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En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.
