El mencionado proyecto de ley busca reformar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para reformar los desalojos policivos de inmuebles. Esto atribuye mayores facultades a las autoridades de Policía, a la vez que reconoce como nuevas autoridades de Policía a autoridades ambientales para que expulsen de manera forzada a ocupantes de áreas de reserva forestal, áreas protegidas y áreas de especial importancia ecológica. Facultades que pueden ser implementadas de manera discrecional (léase "arbitraria) en cualquier tiempo para perseguir y desalojar a todo ocupante de estas áreas.

Lo peor del proyecto

1. Se atribuyen mayores poderes de policía a autoridades con altos cuestionamientos sobre abuso de autoridad. Justamente tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomendó al Estado colombiano reformar su sistema de Policía debido a las arbitrariedades y abusos cometidos en el marco del Paro Nacional de abril del presente año, se siguen aprobando enormes facultades discrecionales a estas autoridades que, sin control ni supervisión judicial, toman decisiones que afectan derechos humanos de las poblaciones más desfavorecidas.

2. Se viola el derecho al debido proceso y acceso a la justicia de las poblaciones campesinas al tramitar con facultades policivas y discrecionales desalojos forzosos, lo cual debería ser objeto de decisión por parte de jueces de la República que den garantías y salvaguarden a estas poblaciones de especial protección constitucional (La Corte Constitucional Reconoció al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional dada su alta discriminación y desigualdad social Sentencia C-077/17). Esto sumado al hecho de que no se ha aprobado en Colombia la jurisdicción agraria prometida en el Acuerdo Final de Paz para resolver los conflictos agrarios territoriales constituye una violación del Estado del derecho a la justicia de las comunidades rurales (el proyecto de ley que creaba la jurisdicción agraria fue hundido en la anterior legislatura).

3. Elimina el término de 48 horas establecido en el código para implementar la acción policiva, dejando abierto el término para hacerlo en cualquier tiempo. Esto desconoce el carácter correctivo y no definitivo que tienen las acciones de policía para responder de manera inmediata a situaciones de facto de perturbación de la propiedad o posesión de la tierra. Tradicionalmente, las acciones de policía para la protección de la tenencia y la propiedad tenían términos de 15 días y de 4 meses para ser presentadas, con el fin de que la intervención de la Policía se destinara única y exclusivamente a corregir la situación de facto con inmediatez.

Inclusive las acciones más profundas, que sí alteran la situación de derechos territoriales de los ocupantes, poseedores o tenedores de inmuebles, se tramitan a través de acciones judiciales llamadas acción posesoria y acción reivindicatoria, para las cuales se establecen términos de caducidad de un año y cinco años respectivamente. Con este cambio, estas facultades podrían ser utilizadas de manera arbitraria e irresponsable, dando lugar a decisiones que vulneren derechos de las comunidades.

Esta reforma representa una amenaza seria para las comunidades

El Estado tiene una enorme deuda histórica con las comunidades campesinas e indígenas en el reconocimiento de sus derechos territoriales

El balance de la implementación del Acuerdo de Paz en los elementos de acceso a tierras y formalización de propiedad muestra los pocos resultados a favor de estas comunidades. Según la Procuraduría General de la Nación, el área formalizada, es decir, en donde se han reconocido títulos de propiedad a los ocupantes y poseedores de tierras en el periodo 2017-2020 sería de 913.548 hectáreas, de las cuales 845.857,8 hectáreas correspondieron a resguardos indígenas, 6.873,4 hectáreas a titulación colectiva a comunidades negras y el remanente, 60.818 hectáreas, a familias campesinas. Con esa suma no se ha logrado ni un millón de hectáreas de las siete millones que deben ser intervenidas según el Acuerdo de Paz.

Según la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, hay un rezago en la atención de 2.285 procedimientos territoriales indígenas en curso que no han sido tramitados por el Estado. La misma directora de la Agencia Nacional de Tierras reconoció que tiene más de 40 mil cajas de expedientes con solicitudes territoriales sin abrir en sus oficinas.

Las áreas ambientales ocupan el 60 por ciento del país si sumamos las áreas protegidas -Decreto 2372 de 2010-  que incluyen parques nacionales naturales, parques regionales, áreas de reserva forestal protectora, áreas de recreación, distritos de conservación de suelos y reservas naturales de sociedad civil, las áreas de especial importancia ecológica -que no son áreas protegidas y que incluyen las reservas forestales de Ley 2 de 1959- las áreas forestales productoras y áreas protectoras productoras; y las estrategias complementarias de conservación que incluyen Páramos y Ramsar, entre muchas otras áreas que pueden ser creadas por cualquier autoridad municipal. 

Una gran parte del territorio nacional puede ser objeto de estas nuevas facultades policivas para hacer desalojos forzados en cualquier tiempo, poniendo en riesgo a una gran cantidad de población rural que está en informalidad en estas áreas.

Para hacer una aproximación breve a la dimensión de este problema tenemos que, de las 114 millones de hectáreas que tiene el territorio colombiano, 18’856.884 hectáreas terrestres corresponden a 1.366 áreas protegidas y 48’275.517 hectáreas a las reservas forestales de Ley 2 de 1959. Así, sólo con estos dos indicadores, tenemos que cerca del 60 por ciento del país estaría inmerso en este conflicto de uso, que podría ser tramitado con una medida excesiva como los desalojos forzados.

Los desalojos forzados constituyen una violación de los derechos humanos

Según la Comisión de Derechos Humanos, “la práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada”. El desalojo forzoso se define como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos, según la Unesco.

En Colombia ha sido un repertorio común usar desalojos para despojar campesinos y pueblos étnicos. Incluyen graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a verse libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación.

Militarización de la función ambiental

En desarrollo de la operación Artemisa que cambió el cuidado, gestión y gobernanza del medio ambiente por la militarización y restricción de libertades, derechos y garantías de las poblaciones, se militarizó el ejercicio de la función ambiental, apostándole a la represión y criminalización de los ocupantes de la Amazonía como mecanismo estrella para la prevención de la deforestación.

En esta región se han ejecutado ocho operativos entre octubre de 2018 y 2020 en Guaviare, Meta y Caquetá, con cerca de 70 personas capturadas, en su gran mayoría campesinas a costa de una serie de atropellos en contra de la población como destrucción y quema de sus viviendas y enseres.

Un alto costo económico y humano, tomando en cuenta que la deforestación del último año en la Amazonía fue de 140 mil hectáreas según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y que, con estos operativos de enorme gasto público, solo se intervinieron alrededor de cinco mil hectáreas, que ni siquiera han sido recuperadas o restauradas ecológicamente.

Represión en lugar de resolución

Esto se suma a la Ley 2111 de 29 de julio de 2021, que creó nuevos delitos ambientales y agravó penas de prisión con la excusa de mitigar la deforestación, reforma al Código Penal que puede ser destinada a la criminalización de los pobladores campesinos ocupantes tradicionales de territorios sin títulos de propiedad. Así, el Estado, además de negligente con la garantía y el acceso progresivo a la tierra de las comunidades más desfavorecidas del campo, de manera intencional los reprime y criminaliza.

En el Acuerdo de Paz se estableció la necesidad de buscar salidas a los conflictos socioambientales a través de mecanismos como la zonificación ambiental, la sustracción de reservas forestales para la asignación de tierras a poblaciones campesinas, la jurisdicción agraria y los planes de desarrollo sostenibles de las zonas de reserva campesina. Todo en una óptica de establecer arreglos de restauración ecológica con la participación privilegiada de las comunidades locales como protagonistas de la gestión y gobernanza ambiental.

En todos estos frentes se sigue incumpliendo el Acuerdo de Paz mientras se avanza firmemente con acciones restrictivas como las de este proyecto de ley, con más garrote para las comunidades campesinas, indígenas y afro. ¿Para cuándo la zanahoria?

Blog publicado en La silla vacía

Foto : Colombia informa