Asunción, 23 de febrero de 2017 (BASE-IS) El estudio fue elaborado por el investigador Abel Areco, quien identificó y analizó un total de siete iniciativas comunitarias que através de ordenanzas intentan promocionar la agricultura campesina y frenar el avance de los agronegocios.

Entre 2004 y 2016 cinco de ellas fueron aprobadas, una fue rechazada por las autoridades municipales y otra sigue en estudio, explicó Areco, abogado especialista en el ámbito agrario.

El analista explica que dichas experiencias son hijas de los conflictos entre dos modelos económicos en permanente conflicto en el campo, el de las familias campesinas con producción ecológica y el de la soja y ganadería empresarial.

Y que es una respuesta legal de las organizaciones comunitarias contra las consecuencias del modelo de agronegocios, primordialmente contra sus fumigaciones y destrucción del medio ambiente, ríos, reservas y contaminación de cultivos de autoabastecimiento de las familias.

En la mayoría de los casos las iniciativas proponen la zonificación de la agricultura campesina, es decir, la definición de zonas de protección de esta agricultura y en contrapartida, de exclusión de los cultivos producidos en base a fumigaciones y semillas transgénicas.

En la mayoría de los casos, además, no hay un solo actor social preponderante en la consecución de las ordenanzas, sino que varios actores -comités campesinos, pastorales, instituciones ambientalistas, concejales, comisiones vecinales…- que se articulan en plataformas para tener mayores resultados.

Estas iniciativas distritales están amparadas en la Constitución Nacional, en las leyes ambientales (Ley de Deforestación Cero, Ley de Delitos contra el Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley de Control de Productos Fitosanitarios…) nacionales y en la Ley Orgánica Municipal, explicó Areco.

Los municipios en cuyos territorios se aplican estas ordenanzas o resoluciones son José Fassardi(Guairá) desde 2004, La Pastora(Caaguazú) desde 2010, San Pedro del Ycuamandiyú(San Pedro) desde 2012, Horqueta (Concepción) desde 2015 y Villa Oliva(Ñeembucú) desde 2016.

El municipio de Natalio(Itapúa) actualmente estudia una ordenanza que fue introducida en 2016.

La Junta Municipal de San Pedro del Paraná (Itapúa) rechazó en 2016 una ordenanza que buscaba proteger la agricultura campesina, el lecho del río Tebicuary y parte de la reserva San Rafael.

Desafortunadamente las autoridades de este distrito decidieron anteponer los intereses de empresarios sojeros antes que los derechos de la población local.

Igual que en esta experiencia, Areco explica que en la mayoría de las experiencias las plataformas y autoridades que impulsaron estas iniciativas sufrieron el asedio y en algunos casos la judicialización de sectores de los agronegocios.

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