Recomendación para la reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los ODS (IAEGSDG) (11-14 de noviembre de 2017, Manama, Bahréin)

 
En 2015, todos los países se comprometieron a cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030 y monitorear todas sus metas. La Agenda 2030 hace especial hincapié en el papel central y transversal de asegurar los derechos de tenencia de la tierra y los recursos naturales para erradicar la pobreza y el hambre, así como para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y, de manera más general, el desarrollo sostenible.
 
Es urgente tomar medidas para garantizar los derechos de tenencia en un mundo en el que los pueblos indígenas y las comunidades locales (hasta 2 500 millones de mujeres y hombres) poseen y utilizan más del 50% de las tierras del mundo, pero únicamente tienen una tenencia segura sobre el 10% de estas. La situación de las mujeres indígenas y rurales es especialmente grave ya que las leyes nacionales rara vez protegen sus derechos de tenencia, a pesar de que a menudo soportan cargas desproporcionadamente superiores a los hombres relacionadas con la pobreza, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y el conflicto.
Sin un progreso significativo hacia la garantía y protección de los derechos a la tierra de mujeres, pequeños productores, pueblos indígenas, pastores y comunidades locales, no se logrará la aspiración de los ODS de no dejar a nadie atrás y la mayoría de los ODS y sus metas permanecerán inalcanzables.
La plena implementación de los indicadores de los ODS relacionados con la tierra, el 1.4.2, 5.a.1 y el 5.a.2, es de importancia vital. Su implementación constituirá un verdadero trampolín hacia el éxito de la Agenda 2030 y la realización de la gobernanza de la tierra centrada en las personas. Medir el progreso en asegurar los derechos de tenencia y los derechos de las mujeres a la tierra requerirá
metodologías sólidas, con una buena base estadística y que sean comparables, cuyo diseño esté orientado a:
  • recopilar datos desglosados por género al garantizar que se entreviste a personas seleccionadas de manera aleatoria;
  • centrarse en los derechos de tenencia, en particular los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, en lugar de limitarse a un concepto más limitado de propiedad.
Nosotros, como organizaciones que desde hace mucho tiempo trabajamos para garantizar y proteger los derechos de tenencia de mujeres, pequeños productores, pueblos indígenas, pastores y comunidades locales y para realizar la gobernanza de la tierra centrada en las personas, apoyamos plenamente el trabajo del IAEGSDG y el papel de las Agencias Custodias para desarrollar metodologías sólidas que permitan monitorear los indicadores de la tierra en consulta con las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE), las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros actores de la tierra.
Encomiamos el enfoque inclusivo, altamente participativo y robusto de múltiples partes interesadas que fue adoptado por las Agencias Custodias para desarrollar las metodologías para el indicador 1.4.2 (ONU Hábitat y el Banco Mundial) y el indicador 5.a.2 (FAO). Gracias al trabajo de las Agencias Custodias y al apoyo de expertos en tierras y estadística, incluidas las ONE de todas las regiones, ambos indicadores ya cuentan con metodologías sólidas y robustas desde el punto de vista estadístico, totalmente coherentes con las Directrices voluntarias sobre gobernanza de la tenencia (VGGT) acordadas por todos los Estados Miembros en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas en 2012.
Recomendamos encarecidamente y esperamos que, en la próxima reunión del IAEG-SDG, los Miembros decidan pasar los indicadores 1.4.2 y 5.a.2 del Nivel III al Nivel II. La información proporcionada por las Agencias Custodias sobre las metodologías y los datos de los indicadores (que ya se han recopilado en muchos países y regiones) demuestran que ambos indicadores deberían ser reclasificados en esta ocasión porque cumplen con los criterios requeridos para los indicadores de Nivel II.
La decisión de reclasificar esos indicadores al Nivel II no es solo una cuestión técnica sino también una decisión política. De hecho, esta decisión reflejará el nivel de voluntad política y el compromiso de los gobiernos para implementar, monitorear e informar sobre el progreso de los ODS relacionados con los derechos a la tierra. Apoyar la reclasificación de estos indicadores también es crucial porque permitirá que los gobiernos:
  • muestren su progreso en asegurar los derechos de tenencia para todos, sin dejar a nadie atrás;
  • mejoren considerablemente las políticas y decisiones nacionales en materia de tierra al tener acceso a datos desglosados por género, de manera puntual y regular, que se centrarán no solo en la propiedad de la tierra sino, en términos más generales, en los derechos de tenencia.
Monitorear el progreso en la seguridad de la tenencia en el marco de los ODS a través de los indicadores 1.4.2, 5.a.1 y 5.a.2 requerirá compromiso, asociación y acción por parte de todos los actores. Las ONE tienen un papel destacado en la generación y análisis de datos y la presentación de informes. Sin embargo, los enfoques de múltiples partes interesadas para monitorear la seguridad de la tenencia a nivel de país son fundamentales para el éxito. Los gobiernos deben demostrar su voluntad política apoyando a las ONE, las agencias nacionales encargadas de las cuestiones relacionadas con la tierra y catastro y los ministerios pertinentes, al tiempo que aseguran que el proceso de monitoreo incluye a las OSC, las agencias de las Naciones Unidas y los donantes como partes interesadas del sector de la tierra.
 
Es evidente que la implementación de varios indicadores relacionados con la tierra tendrá un costo y requerirá la creación de capacidades para muchas ONE, agencias encargadas de cuestiones relacionadas con la tierra y otros actores clave. Dado el alto nivel de compromiso de los principales donantes para avanzar en la agenda de la gobernanza responsable de la tierra, confiamos en que se proporcionarán recursos y apoyo adecuados a las ONE, lo que les permitirá cumplir con su función clave en el monitoreo de las metas de seguridad de la tenencia.
 
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