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Los beneficios de la competencia institucional se alcanzan bajo ciertas normas que impiden la violación de derechos y la depredación de los recursos. La competencia horizontal puede tomar la forma de agresión violenta entre jurisdicciones (guerra) o la de cooperación y comercio. Su impacto puede ser “negativo” si substrae recursos de gobiernos benevolentes comprometidos con el bienestar general de la comunidad, pero “positivos” si se los considera como otra forma de controlar el Leviatán. La competencia vertical muestra los mismos controles “positivos” potenciales y la misma necesidad de ciertas reglas para cumplir ese papel. Son similares a la definición estricta del derecho de propiedad que resuelve la “tragedia de la propiedad común”. De otra forma puede crear una situación donde los contribuyentes son abusados por distintos niveles de autoridad fiscal como muestra el caso argentino.