Private sector agricultural extension has expanded rapidly in many developing countries in the wake of drastic funding cuts made to public extension systems in the 1980s and 1990s. Motivated by the increase in sales or contract farming revenues that extension can generate, private providers include seed and input companies, distributors and dealers, service providers, food processors and retailers, and mobile phone companies. Mixed public-private systems are now becoming common. How well can the private sector fill the gap left by dysfunctional public systems?

Agriculture and climate change are inextricably linked. Agriculture is part of the climate change problem, contributing about 13.5 percent of annual greenhouse gas (GHG) emissions (with forestry contributing an additional 19 percent), compared with 13.1 percent from transportation. Agriculture is, however, also part of the solution, offering promising opportunities for mitigating GHG emissions through carbon sequestration, soil and land use management, and biomass production.

Recientemente, se ha renovado el interés en fomentar el desarrollo agrícola sostenible unido a una búsqueda de políticas e innovaciones institucionales que lo favorezcan. Los pagos por servicios ambientales (PSA) son un instrumento normativo relativamente nuevo y diseñado para incentivar la provisión de externalidades positivas para el medio ambiente. Este artículo pretende evaluar la experiencia y el potencial de los programas de PSA en apoyo del desarrollo agrícola sostenible.

Axel C. Dourojeanni, es un experto Internacional en Gestión Integrada de Cuencas y Recursos Hídricos. Actualmente se desempeña como Senior Consultant de la Fundación Chile en los temas de su especialidad. Su experiencia en el tema de gestión de cuencas, recursos hídricos, recursos naturales y ambiente, lo ha llevado a asesorar las políticas hídricas en numerosos países de la región por mas de 30 años. Es author de numerosas publicaciones en temas de manejo de cuencas, gestión de recursos hídricos y de recursos naturales en general.

Décadas de escasa inversión pública en agricultura han debilitado la capacidad de los agricultores para hacer frente a la volatilidad de los precios, a los cambios climáticos y económicos, o para poder salir por sí mismos de la pobreza. Sin embargo, los donantes y los gobiernos deben considerar la inversión en agricultura como parte de la solución a largo plazo frente a las crisis alimentaria, financiera y climática.

Este informe de políticas se propone informar a los negociadores en dónde se sitúa la agricultura en el marco de las negociaciones actuales y proporciona algunas propuestas sobre cómo ésta podría abordarse en un acuerdo mundial sobre el cambio climático. El informe se basa en la presentación más técnica y exhaustiva acover_page por la FAO al Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo (AWG-LCA), antes de su Cuarta Sesión (FAO, Enabling agriculture to contribute to climate change mitigation, 6 de febrero de 2009).

“En el corto plazo, la agricultura es capaz de amortiguar la crisis económica y, en el largo, de ser un factor estratégico para impulsar el desarrollo y enfrentar el desafío de la seguridad alimentaria. Para lograrlo, la agricultura debe ser revalorada, lo cual debe traducirse en mayores y mejores inversiones en el sector rural”. Chelston W.D.

El decrecimiento nos revela que para la ciencia económica el medio ecológico en el que se desarrolla el proceso económico no existe. La economía deja fuera de sus modelos a la biosfera. Esta ceguera explica que el “desarrollo” occidental haya sobrepasado desde finales de los años 80 las capacidades de carga de la tierra. No sólo para nosotros el planeta no existe, sino que vivimos como si tuviéramos varios a disposición.

El documento es un análisis especializado del nuevo texto Constitucional en lo que a Desarrollo Rural Sustentable se refiere y forma parte de MIRADAS, libro publicado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (VPEP), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEAInternacional) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),

Esta publicación conjunta de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y ha sido elaborada para la decimonovena Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebró en Estoril, (Portugal), los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2009.

Mediante este trabajo, la Comisión Agricultura y Alimentación de Coordinación SUD entiende reposicionar las agriculturas familiares en el centro de las preocu-paciones de desarrollo en los países del Sur. El mismo destaca las ventajas de las agriculturas familiares en términos de empleo, de reducción de la pobreza, de eficacia económica, de seguridad alimentaria, de preservación del medio ambiente y de estructuración del medio rural. Esta argumentación se construye a partir de un estudio bibliográfico y de estudios de caso realizados por las contrapartes de los miembros de la Comisión.

El hambre y la pobreza absoluta continúan teniendo una mayor presencia en aquellos cityes en donde se generan productos agropecuarios: en las zonas rurales. Por ende, una campaña efectiva de erradicación de la pobreza debe estar enmarcada, entre otros factores, dentro de un proceso integrado de desarrollo rural. En las regiones rurales es posible garantizar la alimentación de forma sostenible, si existe una conjunción de los factores de desarrollo macroeconómicos, sociales y agrícolas.