Venezuela - Contexto y Gobernanza de la Tierra

^{Mar en Venezuela, foto de Paramita, Flickr, CC BY 2.0}

La crisis económica del país ha tenido un fuerte impacto en la población. Más de 5 millones de venezolanos han salido del país desde 2015.⁵ En 2020 la población era de más de 28 millones de personas⁶. Su composición étnica se distribuye, de acuerdo a cifras y categorías incluidas en el Censo de Población de 2011, en 51% morenos, 43% blancos, 2,8% negros, 2,7% % indígenas, 0,7% afrodescendientes y 1,2% otros. ⁷ 

Los contrastes también se reflejan en la polarización política venezolana. Tras la caída del precio del petróleo en 1983 y la implementación de medidas de ajuste estructural en los 80 y 90 para afrontar la crisis de la deuda externa, en 1999 la Revolución Bolivariana, iniciada por el presidente Hugo Chávez y continuada por el actual gobierno de Nicolás Maduro, implicó un cambio de paradigma basado en el rechazo al capitalismo y en la centralización del poder en el Estado. 

La gobernanza de la tierra en las últimas dos décadas es fiel reflejo de dicho cambio. Fundamentalmente ha consistido en grandes expropiaciones de tierra y en el control del Estado en su gestión bajo los principios de la función social de la tierra, la seguridad alimentaria de la población y la idea de que la tierra es para el que la trabaja. A pesar de las políticas del gobierno por garantizar la seguridad alimentaria de los venezolanos, 79.3% no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos según la Encuesta de Condiciones de Vida 2019-2020.⁸ Según la misma encuesta, en 2020 solo el 3% de los hogares está libre de la inseguridad alimentaria. Recientemente, una situación económica insostenible está virando las decisiones gubernamentales hacia la búsqueda de inversores y la devolución de algunas expropiaciones. El Estado mantiene el control sobre el petróleo y los minerales.

Sin ser el medioambiente ajeno a esta realidad debido al impacto medioambiental de actividades ilegales como la minería, por ejemplo, Venezuela también es sinónimo de biodiversidad. El país ocupa la novena posición del mundo en diversidad de animales, plantas y ecosistemas, y la séptima en aves. Sus 912.050 km2⁹ de superficie son hogar de más de 117.000 especies registradas que habitan en hábitats que van desde las montañas de los Andes, hasta la selva del Amazonas, las planicies de los Llanos y las costas del Caribe y el Atlántico. ¹⁰

Legislación sobre tierra

La Constitución de Venezuela, de 1999, garantiza el derecho de propiedad, la cual debe tener fines de utilidad pública o de interés general. De lo contrario, ésta puede ser expropiada por el Estado mediante sentencia firme y justa indemnización (Art. 115). 

La política de expropiación de tierras por los gobiernos de Chávez y Maduro ha sido calificada de violar el derecho de propiedad y de no realizarse con la debida indemnización como dicta la Constitución. Leyes aprobadas en los últimos años han facilitado el actuar del gobierno para llevar a cabo lo que se conoce como “expropiaciones exprés”.¹¹ Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, de 2008, hace posible la adquisición forzosa de bienes relacionados con el sector sin necesidad de obtener autorización por parte de la Asamblea Nacional ¹². Y la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios permite al Ejecutivo declarar todos los bienes de utilidad pública con la condición de que se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado.¹³ 

La principal ley sobre tierra es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de 2001 con reforma parcial en 2010. Dicha ley está motivada por la redistribución de tierras ociosas o baldías y el aumento de la productividad de la tierra con el fin de garantizar la seguridad agroalimentaria ¹⁴. Con este objetivo la ley introduce elementos como la exigencia de productividad como condición para mantener la propiedad agraria, y pretende eliminar tipos de tenencia considerados contrarios a estos fines. Por ejemplo, tanto la legislación sobre tierra como la Constitución venezolanas se manifiestan opuestas al latifundismo por ser contrario al interés social (Constitución, Art. 307). Por latifundio se entiende la extensión de tierras que supere el promedio de ocupación de la región o no alcance un rendimiento idóneo del 80%.¹⁵ La Ley de Tierras, además, pretende eliminar la tercerización por considerarla contraria a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo (Art. 1)¹⁶. Por terciarización se entiende la forma de aprovechamiento de la tierra para uso agrícola que se delega u otorga a un tercero el derecho de usufructo sobre ésta o el mandato de trabajarla a través de la constitución de sociedades, arrendamientos, comodatos, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo u otra forma (Art. 7). El principio sobre el que se basa dicha posición es que “la tierra es para el que la trabaja”. Así, esta ley prioriza satisfacer las necesidades de la población a las expectativas del mercado o el enriquecimiento.

Según algunas voces críticas, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario viola disposiciones constitucionales sobre el derecho a la propiedad y amplía el poder del Estado al otorgarle la capacidad para asumir directamente la producción, industrialización, distribución, intercambio y comercialización de la producción agrícola¹⁷. Ello se justifica por la asociación de la producción agrícola con el principio de seguridad alimentaria de los venezolanos, el cual a su vez se desarrolla sobre la base de la soberanía alimentaria, y la distribución justa de bienes. El principio de soberanía alimentaria implica el desarrollo y privilegio de la producción agropecuaria interna, considerada fundamental para el desarrollo económico y social de la nación (Art. 305 Constitución).

La Ley de Tierras también reconoce el derecho a la adjudicación de tierras. En concreto las tierras agrícolas del Instituto Nacional de Tierras (INTI) pueden ser objeto de adjudicación, dando el derecho de propiedad agraria al receptor de la tierra. El derecho de propiedad agraria permite al campesino o campesina usar, gozar y percibir los frutos de la tierra, se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación (Art. 12). Entre los beneficiarios preferenciales a la adjudicación de tierras están las personas que hubieran permanecido por un periodo ininterrumpido superior a tres años trabajando tierras privadas en régimen de terciarización cuando éstas fueran expropiadas por el INTI, así como los ocupantes históricos de las tierras que trabajan en condiciones de ocupación precaria.

Los asentamientos urbanos están regulados por la Ley Especial de Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares de 2006.¹⁸ Dicha ley reconoce el derecho de preferencia en caso de venta al municipio para transferir la propiedad que un titular quiera enajenar a un tercero a la comunidad respectiva con fines de interés y uso colectivo (Art. 19). Si recibida la oferta el municipio no responde al interesado en 15 días hábiles, el derecho de preferencia queda desistido.

Clasificación de la tenencia de la tierra

En Venezuela existen los siguientes tipos de tenencia de la tierra: propiedad privada, arrendamiento, aparcería, medianería, pisatario u ocupación ¹⁹. Los aparceros dan al propietario de la tierra una parte de la cosecha producida por ellos, y que en el caso de la medianería es la mitad. Los pisatarios usan temporalmente tierras públicas o privadas sin pagar en dinero o en especie a los propietarios por su uso. La ocupación ilícita puede ser consolidada o no consolidada dependiendo del tiempo que dure.

Según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las tierras privadas deben someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo a los planes de seguridad agroalimentaria del Ejecutivo (Art. 2). La Ley garantiza la permanencia de los campesinos y campesinas en las tierras privadas que trabajan, aunque no sean de su propiedad, en forma de contrato o negocio con el propietario por un mínimo de tres años (Art. 14).

Las tierras con vocación de uso agrario deben registrarse en el Registro Agrario Nacional dependiente del Instituto Nacional de Tierras ²⁰. El registro no se puede hacer si el polígono cae sobre un cuerpo de agua, río, lago o laguna, o si el predio se ubica dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANAPRO) o en tierras de pueblos y comunidades indígenas. En caso de que se sitúe en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) se podrá hacer con observaciones ²¹.

Derechos colectivos sobre la tierra

La Constitución venezolana reconoce a los pueblos indígenas los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Dichas tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles (Art. 119) ²². La Constitución establece que el aprovechamiento de los recursos naturales se hará sin lesionar la integridad de dichos pueblos y de acuerdo a previa información y consulta con las comunidades indígenas (Art. 120).

Las tierras indígenas son reguladas por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 2005.²³. De acuerdo a dicha Ley, corresponde al Ejecutivo, con participación indígena, la demarcación de las tierras indígenas, en la que se tendrán en cuenta las realidades etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponimia indígena (Art. 23). Las tierras indígenas no pueden calificarse como baldías, ociosas o incultas con el fin de ser afectadas o para la adjudicación a terceros, y tampoco las aguas que utilizan (Art. 26).

Tanto la Ley de Pueblos Indígenas (Art. 11) como la Ley de Bosques (Art. 26) reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en las actividades de aprovechamiento de recursos naturales o proyectos de desarrollo a ejecutarse en tierras indígenas. La Ley de Bosques, de 2013, establece que el desarrollo forestal debe respetar la diversidad cultural y la pluralidad de los pueblos (Art. 2) ²⁴. Los recursos del subsuelo son propiedad del Estado.

Rights and Resources Initiative estima que, en 2020, la superficie sobre la que los pueblos indígenas tienen sus derechos reconocidos es del 3.2% del total nacional, y en el 44% de la superficie los derechos indígenas no están legalmente reconocidos.²⁵ Los indígenas en Venezuela siguen luchando por defender sus tierras ante la falta de protección del Estado. En los estados Amazonas y Bolívar, por ejemplo, comunidades pemón, piaora, ye´kwana y sanemá se han organizado en un “cuerpo de resistencia civil” para protegerse de mineros ilegales e invasores de sus territorios vinculados a las guerrillas y al crimen organizado, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).²⁶

El Estado no reconoce la titularidad de las tierras ancestrales de los afrodescendientes venezolanos. A pesar de la vulnerabilidad de dichas comunidades en este sentido, los derechos a la tierra no han sido reivindicados como en el caso indígena. La falta de movilización social al respecto es calificada por algunos autores como “pasividad política” debido quizá al desapego de dichas comunidades a su tierra como podrían demostrar el abandono de la agricultura en pequeña escala, la venta de terrenos, la adopción de un estilo de vida urbano y la invasión de terrenos por parte de personas ajenas a las comunidades ²⁷.

^{Pico Bolívar, foto de David Hernández, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0}

Tendencias en el uso de la tierra

Más de la mitad del territorio de Venezuela, el 52,4% en 2020, es área selvática²⁸. Este porcentaje ha disminuido progresivamente desde 1990 cuando era del 59%. Según Global Forest Watch, desde 2000 la cobertura arbórea de Venezuela disminuyó un 4.1%, principalmente en Bolivar pero también en Zulia, Monagas, Amazonas y Anzoátegui ²⁹. Algunas de las causas de dicha disminución son la deforestación y los incendios. No se han encontrado datos oficiales sobre deforestación pero según la organización Provita, entre 2010 y 2015, se deforestaron 2.822.000 hectáreas ³⁰. Estudios realizados por Provita indican que la deforestación fue la causa de la pérdida del 1% de la cobertura forestal en la Amazonía venezolana de 2000 a 2020 ³¹. Las principales causas de dicha deforestación son la agricultura y la minería. El uso agropecuario es el más extendido ocupando el 2.3% de la Amazonía, aunque, según Provita, su expansión anual se ha reducido en los últimos diez años. A su vez, la expansión del terreno agrícola no ha conllevado necesariamente un incremento de la producción agrícola debido al abandono de las tierras a los pocos años. La minería ocupa una extensión reducida en la Amazonía (0,1%), aunque de 2000 a 2020su expansión ha crecido el doble. El estado más afectado por ambas actividades es Bolivar, que concentra el 89,4% de la actividad agropecuaria y el 97% de la minería en la Amazonía venezolana. ³² 

En relación a los incendios, según información de Global Forest Watch, entre el 24 de mayo de 2021 y el 16 de mayor de 2022 se registraron 12.045 alertas de incendio, considerando únicamente las alertas de alta confianza.³³  Se considera un número normal en comparación con años anteriores.

El 24,4% de Venezuela son tierras agrícolas, porcentaje que se ha mantenido prácticamente invariable desde inicios de los años 90 ³⁴. El uso de la tierra con fines agrícolas en Venezuela está limitado por los usos reconocidos conforme a los fines de la Ley de Tierras. No se consideran usos conforme a ley: 1) la utilización de la tierra contraria a los planes naciones de desarrollo y seguridad alimentaria; las actividades agrícolas contrarias a las que corresponda según la clasificación de los suelos establecida para cada rubro; 3) las tierras aprovechadas a través de la terciarización; 4) tierras dentro del área de influencia de proyectos agroproductivos o agroecológicos de carácter estratégico desarrollados por el Ejecutivo, cuando su uso sea contrario a los objetivos del respectivo proyecto (Art. 35).

El tipo de cultivos también está determinado por los rubros establecidos por el Estado como necesarios para satisfacer la seguridad alimentaria. En el momento de la aprobación de la Ley de Tierras en 2001, las prioridades agroalimentarias establecidas por el Estado estaban dirigidas a la producción de proteína animal (carne, leche y huevos), de cultivos oleaginosos y de cereales. Entre los planes del gobierno también estaba promover la producción de maíz, aumentar el consumo de arroz y disminuir el del trigo ³⁵. En 2020, los cultivos de mayor producción fueron la caña de azúcar (2.619.188 toneladas), el maiz (1.552.359 t), el banano (884.207 t), plátanos y otros (720.998 t) y aceite de nuez de palma (503.228 t), representando 53.4% de la producción nacional total ³⁶. Los cultivos que ocupan mayor superficie de tierra son el maíz (444.627 ha), el café verde (162.807 ha) y el arroz con cáscara (122.368 ha). ³⁷ 

En cuanto a la ganadería, en 2020 había 10.842.004 bovinos, siendo los estados de Zulia y Apure los de mayor población ³⁸. Según varios estudios recientes, la preocupación por la producción y distribución de proteínas continua veinte años después. El promedio de consumo de carne por año es de 7 kilos por persona ³⁹. Una de las razones de ello es la disminución de la producción animal. La producción bovina, por ejemplo, cayó el 44% en los últimos 20 años ⁴⁰. Se estima que en los últimos años el número de productores de cerdo ha disminuido en un 50% ⁴¹. En la actualidad se considera que la industria porcicultora solo produce al 20% de su capacidad ⁴². En 2019 el consumo promedio de cerdo fue de 1,3 kilos por persona ⁴³. Las dificultades económicas en el país, expresada en la escasez de medicinas para los animales y en la disminución de la capacidad de compra del ciudadano debido a la hiperinflación, contribuyen a esta disminución general de la ganadería. ⁴⁴ 

Una parte significativa de la superficie venezolana (68,4%) ha sido decretada por el Estado venezolano como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) de acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio de 1983 ⁴⁵. Dichas áreas ocupan casi 96.900.000 de hectáreas incluyendo superficie terrestre y superficie acuática ⁴⁶. ABRAE son áreas que por sus características geográficas, paisajísticas, geoestratégicas, topográficas o socioculturales reciben un tratamiento especial con el objeto de defenderlas, conservarlas o mejorarlas. Dichas áreas se clasifican en 24 categorías diferentes, entre las que se incluyen los parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna salvaje, reservas de fauna salvaje, santuarios de fauna silvestre y reservas de la biosfera. No todas las ABRAE son para la conservación del medio natural y la biodiversidad, algunas poseen fines productores y estratégicos y responden a intereses urbanísticos, industriales y agropecuarios.⁴⁷ 

El área urbana en Venezuela ocupa 34.404 km2, número que se ha mantenido invariable desde al menos 1990 ⁴⁸. La población urbana creció significativamente desde 1960 hasta 2001 coincidiendo con el boom petrolero pasando del 62% al 88% ⁴⁹. Desde entonces se ha mantenido estable.

^{Los llanos venezolanos, foto de Fernando Flores, Flickr, CC BY-SA 2.0 ​}

Inversiones en tierra

Los intereses inversores del Estado venezolano se enfocan principalmente en el sector petrolero. A pesar de poseer una de las mayores reservas del mundo, la industria petrolera venezolana, de carácter estatal, opera muy por debajo de su capacidad debido a la insuficiente inversión ⁵⁰. Venezuela necesitaría USD 58.000 millones en inversiones, tanto venezolanos como extranjeros, para reanimar la producción de crudo a los niveles de 1998. La llamada de inversores plasmada en el documento de Petróleos de Venezuela titulado “Oportunidades de inversión” de 2021, llega en un momento en el que el gobierno busca restaurar las relaciones con el sector privado y superar la crisis económica del país tras años de políticas de control estatal.

En los últimos años, el Estado venezolano también ha invertido en el sector minero, enfocado en el hierro, carbón, bauxita, coltán, granito, diamante, cuarzo y oro. Tras el boom del petróleo, el sector minero se reactivó en 2015 con una reforma legislativa que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y otros minerales estratégicos en el marco del Plan de Desarrollo Minero 2016-2018 ⁵¹. Así, el Estado mantiene la soberanía nacional sobre los recursos mineros ⁵².

El motor de la minería se instaló en el Arco Minero del Orinoco, cuya extensión es de 111.843 km2, de los que el 5% se planificó para la producción minera ⁵³. En 2016 se nombró al Arco Minero del Orinoco como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional. Este nombramiento no ha estado exento de polémica ya que, a pesar de ser promovido por el gobierno como un lugar donde ejercer la minería de manera legal y segura y respetando los derechos humanos y ambientales, la minería ilegal se ha expandido en la zona, según algunas organizaciones, al amparo del gobierno ⁵⁴. Además de la deforestación, la minería ilegal está provocando otros problemas medioambientales como la contaminación del agua debido al mercurio que se utiliza para la extracción del oro, además de violencia y amenazas contra las comunidades locales. ⁵⁵ 

A nivel agrario, con el objetivo de crear incentivos, condiciones adecuadas y protección a la producción, el gobierno de Venezuela relanzó en 2020 la Gran Misión Agrovenezuela, aprobada en 2014 con el Decreto 1409, para convertirla en ley constitucional ⁵⁶. El proyecto tiene nueve vértices de trabajo: 1) investigación y desarrollo, 2) territorialidad, 3) producción, 4) distribución, 5) exportación, 6) financiamiento, 7) seguimiento y control, 8) organización del Poder Popular y 9) seguridad y defensa. En relación al financiamiento, se trata de fortalecerlo a través de bolsas agrícolas con participación privada. Se considera clave la planificación conjunta de los sectores productivos por vértice, rubros y regiones, con el fin de orquestar un plan de producción bajo una misma plataforma ⁵⁷.

^{Vista desde Merida Cable Car, foto de David Hernández, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0}

Adquisiciones de tierra

Desde la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, en Venezuela la adquisición de tierra ha sido más bien practicada por el gobierno a través de la expropiación de tierras a gran escala para su distribución entre los menos favorecidos y para el desarrollo de proyectos agrícolas estatales. El moto animando esta política es que los propietarios abusivos poseían tierras que no les correspondían y que dichas tierras pertenecen a los campesinos para compensar décadas de injusticias. Las tierras expropiadas son las tierras ociosas o sobre las que no se demuestre la propiedad legítima desde 1830 ⁵⁸. Según datos de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), en los últimos años se han expropiado 5 millones de hectáreas ⁵⁹. Fedeagro también afirma que la producción se ha paralizado en un 70% debido a la falta de combustible.

Algunas voces críticas argumentan que la expropiación de tierras por los gobiernos de Chávez y Maduro (en la presidencia desde 2013) ha socavado el derecho a la propiedad privada, y que su distribución se ha utilizado políticamente para establecer relaciones de patronaje con los que apoyan al gobierno y para castigar a los que se oponen a él ⁶⁰. También argumentan que parte de lo que causó el derrumbe del derecho de propiedad en Venezuela es el acaparamiento de tierras y la propiedad estatal de la principal empresa petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela, y de los recursos mineros ⁶¹.

En Abril de 2022, en un contexto de crisis económica de grandes dimensiones, el gobierno de Maduro aceleró la devolución, sin compensaciones económicas, de bienes expropiados durante el gobierno de Chávez, entre los que se encuentran fincas y tierras vinculadas a la producción agraria, así como empresas, hoteles e industrias ⁶². Dicha reacción vino tras la orden del arbitraje internacional a Venezuela en Marzo de compensar con 1400 millones de euros a una compañía agrícola ⁶³.

Derechos de las mujeres a la tierra

La mayoría de la población femenina venezolana es rural -en 2018 el 45,72% de 49,83%. En los últimos años el sector agrario se ha feminizado y envejecido debido a la migración de un alto número de venezolanos dejando como cabeza de familia mujeres adultas que ejercen de abuelas-madres ⁶⁵.

La Constitución venezolana de 1999 se considera una de las más avanzadas de la región en cuanto a los derechos de las mujeres rurales a la tierra ⁶⁶. Más que incluir provisiones especiales para las mujeres, el reconocimiento consiste en equiparar los hombres con las mujeres, lo cual se refleja en la utilización de un lenguaje no sexista. En su artículo 307 establece que “los campesinos y campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra”. La Ley de Tierras establece como beneficiarios de la adjudicación de tierras todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural y la producción agraria, aunque en su artículo 14, da prioridad a las ciudadanas venezolanas que sean jefa de familia que se comprometan a trabajar la tierra para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de su comunidad y de la Nación. A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola también se les garantizará un subsidio especial alimentario pre y postnatal. A pesar de este trato preferencial hacia las jefas de hogar, en 2007 sólo el 13% de las mujeres eran adjudicatarias ⁶⁷.

En relación a ayudas para mujeres rurales, el Plan para la Igualdad de Género 2013-2019 incluye como línea de acción realizar una campaña comunicacional que fomente el financiamiento de proyectos productivos a organizaciones de mujeres en zonas rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes ⁶⁸. Dicho Plan carece de un presupuesto indicativo del uso de los recursos para llevarlo a cabo y hasta el momento no ha habido rendición de cuentas al respecto ⁶⁹. A través del Banco de Desarrollo de la Mujer, desde su creación en 2001 hasta 2019, se aprobaron 170.331 microcréditos, de los que 22% son agrarios rural, urbanos y peri urbanos, y 78% fueron para actividades no agrarias ⁷⁰.

A pesar de algunos avances, las organizaciones de mujeres consideran que la discriminación hacia la mujer en general, y hacia la mujer rural e indígena en particular, sigue vigente ⁷¹. Quejas concretas se refieren a la falta de fuentes de financiamiento debido a la disminución de la oferta gubernamental en este sentido, y una deficitaria oferta de insumos productivos (fertilizantes, maquinaria, semillas, etc), capacitación y asistencia técnica, servicios sociales, la inflación y la devaluación de la moneda, entre otras. En concreto, se critica la falta de ayuda a los pequeños productores. Como indica una de las campesinas participantes en un estudio sobre la mujer rural, “tenemos casi, creo que perdí la cuenta, cuatro años que no recibimos agua por tubería. (…) y el gas llega cada dos a tres meses” ⁷².

¿A dónde ir?

Sugerencias de la autora para saber más​

Las políticas agrarias de los últimos años en Venezuela han estado dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria de la población. Sin embargo, la recesión en la producción agrícola hace de ésta un objetivo difícil de alcanzar. La Red Agroalimentaria de Venezuela hace un análisis de la situación en el informe La situación agrícola de Venezuela, una aproximación al problema y líneas de acción para resolverlo en el corto plazo publicado en 2018 ⁷³. Al igual que otros países de la región, Venezuela padece la deforestación de sus bosques. Carlos Pacheco, Inmaculada Aguado y Danilo Mollicone analizan, en un estudio titulado Las causas de la deforestación en Venezuela: un estudio retrospectivo, las causas principales y subyacentes de la deforestación desde la época precolombina hasta 2011, fecha de publicación del artículo ⁷⁴. Afectada por la riqueza petrolera del país, la minería constituye al mismo tiempo una esperanza para salir de la crisis económica y una amenaza para mucho de los habitantes que habitan cerca de los recursos mineros. Un equipo de investigadores de la Universidad de los Andes presenta Panorama socioeconómico de la minería en Venezuela (1970-2014) y comparaciones entre periodos gubernamentales, publicado en 2018 ⁷⁵.

Línea de tiempo – hitos en la gobernanza de la tierra

1922 – Inicio del boom petrolero

El descubrimiento de petróleo en suelo venezolano hizo que muchos campesinos abandonaran el campo para trabajar en los yacimientos petroleros o que migraran a las ciudades. Venezuela dejó de ser un país agrícola para ser un país petrolero. 

1947 – Nueva política agrícola

 La Corporación Venezolana de Fomento, con el fin de diversificar la economía, impulsa una política sectorial agrícola enfocada en planes de producción por rubro mediante créditos a los productores empresariales. La tasa de cambio desincentivó las exportaciones y redirigió la atención del sector agroexportador hacia el mercado interno ⁷⁶.

1960 – Ley de Reforma Agraria

Con esta ley se buscaba reactivar y atraer a los campesinos que abandonaron el campo venezolano promoviendo la distribución equitativa de la tierra y una adecuada organización del crédito y de la asistencia a los productores, y crear así una clase media rural de pequeños y medianos agricultores mercantiles.    

1971 – Programa Integral de Desarrollo Agrícola (PRIDA) 

En un contexto agrícola dividido entre un sector empresarial en auge y un sector campesino relativamente estancado y con peligro de pauperización, el PRIDA tuvo como objetivo el desarrollo integral de áreas beneficiadas por la dotación de tierras de la reforma agraria. 

1980s-1990s – Políticas de ajuste estructural

Durante los años 80 y principios de los 90 se implementaron políticas de ajuste estructural para afrontar la crisis de la deuda externa. Esto implicó apertura comercial para controlar el déficit fiscal, contracción del gasto público, liberación de precios, reducción de aranceles y congelación de las tasas de interés para estimular la inversión privada ⁷⁷. Ello coincidió con la crisis de la caída de los precios del petróleo en 1983.

1999 – Comienza la Revolución Bolivariana 

Con la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) llegó un cambio de paradigma que implicó el rechazo del capitalismo y la centralización del poder en el Estado. En relación a la tierra, esto implicó grandes expropiaciones de tierras bajo el lema de que la tierra es para el que la trabaja. 

2010s – Hiperinflación 

En 2014 la inflación en Venezuela fue del 69%, la mayor del mundo. A partir de este momento no dejó de subir hasta alcanzar 800% en 2016, 4.000% en 2017, 1.698.488% en 2018 y 9.500% en 2019. Éste y la caída del PIB al 40% son los síntomas de una crisis económica sin precedentes que llevó a la migración al extranjero de millones de venezolanos. En el campo se tradujo en una reducción de la producción agrícola explicada por la baja rentabilidad, escasez de insumos a precios subsidiados o regulados, menores inversiones dada la incertidumbre, controles, inseguridad jurídica y la falta de respeto por la propiedad privada ⁷⁸.

Referencias

[1] Expansion. Venezuela - Oil reserves.

[2] ENCOVI. Living Conditions Survey 2019-2020.

[3] ECLAC (2019). Bolivarian Republic of Venezuela. Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean.

[4] Ibid.

[5] International Organization for Migration (IOM). (2021). "New MPI-IOM report: Long-term policies, key to the integration of refugees and migrants from Venezuela".

[6] Datosmacro. Venezuela - Population.

[7] National Institute of Statistics (2014). XIV National Population and Housing Census. Resultados Total Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

[8] ENCOVI. Living Conditions Survey 2019-2020.

[9] World Bank (2018). Surface area (square kilometers) Venezuela.

[10] Vitalis. "Venezuela contributes 9% of the world's biodiversity".

[11] Juan Paullier (2011). "What is known about Chávez's expropriations". BBC.

[12] National Assembly (2008). Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

[13] National Assembly (2010). Law for the Defense of Persons in the Access to Goods and Services.

[14] Edgar Jaimes, et. al. (2002). "Land ownership and agrifood security in Venezuela". Interciencia, vol. 27, no. 12.

[15] National Assembly (2010). Law of Partial Reform of the Law of Lands and Agrarian Development.

[16] Ibid.

[17] Yolanda Valery (2010). "Venezuela: Land Law reform approved". BBC Mundo.

[18] National Assembly (2006). Special Law for the Integral Regularization of Land Tenure of Popular Urban Settlements.

[19] National Assembly (2010). Law of Partial Reform of the Law of Lands and Agrarian Development.

[20] National LandInstitute (2018). Norms, Requirements and Procedure for Registration in the National Agrarian Registry. Ministry of the People's Power for Agriculture and Lands.

[21] Ibid.

[22] National Constituent Assembly (1999). Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.

[23] National Assembly (2005). Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

[24] National Assembly (2013). Ley de Bosques.

[25] Rights and Resources Initiative (2020). Estimate of the area of land and territories of Indigenous Peoples, local communities and Afro-descendants where their rights have not been recognized.

[26] Joseph Poliszuk, María de los Ángeles Ramírez and María Antonieta Segovia (2022). "La Resistencia indígena se organiza en la selva venezolana" (Indigenous resistance organizes in the Venezuelan jungle). El País.

[27] Yara Altez Ortega. (2016). "Afrodescendencia, tierra y olvido en la costa central venezolana." Studies on Contemporary Cultures, vol. XXIII, no. 46.

[28] World Bank. Forest area (% of land area) Venezuela.

[29] Global Forest Watch. Venezuela.

[30] Venezuelan Human Rights Action Education Program (2020). "World Environment Day. Deforestation swallows Venezuela's forests".

[31] Rodrigo Lazo, et al. (2021). Land cover and land use in the Venezuelan Amazon. What are the main drivers of change? Provita.

[32] Ibid.

[33] Global Forest Watch. Venezuela.

[34] World Bank. Agricultural land (% of land area) Venezuela.

[35] Edgar Jaimes, et. al. (2002). Op. cit.

[36] Elm Axayacatl. (2022). "Most important crops in Venezuela".

[37] Ibid.

[38] Finanzas Digital (2021). "More than 10,800,00 head of cattle were in Venezuela in 2020, according to Invelecar".

[39] Elizabeth Ostos (2020). "Livestock production is bankrupt and Venezuelans consume barely 7 kilos of meat per year". Infobae.

[40] Ibid.

[41] RazasPorcinas (no year). "Drastic decline in pork production".

[42] Ibid.

[43] Ibid.

[44] Ibid.

[45] Ministry of People's Power for Ecosocialism, What is an ABRAE?

[46] Ibid.

[47] Rafael E. García Peña and María Isabel Silva Viera (2013). "Las ABRAE versus protected areas in Venezuela". Revista COPÉRNICO. no. 19.

[48] World Bank. Urban land area (square kilometers) - Venezuela.

[49] World Bank. Urban population (% of total) - Venezuela.

[50] Reuters (2021). "Venezuela seeks investors to restore oil production to 1998 levels, but will need US$ 58,000M". América Economía.

[51] Riguey Valladares (2017). "Socioeconomic panorama of mining in Venezuela (1970-2014) and comparisons between governmental periods." Revista Geográfica Venezolana, vol. 59, no. 2.

[52] People's Ministry of Ecological Mining Development. "Arco Minero del Orinoco (AMO): a responsible mining model".

[53] Ibid.

[54] SOS Orinoco.

[55] Karla Pérez Castilla (2019). "Venezuela among the countries with the highest deforestation in the world". El Nacional.

[56] Últimas Noticias (2020). "Gran Misión Agrovenezuela relaunched".

[57] Ibid.

[58] Associated Press in Caracas (2005). "Venezuela moves to seize thousands of hectares of 'idle' land from British peer". The Guardian.

[59] El Universal (2021). "Fedeagro: al menos 5 millones de hectáreas se mantienen bajo condición de expropiación".

[60] Michael Albertus (2015). "This land was your land". Foreign Policy.

[61] Andrés F. Guevara (2020). "The ghost of Venezuela". In Linda Van Tilburg. "Lessons from Venezuela: Implosion started with land grabs". BizNews.

[62] El Nacional (2022). "Gobierno de Nicolás Maduro acelerera la devolución de bienes expropiados".

[63] Florantonia Singer (2022). "Hugo Chávez's expropriations begin to cost Venezuela dearly". El País.

[64] Omaira Lozano. (2020). The Situation of Rural Women in Venezuela. Rural Women and Land Rights Latin America and the Caribbean.

[65] Omaira Lozano. (2020). Op. cit.

[66] Epsy Campbell Barr (coord.) (no year). Rural women, land and production: Ownership, access and control of land for women. Association for the development of Costa Rican black women.

[67] Ibid.

[68] Nicolás Maduro Moros, et. al. (2014). Plan for Gender Equality and Equity "Mamá Rosa" 2013-2019. Ministry of Popular Power for Women and Gender Equality.

[69] Omaira Lozano. (2020). Op. cit.

[70] Ibid.

[71] Ibid.

[72] Ibid.

[73] Briceño, G. (2018). The agricultural situation in Venezuela, an approach to the problem and lines of action to solve it in the short term. Red Agroalimentaria de Venezuela.

[74] Pacheco, C. E., Aguado, I. and Mollicone, D. (2011). "The causes of deforestation in Venezuela: a retrospective study".

[75] Valladares, R., et. al. (2018). "Socioeconomic overview of mining in Venezuela (1970-2014) and comparisons between governmental periods." Revista Geográfica Venezolana. Vol. 59. no. 2.

[76] Luis Llambi, Eliecer G. Arias and Gustavo Briceño (1994). Small agricultural production and rural poverty in Venezuela. Venezuelan Institute for Scientific Research (IVIC). IICA. http://repiica.iica.int/docs/B1011e/B1011e.pdf

[77] Danilo Torres Reina. "Structural adjustment policies in Colombia and Venezuela during the 1980s and 1990s". Apuntes del Cenes. Vol. 39, no. 69.

[78] Leonardo Vera. (2018). "How to explain the Venezuelan economic catast