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El año 2016 estuvo marcado por grandes turbulencias políticas. Varios acontecimientos hicieron peligrar los modelos de desarrollo convencionales y la primacía de los derechos humanos: el Brexit, la respuesta europea a la incesante crisis de los refugiados, la elección de Rodrigo Duterte en Filipinas y la de Donald Trump en Estados Unidos, el incierto camino de Colombia hacia la paz, el aumento de los asesinatos y la persecución de los defensores de los derechos sobre la tierra, la restricción del espacio democrático y los graves conflictos civiles que existen en Brasil y Etiopía por los derechos sobre la tierra. Además, a pesar de la inminente crisis climática, muchos gobiernos se opusieron a los compromisos de actuar o incluso redujeron los que ya habían adquirido.
Pero en medio de estas crisis políticas y estos retrocesos de los gobiernos, al menos hubo una tendencia mundial coherente y alentadora: el creciente reconocimiento de que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra son fundamentales para garantizar la paz y la prosperidad, el desarrollo económico, las inversiones sensatas, y la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias.
