Una ponencia de la Corte Constitucional de declaratoria de cosas inconstitucional podría terminar con la injusticia de doce millones de labriegos que, como en “Siervo sin tierra”, son poseedores sin título de propiedad, porque el Estado no ha hecho un inventario completo de sus tierras, la ocupación productiva e identificado a quienes la usufructúan para que cumpla con su verdadera función social.

Se necesita de una nueva estructura agraria en el país por que la ocupación de baldíos por parte de terceros ilegales acaparadores de tierras a sangre y fuego constituye una seria inequidad para los campesinos quienes han sufrido durante muchos años la violencia que ha tenido como justificación causas partidistas o ideológicas, pero que al final del día ha perseguido la usurpación de las áreas productivas de nuestra nación.

Según el Dane, hay 2.370.099 predios dedicados a la actividad agropecuaria, de los cuáles 1.669.287 tienen menos de 5 hectáreas. Los pequeños productores sólo son el 2 % del censo agropecuario lo que denota la alta concentración de la tierra en contraste con los 5.842 predios de más de 1.000 hectáreas que corresponden al 73.8 % que refleja la desigualdad para quienes no han podido acceder a la tierra productiva.

Se calcula que de los baldíos de la nación 1, 2 millones de hectáreas tendrían que ser intervenidas para garantizar el acceso del campesinado a una parcela y frenar la vulneración de sus derechos para formalizar de manera adecuada su relación con la tierra.

Es a partir del diseño de políticas, planes y proyectos como debe disminuirse la inequidad en el campo y pagar una deuda histórica de la nación con los más humildes trabajadores del campo.

Es inaceptable que el Estado colombiano no conozca a ciencia cierta de quién es la tierra, ni cuales son exactamente sus baldíos que constituirían la base de una verdadera reforma agraria.

Sólo se tiene información catastral confiable del 17% de los predios, es decir de menos de la quinta parte del territorio.

Urge la adjudicación de títulos para campesinos poseedores de buena fe para la clarificación, recuperación y titulación de predios, que por fin haga justicia a los trabajadores agrarios de Colombia.