Por Stephanie Burgos, Oxfam America, Asesora política senior

En Colombia, el país más desigual en el acceso a la tierra en América Latina, el acceso equitativo a la tierra es un tema decisivo para la consolidación de la paz en el país.

La semana pasada trajo buenas noticias para el proceso de paz, con la entrega de las armas de las FARC a la misión de las Naciones Unidas en Colombia, con lo cual se marca de manera simbólica la finalización de más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, aún hay retrasos en otros aspectos clave del acuerdo de paz y existe el riesgo de que el proceso de implementación no aborde las causas estructurales que generaron el conflicto, particularmente en lo que se refiere al acceso a la tierra.

En el marco de la reglamentación del acuerdo de paz, el gobierno nacional dividió en dos su propuesta en relación con el tema agrario. En primer lugar, en mayo, el gobierno expidió un decreto ley sobre ordenamiento social de la propiedad, el cual fue modificado tras recibir fuertes críticas de representantes de movimientos sociales, academia, gremios, defensores de derechos humanos e incluso integrantes de entidades gubernamentales, quienes señalaron vacíos en su aporte al cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz, relacionado con la Reforma Rural Integral.

En segundo lugar, el gobierno ha anunciado para el próximo 20 de julio la presentación al Congreso de un decreto Ley de Tierras. Muchas organizaciones de la sociedad civil han demandado que esta medida, en lugar de continuar profundizando la desigualdad rural contribuya realmente a solucionar las causas estructurales del conflicto armado en el país.

Con el fin de resaltar los desafíos que enfrenta Colombia con respecto al acceso a la tierra, Oxfam dio a conocer un nuevo informe titulado "Radiografía de la desigualdad: lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia ". Este análisis de los microdatos del censo de 2014, el primer censo agropecuario realizado en el país en 45 años, confirma que Colombia es el país más desigual de Latinoamérica en cuanto a la concentración de la tierra. El análisis de los datos muestra que el uno por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentra el 81 por ciento de la tierra, dejando sólo el 19 por ciento de la tierra distribuida entre el 99 por ciento restante de las unidades productivas.

stas desigualdades se han agravado con el paso del tiempo. En 1970, los predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban en total 5 millones de hectáreas, pero en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. Mientras tanto, las explotaciones de menos de 10 hectáreas se incrementaron, pero se redujo el área total ocupada por ellas.

Los datos del último censo muestran que el 0.1% de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Si la superficie total cubierta por el censo, 111,5 millones de hectáreas, se divide por la mitad, las 704 mayores unidades productivas agropecuarias cubren la mitad, mientras que 2.046.536 ocupan la otra mitad. De hecho, cerca de un millón de pequeñas explotaciones agropecuarias tiene menos tierra que la que dispone en promedio cada vaca criada en las grandes haciendas ganaderas del país.

Además, la importante contribución de las mujeres al sector agropecuario no se refleja en el acceso a la tierra, que es bastante limitado. Solo el 26% de las unidades productivas están dirigidas por mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas y tienen menos acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica.

Estos datos son impactantes. Sin embargo, puede ser difícil para muchas personas comprender lo que estos números significan en realidad para las mujeres y comunidades rurales. En palabras de Edilia Mendoza, líder de la Plataforma de Incidencia Políticas de Mujeres Rurales colombianas, "Si no tenemos tierra, no tenemos paz". Por esta razón, la Plataforma ha presentado propuestas para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra y al desarrollo rural, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

Desarrollar el compromiso de reforma rural integral establecido en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC es esencial para abordar las causas estructurales del conflicto. También es necesario garantizar que el actual problema del acaparamiento improductivo de la tierra no sea reemplazado por un acaparamiento para usos considerados más productivos, por su aporte a la generación de ingresos en divisas. La restitución y la redistribución de la tierra deben estar en el centro de la política agraria y de desarrollo rural en Colombia.

Con este nuevo análisis, Oxfam espera contribuir al importante debate sobre las urgentes transformaciones necesarias en las zonas rurales de Colombia, particularmente en lo que respecta a la tenencia y uso de la tierra, indispensable para la implementación efectiva del acuerdo de paz y la construcción de una paz duradera y sostenible.

En Colombia, el país más desigual en el acceso a la tierra en América Latina, el acceso equitativo a la tierra es un tema decisivo para la consolidación de la paz en el país.

La semana pasada trajo buenas noticias para el proceso de paz, con la entrega de las armas de las FARC a la misión de las Naciones Unidas en Colombia, con lo cual se marca de manera simbólica la finalización de más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, aún hay retrasos en otros aspectos clave del acuerdo de paz y existe el riesgo de que el proceso de implementación no aborde las causas estructurales que generaron el conflicto, particularmente en lo que se refiere al acceso a la tierra.

En el marco de la reglamentación del acuerdo de paz, el gobierno nacional dividió en dos su propuesta en relación con el tema agrario. En primer lugar, en mayo, el gobierno expidió un decreto ley sobre ordenamiento social de la propiedad, el cual fue modificado tras recibir fuertes críticas de representantes de movimientos sociales, academia, gremios, defensores de derechos humanos e incluso integrantes de entidades gubernamentales, quienes señalaron vacíos en su aporte al cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz, relacionado con la Reforma Rural Integral.

En segundo lugar, el gobierno ha anunciado para el próximo 20 de julio la presentación al Congreso de un decreto Ley de Tierras. Muchas organizaciones de la sociedad civil han demandado que esta medida, en lugar de continuar profundizando la desigualdad rural contribuya realmente a solucionar las causas estructurales del conflicto armado en el país.

Con el fin de resaltar los desafíos que enfrenta Colombia con respecto al acceso a la tierra, Oxfam dio a conocer un nuevo informe titulado "Radiografía de la desigualdad: lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia ". Este análisis de los microdatos del censo de 2014, el primer censo agropecuario realizado en el país en 45 años, confirma que Colombia es el país más desigual de Latinoamérica en cuanto a la concentración de la tierra. El análisis de los datos muestra que el uno por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentra el 81 por ciento de la tierra, dejando sólo el 19 por ciento de la tierra distribuida entre el 99 por ciento restante de las unidades productivas.

Estas desigualdades se han agravado con el paso del tiempo. En 1970, los predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban en total 5 millones de hectáreas, pero en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. Mientras tanto, las explotaciones de menos de 10 hectáreas se incrementaron, pero se redujo el área total ocupada por ellas.

Los datos del último censo muestran que el 0.1% de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Si la superficie total cubierta por el censo, 111,5 millones de hectáreas, se divide por la mitad, las 704 mayores unidades productivas agropecuarias cubren la mitad, mientras que 2.046.536 ocupan la otra mitad. De hecho, cerca de un millón de pequeñas explotaciones agropecuarias tiene menos tierra que la que dispone en promedio cada vaca criada en las grandes haciendas ganaderas del país.

Además, la importante contribución de las mujeres al sector agropecuario no se refleja en el acceso a la tierra, que es bastante limitado. Solo el 26% de las unidades productivas están dirigidas por mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas y tienen menos acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica.

Estos datos son impactantes. Sin embargo, puede ser difícil para muchas personas comprender lo que estos números significan en realidad para las mujeres y comunidades rurales. En palabras de Edilia Mendoza, líder de la Plataforma de Incidencia Políticas de Mujeres Rurales colombianas, "Si no tenemos tierra, no tenemos paz". Por esta razón, la Plataforma ha presentado propuestas para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra y al desarrollo rural, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

Desarrollar el compromiso de reforma rural integral establecido en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC es esencial para abordar las causas estructurales del conflicto. También es necesario garantizar que el actual problema del acaparamiento improductivo de la tierra no sea reemplazado por un acaparamiento para usos considerados más productivos, por su aporte a la generación de ingresos en divisas. La restitución y la redistribución de la tierra deben estar en el centro de la política agraria y de desarrollo rural en Colombia.

Con este nuevo análisis, Oxfam espera contribuir al importante debate sobre las urgentes transformaciones necesarias en las zonas rurales de Colombia, particularmente en lo que respecta a la tenencia y uso de la tierra, indispensable para la implementación efectiva del acuerdo de paz y la construcción de una paz duradera y sostenible.