Consenso: la vía para librarse de la Ley 840 | Land Portal
Author(s): 
Emiliano Chamorro Mendieta
Language of the news reported: 
español

El mutuo acuerdo preservaría a Nicaragua de demandas internacionales, opina el jurista Óscar Castillo


 


Juristas, defensores de derechos humanos y líderes campesinos coinciden en que llegó el momento de derogar la Ley 840 o Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras asociadas, de manera consensuada con el consorcio chino HKND, del empresario Wang Jing a fin de evitar demandas internacionales.Para el abogado constitucionalista Oscar Castillo, si bien es cierto que la Ley 840, le da facultades a Wang Jing a emprender demandas internacionales al país, si el Gobierno decidiera de forma unilateral derogarla, existe la posibilidad de evitarlas si la derogación de la Ley 840 se diera por mutuo acuerdo, con lo cual no habría consecuencias ni económicas ni jurídicas para Nicaragua.


“Si es por mutuo trato, no habría ninguna consecuencia ni económica ni jurídica y ello implicaría la derogación de la Ley y por consiguiente del Acuerdo Marco que se suscribió entre el Gobierno y el concesionario y que luego se elevara a Ley 840”, asegura el jurista.


Para Mónica López Baltodano, directora de la Fundación Popol Na y asesora legal del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, “uno de los mecanismos que establecieron en la concesión es precisamente hacer creer a la ciudadanía que tenemos una guillotina en nuestro cuello y de que si eso se cambia entonces va a venir el caos y una crisis enorme en la nación, porque nos van a demandar internacionalmente. Para mí eso es totalmente secundario, es más, estamos en el momento preciso para que se derogue”, asegura López.


“Efectivamente hay cláusulas en la concesión que habilitan a Wang Jing a demandarnos, llevarnos a tribunales de arbitraje para exigir compensación por los derechos que le fueron quitados, pero esas implicaciones son totalmente minúsculas, en comparación con el hecho de que nuestros bienes, nuestra soberanía, es más, que nuestro régimen jurídico esté totalmente subordinado a intereses privados”, resalta López.


Ortega debe reconocer error


Para la abogada, ya es momento de que el presidente designado por el CSE, Daniel Ortega, reconozca el error jurídico y político cometido con la Ley 840.


“Ya llegó el momento que el presidente Ortega debe reconocer que cometieron un grave error político y jurídico, porque jamás debieron haber aprobado esta barbarie que prácticamente es la privatización más atroz que se ha visto de los bienes naturales del país, pero que también pisotea derechos humanos de cientos de miles de personas, reconocer ese error es también reconocer que se debe derogar la Ley del Canal.


Ese es el objetivo del movimiento social, el objetivo jurídico que hemos demandado y que debe ser el objetivo que debe ser respaldado por el país entero, porque defiende los intereses de la nación”, expuso López Baltodano.


Lo que la ley dice


Castillo explica que si el gobierno de Ortega deroga, reforma o rescinde el acuerdo, por causas de declararse inconstitucional, sin las garantías previas en la ley, Wang Jing podría demandar al país.


El artículo 18 de la Ley 840 señala claramente, en su parte conducente que Nicaragua deberá compensar completa y oportunamente a cada parte de subproyecto, por todos los daños o pérdidas sufridas por cualquier parte de subproyecto, en cada caso sin duplicar el pago, como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad o de violación de los términos contraídos.


“En este sentido tendría Nicaragua que comprometer su patrimonio e indemnizar al concesionario e inversionistas, lo que hace que podría realizarse una demanda o arbitraje internacional según convenga y en la que Nicaragua tendría que pagar de sus reservas nacionales dicha indemnización”, afirma Castillo.


Castillo refiere que “las tierras no les han sido expropiadas aún, por consiguiente son de ellos (campesinos) y Nicaragua no tiene ninguna potestad jurídica para exponer dichas propiedades o ponerlas a la orden del concesionario. Más bien veo que lo que se expondría en el caso hipotético son las reservas internacionales que tiene Nicaragua en el Banco Central, lo cuál sería una catástrofe económica para el país, ya que la macroeconomía depende de dichas reservas”, señaló Castillo.


Campesinos seguirán marchando


La líder del movimiento campesino de la comunidad La Fonseca, Nueva Guinea, Francisca Ramírez, refiere: “No importa la represión que debamos sufrir por este gobierno que no respeta los derechos humanos ni la Constitución, pero no dejaremos de marchar por la defensa de nuestras tierras que son nuestra fuente de vida. Con la represión que sea, seguiremos exigiendo la derogación de la Ley 840, una ley que entrega a un extranjero nuestra soberanía; eso no es aceptable y por eso nuestro rechazo. Aquí Nicaragua ha sido vendida a un extranjero y como hijos de esta patria, no podemos aceptarlo. Nicaragua entera debe decir no a esta concesión canalera”, asegura con firmeza Ramírez.


Presión social


Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), sostiene que aunque el Canal Interoceánico no se construya, los nicaragüenses están llamados a presionar más para que la Ley 840 se derogue.


“Hay un consenso casi generalizado de la opinión pública de esta lucha porque no se haga el canal, de los cuales son protagonistas los campesinos y ahora que se observa que el canal no se va construir, definitivamente, hoy más que nunca urge presionar con más fuerza y persistencia, demandando la derogación de la Ley 840, dado que esta ley es una espada de Damocles, no solamente para la gente de la ruta del canal sino sobre toda Nicaragua, nuestra soberanía; por tanto, nos amenaza a todos y esto nos hace llamar a Daniel Ortega, vendepatria”, asegura la defensora de los derechos humanos.


En diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional la Ley 840 o Ley del Gran Canal Interoceánico, argumentando que no viola la Constitución Política de Nicaragua y que prevalece el interés supremo de la nación por ser un proyecto de gran desarrollo para el país, confirmó en ese momento la magistrada Alba luz Ramos, presidenta del poder judicial.


“La clave es demandar, apoyando al movimiento campesino para que la Ley 840 sea derogada totalmente, porque el chino puede expropiar o confiscar propiedades. Tenemos que entender que todos estamos amenazados con esa ley. Jurídicamente nos han dejado con la cola para arriba. Ortega dejó a Nicaragua con esa ley con inseguridad jurídica y el chino Wang Jing puede hacer lo que quiere con el país. Ortega entregó la patria y nosotros los nicaragüenses estamos con esta Ley 840 como sin patria porque Ortega la vendió a un extranjero”, denunció la activista de Derechos Humanos.


 

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