriente. La zona de reserva campesina, por ejemplo, lograron formalizarla en 2002, pero con el recrudecimiento de la guerra en la zona se suspendió y solo volvió a ser zona de reserva campesina hasta 2011.

A pesar de ello, han tenido hitos importantes en la defensa del territorio, como la consolidación de la Línea Amarilla, una figura de protección ambiental que acordaron en la región para defender el ecosistema de la tala o la caza. El pacto estuvo vigente durante la época de los enfrentamientos entre las Farc y el Ejército, pero en los últimos años se ha venido difuminando y la deforestación avanza a pasos agigantados.

Su lucha por estos días ha sido la defensa de la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, ante la amenaza de fumigación con glifosato que se cierne sobre las comunidades cocaleras por los anuncios del Gobierno Nacional de combinar todos los métodos para ponerle fin a estos cultivos. Según Andrés Gil, en la región hay 5.000 familias que han manifestado su voluntad de sustituir sus cultivos, principalmente en el sur de Bolívar. Sin embargo, solo 2.500 están actualmente suscritas al programa de sustitución, mientras las otras esperan en la incertidumbre.