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El papel de quienes acaparan la tierra es determinante en el hecho de que las personas trabajadoras, pueblos originarios, afrodescendientes y campesinas que habitan en el campo sufren ataques constantes contra sus vidas, sus entornos y sus medios de sostenimiento. La Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio frente al Extractivismo (Plataforma DDT) trabaja en el compromiso 10 de la ILC para América Latina y el Caribe (ILC-ALC) y está comprometida con la generación de información para sus más de 300 organizaciones miembro. En este marco, el presente informe regional para América Latina tiene la finalidad de fortalecer los procesos de lucha, incidencia y denuncia (nacionales e internacionales) respecto de la situación regional de defensoras/es, con mira a avanzar hacia la implementación de herramientas normativas que reconozcan y protejan de manera efectiva los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, la Madre Tierra y el Ambiente, poniendo especial énfasis en el Acuerdo de Escazú. Este informe, recoge los informes elaborados para Colombia, Guatemala, Honduras, Perú y la Región del Chaco (Argentina, Bolivia y Paraguay).
De ese modo, el presente documento avanza en el análisis efectuado por el informe anterior (2019-2020)2, para introducir una mirada de las principales tendencias, desafíos y recomendaciones acerca de la situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en América Latina y el Caribe. El informe hace un esfuerzo por explicar, con base en ejemplos y conceptos claros, el panorama actual de la situación de las personas defensoras de derechos humanos, mediante un recuento de diversos puntos de vista de fuentes diversas, que alimentan sus planteamientos.
En la primera parte, se sitúa el contexto actual de la región desde las perspectivas de los factores históricos de múltiples discriminaciones y exclusiones, que pasan por el racismo, el patriarcalismo y el clasismo, en sociedades divididas que mantienen los privilegios de pocas familias cuyas alianzas con empresas nacionales y transnacionales configuran un patrón de mantener a América Latina como la región más desigual del mundo. En ese marco, se analiza la situación de las personas defensoras del ambiente, la tierra/el territorio, con un enfoque de género respecto de la victimización a mujeres defensoras, los conflictos vigentes y la explicación metodológica de los distintos obstáculos que enfrentan las fuentes de bases de datos para cuantificar y examinar la dimensión del problema en los niveles mundial y regional, coincidiendo en que, aparte de los datos suministrados por las Oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los derechos Humanos, son las organizaciones no gubernamentales y coaliciones de la sociedad civil las que siguen produciendo información cuantitativa y cualitativa al respecto, dejando en claro que los esfuerzos de los Estados son contradictorios, limitados y ocultan información.
Por ende, en esta parte se explican, también, las responsabilidades de quienes perpetran los ataques contra estas personas defensoras, resaltando las obligaciones de los Estados como portadores de deberes según el derecho internacional ambiental y de los derechos humanos; así como las responsabilidades que caben a las empresas y al crimen organizado, una tendencia preocupante en toda la región, no exenta de vínculos con poderosos sectores económicos locales y mundiales.
En la segunda parte se analizan los instrumentos internacionales de protección a las personas defensoras de la madre tierra y el ambiente, con un énfasis en el estado actual del incipiente proceso de implementación del Acuerdo de Escazú en los países que lo han ratificado y las opciones realistas para los que no lo han hecho, señalando que, en todo caso, las personas de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas cuentan con los mecanismos y recursos de los organismos intergubernamentales de derechos humanos en el plano Interamericano y Universal.
En las conclusiones, se retoma la preocupación por la indefensión en que están las personas que defienden la tierra, el territorio y el ambiente, en especial quienes habitan en zonas rurales y la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de información, socialización de metodologías para la documentación de casos, identificando a los actores económicos, y buscando acciones de incidencia local, nacional, regional y mundial que permitan la protección y la autoprotección de estas poblaciones. Esta labor atañe no solamente a las ONG ambientalistas, de derechos humanos y de mujeres, sino a las organizaciones de base campesinas, indígenas y negras de toda América Latina y deben compartir las lecciones aprendidas en el litigio estratégico e ir más allá de él, para continuar la movilización por condiciones de vida dignas. Es decir, mantener la visión del uso estratégico de los instrumentos de defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho humano a un ambiente sano,para hacer realidad la posibilidad de defender la madre tierra, dentro de un concepto de buen vivir (o vivir sabroso).