Por Luis Rojas

La comunidad campesina de Guahory está en guerra. O mejor dicho, están en guerra contra ella, contra los campesinos y campesinas, niños y niñas, que viven, o vivían, en ella. Toda la maquinaria y las armas de los agronegocios, sus enormes tractores y destructivas fumigadoras, sus agrotóxicos y productos transgénicos, además de los aparatos coercitivos y violentos del Estado, los fiscales y jueces venales, el gobierno entregado al poderoso caballero don dinero, el presidente del Indert en santa cruzada para defender la propiedad privada (empresarial), batallones de policías y militares movilizados una y otra vez, todo ello, todos ellos, en guerra contra la comunidad campesina de Guahory.

 Guahory, una comunidad campesina fundada en los años noventa, viene siendo atacada sistemáticamente desde hace años por sojeros, en su mayoría brasiguayos, para despojarles de sus fértiles tierras y convertirlas en monocultivos de soja. Los lotes ocupados por familias paraguayas en muchos casos han pasado de forma fraudulenta e ilegal a manos de los brasiguayos, gracias a los funcionarios corrompidos del Indert y del Registro de la Propiedad del Poder Judicial. Derecheras o títulos que no se pueden vender se han vendido, títulos que no se pueden inscribir en el registro judicial, se han inscripto. Los derechos y las prohibiciones establecidos en el Estatuto Agrario, han sido violentados una y otra vez por la rosca mafiosa, verdadera alianza público privada para el despojo del territorio campesino, asociación delincuencial financiada por el poder económico, gestionada por el poder político, legitimada por el poder mediático. El hostigamiento a Guahory lleva varios años de acoso, de imposición colonialista de unos señores con dinero sobre quienes no lo tienen. La lógica de acumulación y ganancias del modelo sojero los empuja sobre las tierras de las familias campesinas, quienes muchas veces por la pobreza y el abandono en que se encuentran, ceden a las presiones y entregan irregularmente sus lotes a quienes con su dinero consiguen torcer la letra de la ley.

En los últimos años los órganos coercitivos del Estado se han unido en esta lucha desigual entre los sojeros mecanizados y los campesinos de Guahory. En febrero del 2015 un violento desalojo fue llevado a cabo por la fiscalía y más de 400 policías, sin siquiera una orden judicial para ello, afectando a unas 250 familias, imputando a unos 150 campesinos y campesinas. En aquel momento el presidente del Indert, Justo Cárdenas, se apresuró en hacer declaraciones y dijo la verdad, esas eran tierras del Indert y el procedimiento impulsado por el fiscal fue irregular. En esa ocasión, policías acompañados de brasiguayos destruyeron con sus tractores las viviendas y los cultivos de los pobladores, de modo a borrar sus actos posesorios, sus huellas en esas tierras, sus derechos sobre ellas.

Como muchas familias a pesar de esto resistieron en el lugar, un nuevo desalojo se llevó a cabo en setiembre del 2016, con nada menos que 1.200 policías encabezados por el mismo fiscal del irregular desalojo anterior, Alfirio González, y nuevamente sin orden para ello. El enorme despliegue judicial-policial fue financiado en parte con dinero de los propios brasiguayos, según éstos declararon, expulsando a unas 200 familias de sus tierras, y nuevamente destruyendo sus pertenencias, sus viviendas y cultivos de autoconsumo. Los desalojados irregularmente de Guahory por meses estuvieron asentados en la capital, en precarias carpas, exigiendo la devolución de sus lotes, lo que nunca ocurrió, por lo que varios de ellos volvieron a ocupar parte de sus tierras en la colonia.

Pero en la era Cartes, la atención y la paciencia hacia el campesinado y los pueblos indígenas son inexistentes. El propio Cartes lo ha expresado a alguno de sus colaboradores, le pueden solicitar cualquier cosa, menos tierra. Ésta es para quienes tienen dinero y poder, como él mismo y su familia, que vienen comprando tierras aceleradamente en todo el país, lo que lo ha llevado en poco tiempo a ser unos de los mayores terratenientes del Paraguay, con posiblemente más de 200.000 hectáreas en el Chaco y varios departamentos de la región Oriental. Cartes sabe de negocios, y la explotación de la tierra está siendo una de las fortalezas de su grupo empresarial.

Esta intolerancia gubernamental y empresarial hacia el campesinado ha conducido rápidamente a dos nuevos desalojos en la comunidad de Guahory, uno el 27 de diciembre del año viejo y el otro el 3 de enero del año nuevo. En ambos operativos se ha reprimido, golpeado y detenido a varios campesinos y campesinas, quienes con el apoyo de la Federación Nacional Campesina y varios religiosos de la zona, venían luchando por reivindicar sus derechos a la tierra, que en definitiva es su derecho a la vida. Aún es época de siembra de la soja, y la soja necesita de la tierra, y los sojeros necesitan del fiscal y las huestes policiales para hacerse con ellas, y deshacerse de los tozudos campesinos y las tenaces campesinas, quienes a pesar de todo, resisten.

El dinero hace funcionar esta funesta alquimia que va haciendo desaparecer al campesinado de sus territorios, al menos por ahora. El fuego público-privado dirigido sobre Guahory quema, duele, asfixia, pero puede darse vuelta, si los vientos cambian de dirección, de rumbo.

Publicado originalmente en E`a