La defensa de la tierra y del medio ambiente en Guatemala, ante constante riesgo

Los defensores y defensoras del medio ambiente y los recursos naturales en Guatemala se enfrentan a graves peligros y en muchos casos pagan su lucha con su propia vida, denunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en fecha reciente. Tan solo este año la entidad internacional ha recibido información de al menos 5 ataques contra ecologistas.

En 2016 murieron en la región 122 ambientalistas de forma violenta, de acuerdo con un informe publicado por la organización Global Witness. Seis de cada diez de los 200 asesinados el año pasado en el mundo eran latinoamericanos.

El documento ubica a Guatemala como décimo país con más muertes de ecologistas en 2016, con seis casos reportados.

En ese contexto, la CIDH pronunció su preocupación e hizo un llamado para que el Estado de Guatemala asuma un compromiso para cesen los ataques contra estas personas.

“Los expertos –de la CIDH – recuerdan que los Estados deben luchar contra la impunidad de los ataques contra las y los defensores de derechos humanos mediante investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada”, reza un comunicado de la Comisión.

“Asimismo, los Estados deben prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio y garantizar que en todas las circunstancias puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción”, agrega el texto.

EL ORIGEN DE LA CONFLICTIVIDAD

Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), se manifestó ante el pronunciamiento de la CIDH e indicó que los ataques y amenazas contra ambientalistas han venido agravándose en los últimos años. Además, señaló que una gran cantidad de presos políticos en el país tienen causas relacionadas a la defensa de la tierra, el medio ambiente y territorio.

“La mayor causa de asesinatos contra defensores de derechos humanos y de criminalizados, fundamentalmente presos políticos en el país, ha estado vinculado a la defensa del territorio”, dijo Santos, quien agregó que son constantes los ataques contra estas personas.

Para el activista, en Guatemala existe un modelo económico impuesto que no permite la defensa de los derechos humanos y de los intereses colectivos, por los cuales se manifiestan muchas comunidades del país, sobre todo aquellas que se ven afectadas por la industria extractiva.

Estas situaciones han sido generadas porque el Estado de Guatemala no es capaz de respetar el marco legal vigente en el país, según Santos, lo que queda evidenciado en la no realización de las consultas comunitarias previo a la instalación de un proyecto para explotar y extraer los recursos naturales.

“La Corte de Constitucionalidad ha sido enfática al referir que todos los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala forman parte de su marco jurídico institucional, y al no darle cumplimiento a estos convenios internacionales se está violando la Constitución Política de la República y se está cayendo en ilegalidades”, asegura.

El entrevistado considera que la no realización de una consulta previa e informada, además de no efectuar estudios de impacto ambiental y no permitir que las comunidades expongan sus oposiciones al momento de la disposición sobre licencias de exploración o explotación, provoca que las poblaciones entren en resistencia para la defensa de sus derechos.

“De ese marco es de donde se produce la violencia por estos actores del capital y del Estado guatemalteco”, dijo Santos.

PDH DICE QUE ES UNA TAREA PENDIENTE

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, dijo que los ataques contra defensores y defensoras del medio ambiente ha sido una preocupación en los cinco años de su gestión al frente de esa institución.

“Vemos con mucha preocupación que seguimos privilegiando cualquier otro tipo de actitudes violentas, de acoso, de hostigamiento y dejamos siempre por un lado el respeto. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos como Estado”, señaló.

El Procurador considera que el hecho de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos esté pendiente, esté alertando y esté haciendo llamados de atención al Estado de Guatemala por estos casos es una prueba de que la protección a estos defensores y defensoras es una tarea pendiente para el país.

Para de León Duque, la CIDH viene a ser ese mecanismo que actúa cuando la jurisdicción ordinaria guatemalteca no da respuesta y considera que es “penoso” que en una gran cantidad de casos, sobre todo cuando son violaciones a los derechos humanos, se tenga que acudir a dicha entidad internacional.

El PDH no quiso entrar en detalles de los casos denunciados por la CIDH, sin embargo, fue enfático en asegurar que el Estado debe asumir su responsabilidad de dar una respuesta en el marco de la legalidad y en el marco del respeto de los derechos humanos.

Por último, aseguró que el Estado tiene una deuda pendiente, no únicamente en cuanto a la protección de los defensores del medio ambiente, sino en todos los aspectos relacionados a los derechos humanos, ya que hay muchas sentencias del Sistema Interamericano pendientes de que se ejecuten.