Por:  ROMÁN MEYER FALCÓN

La lucha agraria en México tiene una historia que ha transitado distintas épocas, con hitos que han marcado, definitivamente, el rumbo del desarrollo nacional. Lo que une a esta causa es la salvaguarda de los derechos sobre la tierra y un compromiso con el bienestar de los millones de personas que viven del campo en nuestro país.
La búsqueda de justicia agraria tiene sus raíces en el Plan de Ayala, promulgado por Emiliano Zapata en 1911. Por su parte, Venustiano Carranza emitió la primera Ley Agraria de la Revolución el 6 de enero de 1915. Estos ordenamientos, los más importantes desde las Leyes de Reforma, dieron sustento al artículo 27 de la Constitución de 1917, cuyos preceptos sobre la propiedad social de la tierra, la justicia y la vida comunitaria han sido reconocidos mundialmente.
Más de cien años después, la lucha campesina y el agrarismo continúan vigentes en México. Por ello, la labor que hacemos desde el sector de desarrollo, con la Sedatu a la cabeza, se propone incidir positivamente al interior de los núcleos agrarios y los territorios de los pueblos originarios.
Un ejemplo de ello es el trabajo con el que participamos dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Hace apenas unos meses se hizo entrega de las primeras 2 mil 943 hectáreas a las autoridades tradicionales de los ocho pueblos en Sonora, contribuyendo a saldar una deuda histórica con estas comunidades.
Del mismo modo, el Registro Agrario Nacional (RAN) logró atender a 623 mil 979 sujetos agrarios en el último año. Además, pese a los retos impuestos por la contingencia sanitaria, realizó 229 jornadas agrarias itinerantes a nivel nacional, beneficiando a 32,683 ejidatarios y comuneros.
El RAN y la Procuraduría Agraria (PA) también han jugado un papel estratégico en el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura del sexenio, que desde la perspectiva de desarrollo son oportunidades únicas para regularizar la propiedad de la tierra y ordenar el territorio. Como acompañamiento al desarrollo
del Tren Maya, se brinda información agraria y productiva, así como acciones de ordenamiento territorial para los 7 tramos y más de 150 núcleos agrarios involucrados. También se han realizado acciones de medición, integración de expedientes y expedición de copias certificadas para regularizar la propiedad social. Todo ello se integra a los polos de desarrollo de bienestar para el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Por su parte, el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) ha ordenado 208 núcleos agrarios, beneficiando a casi 40 mil sujetos de derecho y amparando 114,662 hectáreas en conjunto. Además de estas acciones, desde el inicio del sexenio el Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural (Cosomer) ha suscrito 37 convenios de finiquito, equivalentes a una superficie de 9 mil hectáreas y favoreciendo a 8 mil 446 sujetos agrarios.
Asimismo, el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) ha entregado más de 590 millones de pesos a titulares de derecho este sexenio, con lo que suma más de 31 mil beneficiarios.
Además de lo anterior, en los últimos tres años, la Procuraduría Agraria ha representado a más de 84 mil 500 sujetos en juicios, solucionando más de 6 mil conflictos mediante conciliación, arbitraje y mediación y beneficiando a más de 3.2 millones de personas.

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