Los asesinatos de ambientalistas y defensores de la tierra aumentaron en 2017, México y Filipinas registraron incrementos preocupantes y Brasil tuvo el mayor número de casos en un solo año, dijo el martes la organización Global Witness.

Al menos 207 personas que defendían tierras y recursos frente a grandes negocios empresariales fueron asesinadas en 2017, comparadas con 201 del año anterior, según el grupo. Las estadísticas convirtieron a 2017 en el año con las cifras más altas de homicidios de esta índole desde que el grupo comenzó a compilarlas en 2015.

La organización señaló que sus estadísticas con seguridad están muy por abajo de las reales debido a las dificultades para identificar y confirmar este tipo de asesinatos.

En muchos casos, la demanda de los consumidores ha aumentado la presión para que los agronegocios amplíen las superficies dedicadas la producción de café, aceite de palma, caña de azúcar y otras cosechas rentables. Por primera vez, el número de activistas muertos en confrontaciones con los agronegocios rebasó el de fallecidos en choques con intereses mineros, según el informe.

"El número de asesinatos sigue en aumento, prueba clara de que los gobiernos y las empresas siguen sin dar prioridad a este problema ni mostrar seriedad para enfrentarlo”, dijo Ben Leather, autor del informe, a The Associated Press.

El hecho de que por primera vez haya habido más muertos en conflictos relacionados con los agronegocios “debería servir de llamada de atención a esas empresas y a quienes inviertan en la agricultura de gran escala de que deben mejorar y garantizar que su dinero no está financiando esta violencia”, agregó.

En Brasil, la lucha por el control de recursos de la Amazonia deriva con frecuencia en conflictos. Sigue siendo el país más peligroso para los defensores de la tierra, como lo muestran los 57 homicidios registrados en 2017, la cifra más alta en un solo año para cualquier país, según las estadísticas de Global Witness.

Pero también se dieron incrementos preocupantes en Filipinas, con 48 víctimas fatales _un aumento de 70%_, y en México, donde pasaron de tres a 15. De los 13 casos documentados en la República Democrática del Congo, todos a excepción de uno eran guardas forestales que protegían la vida silvestre.

En Filipinas, 20 homicidios estuvieron vinculados a los agronegocios, y hay indicios de participación de militares. En el informe se relacionan los asesinatos con los intentos del presidente Rodrigo Duterte de ampliar la agricultura industrial, en especial en la isla de Mindanao, donde se registró la mayoría de los homicidios y se decretó ley marcial. Ocho casos corresponden a indígenas taboli-manubo que se oponen a la ampliación de las plantaciones de café.

Un comandante militar filipino, el teniente general Benjamin Madrigal, dijo que las fuerzas armadas no toleran las ejecuciones extrajudiciales y que las tropas son necesarias para hacer cumplir las leyes ambientales y garantizar que las compañías consulten a las comunidades rurales que podrían resultar afectadas por las minas o los agronegocios.

El presidente Duterte ha declarado su disposición a confrontar a las grandes corporaciones, aun a costa de que el gobierno pierda ingresos que tanto necesita.

“Les advierto a los mineros irresponsables, y sus patrocinadores, que dejen de destruir nuestras cuencas, zonas de recarga, bosques y recursos acuáticos. Ya no podemos pescar en nuestros ríos. Hay contaminación en todas partes. Y ni siquiera de color café o blanco, sino negro”, afirmó el lunes el mandatario en un informe a la nación.

Casi la mitad de los activistas asesinados el año pasado en el sur de Filipinas se oponían a las actividades de plantaciones agrícolas propiedad de empresas, dijo León Dulce, de Kalikasan, un grupo filipino que da seguimiento a las agresiones contra ambientalistas. “¿Cómo puedes afirmar que defiendes la biodiversidad, el ambiente y los recursos naturales si los defensores en la primera línea del frente, como los indígenas y agricultores, se convierten en blanco de tu ejército y tu policía?”.

En México, los homicidios alcanzaron un récord máximo desde que comenzaron a llevarse estadísticas en 1997. Global Witness atribuyó dicho aumento al crimen organizado y a un entorno generalizado de impunidad, y señaló que el gobierno no ha implementado medidas de protección y leyes de gestión ambiental.

Esos factores no son nuevos en lo que toca a México, pero pueden tener un “efecto acumulativo” cuando la vasta mayoría de crímenes quedan impunes, afirmó Leather.

“Tras años de impunidad, los perpetradores se sienten más envalentonados que nunca porque cada día tienen más y más evidencia de que simplemente van a salirse con la suya con los homicidios”, agregó.

Según Leather, su organización ha documentado otros cuatro casos de asesinatos de defensores de la tierra en México en lo que va del año. Pidió al próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, que asume el cargo el 1 de diciembre, que dé prioridad a este problema.

Rodrigo Santiago Juárez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coincidió con las conclusiones centrales del informe. Los activistas de todas clases en México “se ven sometidos no solamente a agresiones, amenazas, asesinatos y desapariciones”, también enfrentan “un discurso público y estigmatización por parte de distintos sectores”, agregó.

Santiago dijo que la comisión ha emprendido una campaña para contrarrestar esa situación y apoyar el trabajo de la sociedad civil. Subrayó que desde 2012, el gobierno tiene en marcha el llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que incluye botones de pánico, sistemas de seguridad en casa y en algunos casos escoltas para unos 400 activistas y 300 periodistas.

“Es una medida que puede resultar de ayuda para muchas personas”, declaró Santiago. “Pero sabemos también que el mecanismo... por si solo no puede resolver todo. La mejor manera de resolver esta situación puede ser primero sancionando a los agresores”. También se pronunció por una mejora de las leyes para la explotación de los recursos naturales, y que se consulte a las poblaciones locales para efectuar esas actividades.

Global Witness también censuró en su informe al gobierno del presidente brasileño Michel Temer por revertir protecciones ambientales y reducir la financiación a instituciones que fomentan el respeto a los derechos de los indígenas y de los pequeños propietarios de tierras. Los grupos indigenistas afirman que las políticas gubernamentales han propiciado que los ganaderos, agricultores y taladores se apoderen de tierras en incursiones que a menudo devienen en enfrentamientos.

En un comunicado emitido el martes en la noche, el despacho de Temer puso en duda la metodología del informe y describió las críticas como noticias falsas. Por ejemplo, dijo, algunos de los homicidios que se mencionan estuvieron relacionados con disputas entre narcotraficantes.

El despacho de Temer se quejó de que el informe aprovechó conflictos aislados con los agronegocios para desacreditar a todo el sector, y señaló que el mandatario ha procurado la defensa del medio ambiente.

En Honduras, al que Global Witness ha descrito por años como el país más peligroso per cápita para los defensores de la tierra, cinco activistas fueron asesinados en 2017 en comparación con los 14 del año anterior.

La mejora en la estadística se dio tras al clamor suscitado en 2016 por el asesinato de Berta Cáceres, ganadora del prestigioso Premio Ambiental Goldman por su defensa de las tierras de los indígenas lenca frente a un proyecto hidroeléctrico. Dos años después, al menos nueve personas han sido arrestadas en relación al caso.

“El gobierno siente que tiene encima todos los ojos del mundo por motivos muy desafortunados tras el homicidio de Berta Cáceres, y los avances que por fin se han logrado en las pesquisas del caso son destacables, y deben tener como consecuencia la disuasión de otros asesinatos”, afirmó Leather.

Aunque disminuyeron los asesinatos de ambientalistas, aumentaron los casos de abuso policial y criminalización de las protestas, agregó.