Pese su potencial transformador, la juventud latinoamericana ha sido excluida de la toma de decisiones y carece de oportunidades económicas, sobre todo en el medio rural. Sin embargo, integrando a las y los jóvenes podremos avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Colombia es un país joven. Uno de cada cuatro ciudadanos tiene entre 15 y 29 años y, sin embargo, rara vez se le presta un nivel de atención digno de su peso demográfico y, quizá más importante, de su potencial transformador.
El adultocentrismo imperante en gran parte de nuestras sociedades se traduce en su exclusión de la toma de decisiones y en su falta de oportunidades económicas. Tal es la normalización del fenómeno que no nos sorprende que la tasa de desempleo o la tasa de informalidad sean 10 y 8 puntos porcentuales, respectivamente, más alta entre los jóvenes que entre los adultos, aun cuando el porcentaje de población joven que ha concluido la educación secundaria es 20 puntos mayor.
La V edición del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, recientemente publicado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, evidencia el carácter regional de esta tendencia. Paradójicamente, en los últimos años, en América Latina se ha expendido el acceso a la educación, pero también las dificultades para la inserción laboral de las y los jóvenes.
En este escenario, la juventud latinoamericana enfrenta importantes lastres para desplegar sus capacidades, llevar a cabo sus planes de vida y contribuir al desarrollo de sus territorios. A esto se suma la desigualdad territorial que persiste al interior de los países y que lleva a que la situación sea especialmente crítica en determinados territorios. Ejemplo de ello es que la brecha intergeneracional de desempleo en el departamento de Sucre sea 5 veces mayor que en La Guajira. Y así lo constata el Informe de Rimisp.
Producto de la desigualdad territorial es también que en el ámbito rural los jóvenes enfrenten todavía más vulnerabilidades. Pese a que cuentan con mayor dominio de las nuevas tecnologías, están más conectados a zonas urbanas y cursan, en promedio, 3 años más de estudios que los adultos rurales, carecen de empleos de calidad y de falta de acceso a activos y recursos productivos. Estos factores constituyen una situación de exclusión de la juventud de las oportunidades y tomas de decisión y, en numerosas instancias, llevan a su expulsión de sus propios territorios. Estas dinámicas de exclusión y expulsión generan fuertes trabas a la contribución que los y las jóvenes puedan realizar a sus territorios.
De este modo, el desarrollo sostenible de los territorios dependerá en gran medida de su capacidad de integrar a la juventud en sus estructuras de oportunidades y en los espacios de toma de decisiones, y así incorporar su nuevas habilidades y perspectivas.
Esta es una gran tarea que involucra diferentes acciones. Como bien ilustra el Informe Latinoamericano, las intervenciones dirigidas a generar capacidades y acceso a recursos para los jóvenes resultan insuficientes, si no se acompañan de otras medidas a nivel territorial, que promuevan y posibiliten el despliegue de esas capacidades y un uso efectivo de esos recursos. Inversiones públicas en la expansión de servicios básicos, planes que impulsen la conectividad para abrir nuevos horizontes de oportunidades, medidas que incentiven la participación política y comunitaria de la juventud o el fomento de la diversificación de la estructura productiva de los territorios, son algunas de ellas.
En las y los jóvenes rurales reside un gran potencial de transformación y de cambio, característico de una generación más educada e innovadora, a la vez que arraigada a su identidad. Generar el entorno para el despliegue de este potencial es un desafío y a la vez una oportunidad para que los territorios avancen hacia un desarrollo inclusivo y sostenible en América Latina.
Blog publicado en La Silla Vacía