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Los impactos económicos del COVID-19 han generado que el Estado peruano agudice aún más en la priorización de las actividades extractivas por sobre la atención y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, el presente informe describe, a través de las medidas establecidas por el Estado, las políticas que se han impulsado en territorios indígenas, bajo el argumento de la reactivación económica, sin contemplar los efectos que éstas pueden tener a mediano o largo plazo sobre la vida, la salud y el cumplimiento de los derechos de los pueblos.
El desarrollo del informe gira alrededor de las acciones y omisiones del Estado frente a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para ello, se ha identificado cinco aspectos sobre los cuáles se aborda la puesta en riesgo de los derechos colectivos de los pueblos y sus posteriores consecuencias: (a) medidas estatales que afectan a los pueblos indígenas, (b) capacidad de supervisión oficial de las actividades corporativas, (c) inacción del Estado frente al avance de actividades ilegales, (d) situación de riesgo de líderes y defensores ambientales indígenas y (e) deforestación en ámbitos amazónicos del Perú.
Las medidas estatales que afectan a los pueblos indígenas se expresan en la flexibilización de la normativa ambiental, así como en los discursos e iniciativas que se propician tanto desde el poder legislativo como desde el poder ejecutivo; aunado a ello se ubica la irresponsabilidad de las empresas extractivas en territorios indígenas y la poca capacidad del Estado para supervisar el cumplimiento de sus propias reglas. El silencio del Estado frente al incremento de las actividades ilícitas en territorios indígenas amenaza y pone en riesgo la seguridad, vida y territorios de los pueblos. Solo desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta la fecha se ha registrado el asesinato de cinco líderes y defensores ambientales.
Por otro lado, desde los pueblos indígenas se evidencia cómo a través de sus propias estrategias de organización no solo han logrado hacer frente a la crisis generada por la pandemia; al mismo tiempo continúan enfrentando las emergencias ambientales, invasiones de sus territorios, y demandando el retorno del diálogo para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, previo al contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.