El récord más lamentable: 200 defensores de la Tierra asesinados en un año | Land Portal
Author(s): 
Joaquim Elcacho
Language of the news reported: 
español

El informe de Global Witness muestra que en 2016 aumentó el número de muertes entre los ambientalistas y luchadores indígenas


 


La violencia contra los defensores de la Tierra sigue extendiéndose lamentablemente. En 2016, al menos 200 personas comprometidas con la protección del medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas fueron asesinadas en diversos puntos conflictivos del planeta, según el informe Defender la Tierra publicado por Global Witness.


“El asesinato de personas defensoras no sólo está creciendo, también se está expandiendo. En 2016 documentamos 200 asesinatos en 24 países, mientras que los 185 asesinatos registrados en 2015 fueron en 16 países”, destaca el informe de esta organización internacional especializada en el seguimiento de conflictos ambientales.




 



 


Brasil se mantiene como el país más mortífero según el número de muertes (49), mientras que Nicaragua (11) es el peor lugar per cápita. Durante la última década, Honduras se mantiene como el lugar más peligroso per cápita (127 desde 2007).


La cifra de 200 muertes podría ser incluso superior puesto que existen limitaciones importantes de acceso a información. Además, “los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos”, indica este documento publicado a escala mundial por Global Witness el 13 de julio.


Violencia


Los dos centenares de muertos en 2016 son el ejemplo extremos de la violencia de todo tipo que algunos sectores económicos y políticos ejercen contra los ambientalistas


“Te amenazan para que te calles. No me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas.” dijo Jakeline Romero a Global Witness.


Jakeline es una líder indígena colombiana que ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. El operador local del proyecto negó haber causado escasez de agua y ha condenado las amenazas sufridas por activistas.


“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness.


En muchos casos, la falta de sistemas judiciales eficientes hace difícil identificar a los responsables de las agresiones y asesinatos, sin embargo, indica el informe de Global Witness, “encontramos evidencia sólida de que la policía y el ejército [de los países respectivos] estuvieron detrás de, al menos, 43 homicidios, y que actores privados como guardias de seguridad y sicarios estuvieron vinculados a 52 muertes”, destacan los autores del estudio.


El informe documenta, por ejemplo, que los asesinatos se han triplicado en India, mientras que la brutalidad policial y la represión estatal hacia activistas empeora. América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60% de las muertes.


Casi el 40% de las personas asesinadas eran indígenas, ya que las tierras que han habitado por generaciones son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales. Usualmente los proyectos se imponen a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, respaldados por la fuerza, pues se sospecha que la policía y los soldados son autores de, al menos, 43 asesinatos. La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo.


Otros datos destacados en el informe:


La minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. Los asesinatos vinculados a las empresas madereras aumentaron de 15 a 23 en un año, mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos de agronegocios.


Los homicidios registrados alcanzaron un máximo histórico en Colombia (37), ya que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares. Las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante el largo conflicto armado que vivió el país.


 


Los asesinatos en India se han triplicado a medida que empeora la brutalidad policial y la represión de protestas pacíficas. En 2016 se registraron 16 asesinatos, en su mayoría vinculados a proyectos mineros.


Proteger parques nacionales es más peligroso que nunca, con gran cantidad de guardaparques asesinados en África. En 2016 hubo 9 asesinatos confirmados de guardaparques en la República Democrática del Congo. Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por las muertes en Asia, con 28 asesinatos registrados.


El informe también señala la creciente criminalización de las y los activistas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Suelen ser presentados como criminales, y deben enfrentar cargos penales falsos y agresivos casos civiles, armados por gobiernos y empresas que intentan silenciarlos.


Datos de 2017


Las cifras de los primeros meses de este año no son nada esperanzadoras: 97 asesinatos documentados entre enero y julio


“Los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a su ciudadanía de la peor manera posible. Valientes activistas están siendo asesinados, atacados y criminalizados por las personas que supuestamente deberían protegerlos. Gobiernos, empresas e inversionistas tienen el deber de garantizar que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”, dijo Ben Leather.


Las cifras de 2017 no dejan demasiado margen a la esperanza. Entre enero y julio de este año se han registrado 97 asesinatos de personas comprometidas con la Tierra, según los datos provisionales de Global Witness.


 


 


 


 

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