Central America

Area code (UN M.49)
013
Date of publication
November 2011

El documento contine los elementos conceptuales para el desarrollo de un Marco Estratégico de mediano plazo de cooperación de la FAO en Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe.
La aprobación de este Marco se realizará en la Conferencia Regional de la FAO a llevarse a cabo en Buenos Aires, Argentina del 26 al 30 de marzo de 2012.

Date of publication
November 2011

El enfoque SIAL surge a finales de la década de 1990 cuando un grupo de investigadores de instituciones francesas, como el CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) y el INRA (Institut National de la Recherche Agronomique).
El enfoque SIAL ofrece una perspectiva atractiva e innovadora en un contexto marcado por la emergencia de temas como: desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria y la nueva ruralidad, enmarcados todos por la puesta en marcha de políticas de descentralización y la revalorización de la escala territorial y del potencial de las zonas rurales para favorecer el desarrollo en los países del Sur.
Sin pretender la exhaustividad, en el documento se desarrolla un análisis del estado del arte del enfoque SIAL.En una primera sección del trabajo se identificará el origen conceptual del enfoque SIAL, su evolución y las principales aportaciones de este enfoque de análisis al campo del desarrollo rural. En una segunda parte se reflexionará en torno a la conceptualización del enfoque y su aplicación en el ámbito del desarrollo territorial. Finalmente, poniendo en perspectiva el conjunto de información recopilada, se avanzará sobre propuestas y futuras líneas de reflexión.

Date of publication
March 2012

Proyecto de la Declaracion de Cochabamba sobre "Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas" presentado por la Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 7 de marzo de 2012.

Date of publication
April 2012

La integración regional y global es un motor potencial para el crecimiento, la generación de empleo y el desarrollo porque ayuda a los países a superar las desventajas del tamaño limitado de sus mercados, contribuye a atraer inversión extranjera directa (IED) y actúa como plataforma para la cooperación funcional y la generación de bienes públicos regionales entre los países participantes.
Documento encargado para la ponencia presentada en la II Conferencia Internacional RIBEI "Crisis global y reequilibrios de poder: retos y oportunidades para Iberoamérica". Celebrada en Quito, 8 de noviembre de 2011.
 

Date of publication
June 2012
Geographical focus

El documentos hace un análisis de los agrocombustibles en el  marco de los acuerdos comerciales de la UE con Centroamérica, Colombia y Perú, el impacto de la producción de materias primas destinadas a la producción de agrocumbustibles en los derechos humanos en Colombia y Guatemala y la situación de emergencia en comunidades indígenas y campesinas de ambos países.

Date of publication
June 2012

Declaraciones y resoluciones aprobadas por la 42 Asamblea Ordinaria de la Organizacion de Estados Americanos en Cochabamba - Bolivia.

Date of publication
June 2010
Geographical focus

 
*Miguel Ignacio Jerez Núñez
El pasado mes de febrero la población chilena vivió jornadas de angustia y luto, cuando varias regiones del sur y del centro del país fueron azotadas por un terremoto demoledor. Sobre esos hechos se han escrito numerosos artículos, estudios y testimonios. En el presente número de Diálogos se ofrece una mirada puntual sobre el impacto de la catástrofe en la agricultura chilena, particularmente en la situación de la pequeña agricultura o agricultura familiar.
La magnitud del daño
El gobierno chileno ha estimado a nivel global los daños del terremoto sobre la capacidad productiva del país en un monto cercano a los 30 mil millones de dólares. Según el economista Joseph Ramos, ésto no debería alterar de forma significativa el crecimiento económico,  previsto cerca al uno por ciento del PIB, de hecho una cifra menor a la esperada para el año 2010, que fue estimada por el Banco Central en torno al cinco por ciento. Sin embargo, para el éxito de esa proyección es fundamental la inyección en capital productivo -planificado- a la pequeña y mediana empresa de las regiones declaradas como zonas de catástrofe  (VI, VII y VIII región).
La  heterogeneidad  estructural en la agricultura chilena no es un tema nuevo. Numerosos estudios señalan que durante las últimas tres décadas ha ocurrido una progresiva transformación del agro, dando pie a que en la actualidad se pueda hablar de tres realidades coexistentes en la sociedad rural chilena en aspectos tan diversos como el económico- productivo, los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial: 1) el sector agroindustrial exportador, 2) la mediana agricultura y 3) la agricultura familiar campesina.
Aunque las estadísticas consolidadas por el Ministerio de Agricultura sobre la magnitud del daño del terremoto en la producción agropecuaria no contemplan una distinción entre las distintas realidades de la agricultura como las anteriormente expuestas, sus datos sirven para orientar el análisis respecto a las diferenciaciones necesarias que deberían abordar las políticas públicas en materia de reconstrucción y fomento productivo.
Impacto en la agricultura familiar campesina
No existe un diagnóstico oficial exhaustivo del impacto productivo para estas unidades, tan importantes desde el punto de vista del porcentaje de población rural involucrada, pero que a nivel de PIB representa una fracción residual.
Por el contrario, en este sector de la realidad agraria chilena los daños de la tragedia están asociados con aspectos propios del "modo de vivir" la ruralidad,  que no han sido relevados por el catastro y,  por ende,  no constan en la incipiente política de reconstrucción definida hasta el momento.
En el mundo rural chileno persisten unidades productivas familiares caracterizadas por: a) una relación muy estrecha, prácticamente del cien por ciento, entre tierra y trabajo familiar; y b) una producción orientada a la subsistencia, en rubros de baja rentabilidad para el mercado interno, en condiciones de competitividad muy baja como consecuencia de la serie de tratados de libre comercio suscritos por Chile en las últimas dos décadas.
Según los resultados del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007, en Chile existen 208.412 explotaciones agrícolas menores a 20 hectáreas, lo cual muestra  la excesiva concentración de la tierra en el país, como lo menciona el investigador Pezo, al considerar que si se toma como referencia el criterio de acceso a la tierra para uso agropecuario, hay una distribución tal que el uno por ciento de las explotaciones controla las tres cuartas partes del recurso, y las explotaciones inferiores a 20 hectáreas  (que son el 75% del total) sólo controlan el 3,7% de la tierra (Pezo, 2007).
La población de este sector tiene en promedio una baja escolaridad y se inserta en condiciones asimétricas en cadenas productivas y de comercialización, lo que redunda en la perpetuación de las condiciones de pobreza y exclusión social.  Similar condición enfrenta la pesca artesanal, también actividad de habitantes rurales, frente a la predominancia de la pesca industrial. Sin duda, este sector fue uno de los más afectados por el terremoto en términos productivos y habitacionales.
La catástrofe  dejó evidencia de la progresiva tendencia al envejecimiento de la población  rural que compone estas unidades productivas, su aislamiento geográfico y las precarias condiciones de vida de un sector de agro con serios problemas de inserción en la económica exportadora.
Impacto en el sector agroindustrial
Lo más significativo del impacto de la catástrofe es el alza injustificada en el precio de la harina, lo cual incide directamente en el incremento del porcentaje de ingresos familiares destinados a alimentación sobre todo en los quintiles más bajos, dado que el pan es parte fundamental de la dieta, mientras que en la producción de arroz para los sectores afectados, las consecuencias en la pérdida de cultivo atribuibles al fenómeno de la naturaleza no será superior al diez por ciento de la producción.
En el caso de la leche, a nivel general no presenta mayores impactos en sus sistemas productivos, ya que se han normalizado los sistemas de acopio y distribución, mientras que en la fruticultura los efectos no son significativos desde un punto de vista estructural, porque no se identificaron daños importantes en la producción de flores,  asociándose los principales efectos a la pérdida de la producción orientada a la exportación, debido a problemas de conectividad vial y daño en la infraestructura portuaria. No ocurrió lo mismo con el tabaco, cuya producción está en manos de pequeños y medianos productores, habiendo sido seriamente afectada con daños mayores en infraestructura productiva.
El grueso de la estimación en costos realizada por el gobierno refleja en términos generales lo que ocurre con cada  uno de los rubros hegemónicos en la agroindustria,  debido a la facilidad de recolección de información de cada uno de los gremios y lo acotado y  conocido del número de unidades productivas. No ocurre lo mismo con las unidades familiares de producción, por lo disperso y, en muchos casos,  aislado de su ubicación territorial.  De hecho, el levantamiento de información es más lento y hasta el momento adolece de un mayor detalle.
Respuesta estatal
El momento político en que se produjo la catástrofe correspondió al cambio de gobierno, sin embargo, es presumible que los lineamientos de política pública vigentes desde el último período en materia de desarrollo del agro chileno no sufran grandes transformaciones. Más bien,  se puede hablar de cierta continuidad del impulso estatal en el posicionamiento de la imagen "Chile; potencia agroalimentaria" y en la articulación de programas de fomento productivo, el encadenamiento de rubros y especialidades, y la transferencia tecnológica, siendo aspectos constitutivos de una macro orientación gubernamental que data de años.
Por lo precedente, puede entenderse que la reacción de la Unidad de Emergencias Agropecuarias, organismo público coordinado por el Ministerio de Agricultura, en el que participan todos los organismos del Estado vinculados al agro frente a la catástrofe, considere el desarrollo de una serie de instrumentos para paliar la situación de las unidades productivas más afectadas, con énfasis en la pequeña agricultura.
Uno de los ítems fundamentales del presupuesto destinado al rubro de las reconstrucciones considera reponer las condiciones de habitabilidad de la población, debido a que el daño estructural en viviendas emplazadas en zonas rurales es significativo, ya que alrededor  del 80%  corresponde a la población económicamente más vulnerable.
¿Sostenibilidad?
Con la mirada puesta en la sostenibilidad política, económica y sociocultural de la re- construcción de los territorios priorizados,  debe recalcarse que un papel fundamental en este proceso debería corresponder a la tarea de catastro.  El relevamiento de información catastral es el punto inicial y de base en la definición e implementación de una política pública específica de reconstrucción en los territorios devastados y, por ello mismo, declarados zona de catástrofe.
Es imperativo que sea una política fundamentada en la orientación ética y política de inclusión social, equidad y gobernabilidad participativa y democrática, que considere las transformaciones de la sociedad rural chilena, en cuanto a: relaciones sociales, asignación de sentido al entorno físico, articulación de lo rural y urbano, dinámicas productivo laborales, sentido de pertenencia territorial, organización social y articulación público- privada
Se debe continuar con el fortalecimiento de los gobiernos locales como entes articuladores de la integralidad del proceso de desarrollo del territorio, como actores clave del proceso de reconstrucción. En los casos en que la reconstrucción implica el diseño e implementación de reasentamientos humanos se debe prestar singular atención a la relación existente, aunque en permanente transformación, entre las vocaciones productivas territoriales, la estructura del empleo y las lógicas de asentamiento y desplazamiento de las personas.
Las políticas y programas de reconstrucción no deben verse sólo como una respuesta urgente frente a la devastación producida por el terremoto, sino como una oportunidad  importante para la definición de una política pública local y nacional que aborde sistemáticamente el ordenamiento territorial, como patrón armonizador del desarrollo económico. Un desarrollo que incluye la industrialización y la diversificación productiva, junto con las dinámicas socioculturales de uso del suelo desde perspectivas de mediano y largo plazo, identificando conflictos por actuales y potenciales por su acceso y uso y considerando las transformaciones de la relación entre lo urbano y lo rural.
 
(*) Sociólogo, Magister en Psicología Social Aplicada. Miembro de la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa - CIAL.
 
Este documento es la versión resumida. El documento completo estará disponible en la sección Exploraciones (http://sudamericarural.org/index.php?mc=98).  

Date of publication
December 2010

* Asier Hernando Malax-Echevarria
Las expectativas con las que se iba a Cancún no eran las mismas que las de Copenhague, más bien todo lo contrario. No son pocas las voces que insistían en el fracaso de Cancún y, por ende, el fin del multilateralismo para las discusiones sobre cambio climático. Los resultados de las últimas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), con un mayor poder para los republicanos y la primera intervención de Japón en la plenaria de la 16ª Conferencia de las Partes (COP16), declarando su rechazo a la renovación del segundo mandato del Protocolo de Kyoto presagiaban el peor de los escenarios.
Cómo se llegó a Cancún?
Desde que en marzo de 1995, en Berlín, Alemania se realizó la primera de una serie de 16 conferencias con participación de representaciones de los Estados parte que constituyen la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El camino ha sido largo y azaroso, transitando entre esperanzas, desilusiones y desconciertos.  
Si bien la reunión de Cancún es un eslabón más en la larga cadena de encuentros y desencuentros entre las naciones del mundo y sus acuerdos (y confrontaciones) sobre el cambio climático, su antecedente inmediato fue la reunión de Copenhague. La 15ª Conferencia de las Partes (COP15), realizada hace apenas un año, en diciembre de 2009, en Copenhague, Dinamarca, concluyó con negociaciones fallidas, que, a despecho de las muchas esperanzas puestas en el encuentro,  terminaron sin ningún tipo de acuerdo internacional justo, ambicioso ni vinculante.
Con esos antecedentes se entiende que muchos países hicieran de agoreros sobre la conferencia de Cancún, los últimos meses, en una especie de crónica de una muerte anunciada. EEUU ha venido insistiendo en que el proceso de negociación en el marco de las Naciones Unidas no servía, al punto que sus disputas con China para que reduzca las emisiones (y lo demuestre!) y, la presión del gigante asiático para que EEUU garantice los fondos para el financiamiento climático hacía prever un empate a cero, en el que el principal perdedor sería la propia ONU.
¿Qué es el protocolo de Kyoto?
El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático es "un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6)".
La reducción debería hacerse en un porcentaje aproximado de al menos cinco por ciento, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a los volúmenes de las emisiones comprobadas hasta el año 1990. Como no se trata de datos homogéneos para todas las partes, a cada país que aceptó el Protocolo corresponden una disminución de sus propios porcentajes de emisión. Este instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. 
El Protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kyoto, Japón pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005, intentando dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC. Aunque hasta noviembre de 2009 ya eran 187 los Estados que ratificaron el acuerdo, EEUU, el mayor emisor de gases de invernadero en el mundo, no lo ha ratificado.
Durante Cancún
En Cancún, el proceso de negociaciones en el marco de Naciones Unidas se salvó, que no es poco, llegándose a un acuerdo -sería un exceso decir que fue un consenso -con polémica incluida- debido al rechazo de Bolivia a firmar lo que el conjunto de 193 naciones habían aceptado. Para llegar al acuerdo de Cancún todas las partes tuvieron que ceder, unas más y unas menos, y la declaración final ha terminado siendo todo un juego de equilibrios donde muchos de los temas medulares se han dejado para Sudáfrica.
Los puntos acordados están llenos de luces y sombrase incluyen aspectos tan dispares y, al mismo tiempo tan importantes, como la aprobación de un Fondo Global, disminución de emisión de gases hasta un tope de dos grados, la aprobación del programa denominado REDD+ por su sigla en inglés: Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradatio o Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, y la posibilidad de un segundo mandato para el protocolo de Kyoto.
El Fondo Global garantiza que puedan llegar recursos hacia quienes más están sufriendo el cambio climático. Sin embargo no se aprovechó la oportunidad para asegurar las fuentes de financiamiento necesario que garantice un nivel de recursos adecuados. Por otro lado y a pesar de la presión de muchas organizaciones y países, el Banco Mundial (BM) quedó como el fidecomiso por un período transitorio de tres años desde que empiece a operar el fondo. Las funciones del fideicomiso quedan estrictamente limitadas y, en principio, la influencia del BM será igual al que tenemos todos con nuestras bancas personales (es decir, no controlarán las decisiones acerca del gasto, prioridades, etc.). La gobernanza del fondo estará bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) por la sigla en inglés: United Nations Framework Convention on Climate Change, y participarán tanto países desarrollados como en desarrollo. Los que decidan los detalles en el proceso de diseño a través del 2011 contarán con mayoría de países en vías de desarrollo (25 del sur, 15 del norte).
En cuanto al control de la emisión de gases, se aprobó que no se superen los 2 grados y se revisará si se aprueba la meta de 1.5 grados. Lo mitigación a la cual se compromete cada uno de los países queda para las negociaciones del próximo año. Vinculado con esto, finalmente, y a pesar de la presión ejercida especialmente por Japón, no ha muerto el segundo mandato del protocolo de Kyoto y  se seguirá discutiendo el transcurso del próximo año. Esta será una de las discusiones más importantes para garantizar un acuerdo  vinculante de reducción de emisiones por parte de países desarrollados.
A pesar de la aprobación de la REDD+, mala noticia para muchas organizaciones, se han incluido salvaguardias ambientales y sociales que muchos países de América Latina pedían. Sin embargo, no se ha conseguido que se apruebe la consulta, previa, libre e informada propuesta por los indígenas.
Son muchos los análisis que se han hecho las últimas horas sobre Cancún. Algunas organizaciones han dicho que el acuerdo ha sido un fracaso, donde han primado los intereses de las transnacionales y de los países desarrollados sin tener en cuenta los fuertes impactos que están sufriendo muchas de las comunidades de los países en desarrollo, no les falta parte de razón. Otras, han realizado un análisis más positivo, aceptando el acuerdo de Cancún como un alivio pero reconociendo que es más lo que queda por avanzar que lo que se ha avanzado.  A pesar de las diferencias en el análisis, unos priorizando lo necesario y otros  y teniendo en cuenta también lo posible, gran parte de las visiones están de acuerdo en los vacíos del texto y los avances que se deben tener el próximo año camino hacia la 17ª Conferencia de las Partes (COP17).  
Después
La COP 17 se llevará a cabo en Durban, Sudáfrica, del 28 de noviembre al 9 de diciembre del año 2011. Está claro que en ese año escaso que dista para llegar a ese nuevo encuentro son más los desafíos que los logros. Se trata de una visión del camino por construir que muchas organizaciones ya han comenzado a manifestar. Entre esas organizaciones está Oxfam, organización internacional de promoción del desarrollo, que considera clave, entre otros temas, avanzar en las fuentes de recaudación a largo plazo para a dotar al Fondo Climático de recursos.
Es evidente que se dejó pasar la oportunidad de establecer gravámenes a la transportación marítima y aérea, que hubiera permitido percibir una sustancial cantidad de nuevos recursos para combatir el cambio climático en los países en desarrollo. También se necesita renovar la voluntad política para hacer avanzar estas negociaciones con miras a un acuerdo global, justo y vinculante.
La principal lección de este proceso es que no se puede ofrecer un futuro seguro para las mujeres, hombres, niños y niñas del mundo, principalmente para aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables, a menos que los gobiernos se den cuenta de que se nada en conjunto o nos hundimos juntos. En este sentido el principal y más concreto desafío es elevar el compromiso a las reducciones de emisiones drásticas que se necesitan tan urgentemente.
 
*  Geógrafo, master en desarrollo, coordinador de campañas  y de agricultura de Oxfam para Sudamérica. Estuvo liderando la estrategia de alianzas de Oxfam para la COP 16.  

Date of publication
November 2011
Geographical focus

* Marcela Montan Rodriguez
 Desde su declaración en la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) en 1996, los países han adoptado el término de Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que indica que "Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana." La FAO establece cuatro dimensiones que requieren ser satisfechas para que ninguna persona padezca de hambre, a saber: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad (FAO, Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 1996).
En concordancia con ese acuerdo, la Soberanía Alimentaria (SA) es un concepto "instalado en la agenda política de muchos países de la región, todavía en construcción, inicialmente impulsado y promovido por la sociedad civil organizada. Este término ha tenido su desarrollo conceptual y su implantación como alternativa política al sistema alimentario actual globalizado" (Juan García, Lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe: la relevancia del marco institucional, 2009).
Durante el foro paralelo a la CMA  de 1996 la Vía Campesina propuso entender el concepto como "la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping".
En ambas versiones conceptuales un rasgo fundamental de la SA  es el protagonismo de los pueblos, las comunidades indígenas y otros grupos excluidos de los sistemas de gobierno, para definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de manejo de suelos y agua, que sean ecológica, económica y socioculturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias específicas. Lo mismo se plantea acerca de la producción campesina y familiar para una alimentación inocua, nutritiva, diversa y libre de organismos manipulados genéticamente.
Mirada sudamericana
Los países sudamericanos han avanzado en el desarrollo institucional de la Seguridad y Soberanía Alimentaria (SSA). Cinco cuentan con leyes específicas, habiendo sido Argentina el primero en contar con una ley de Seguridad Alimentaria en la región, con el lema "El hambre más urgente", en respuesta a la situación surgida con la crisis de finales del año 2002. Posteriormente elaboraron leyes, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Colombia, Paraguay y Perú cuentan con marcos normativos o ante proyectos de ley de Seguridad Alimentaria Nutricional.
El investigador brasileño Graziano propone tres perspectivas para analizar las políticas públicas nacionales de SSA en Sudamérica: Protección social, asistencia y educación nutricional y desarrollo rural y apoyo a la pequeña agricultura (José Graziano, Estrategias de desarrollo, políticas públicas y seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, 2008).
Políticas de protección social
En Sudamérica tradicionalmente se ha planteado las políticas de  SAN desde la protección social. Así lo demuestra el dato, no menor, de que la mayor parte de los programas de los países de la región, salvo Guyana, provengan precisamente de los ministerios de desarrollo social, con la idea troncal de facilitar el acceso de la población a los alimentos.
En esa perspectiva se reconocen dos mecanismos. El primero, con mayor trayectoria, corresponde al establecimiento de diferentes canales de distribución de alimentos, entre los que se destacan los programas de alimentación escolar, alimentación materna y  los comúnmente llamados comedores populares, que proveen a costos muy bajos al menos una comida al día. Cabe destacar el caso de Venezuela, con el programa "Casas de alimentación", atendidas por dueñas de casa y supervisadas por consejos comunales y comunas adscritos al Ministerio de Alimentación y al Ministerio de Comunas.
El segundo, y más reciente mecanismo, es el de la transferencia directa de dinero a la población más vulnerable, para que las personas puedan acceder a los alimentos. En términos técnicos las transferencias directas son  Programas de Transferencias Condicionadas, que "consisten básicamente en la entrega de recursos monetarios a familias en situación de pobreza, condicionadas al cumplimiento de ciertas responsabilidades o metas en diversos ámbitos de políticas públicas, tales como educación, salud, y nutrición" (CEPAL. Las Transferencias Condicionadas en América Latina: Luces y Sombras. Documento para el Seminario Internacional "Evolución y desafíos de los programas de transferencias condicionadas", Brasilia, 20 y 21 de Noviembre de 2007).
Las primeras experiencias fueron las de Colombia, el año 2002 con "Familias en Acción"  y la de Argentina con "Jefes y Jefas de hogar para la inclusión", también en 2002. Los países que más recientemente aplicaron ese mecanismo son Paraguay, con "Tekopora y Nopytyvo", el año 2005 y Bolivia, con el Bono "Juancito Pinto, el año 2006.
Políticas de asistencia y educación nutricional
Cercana a la línea de la protección social, la política de asistencia y educación nutricional orienta  los programas  de formación para una alimentación sana, otorgando importancia a la dimensión Utilización de la SAN. Su herramienta más empleada es la capacitación de los grupos vulnerables, niños en edad escolar, madres lactantes y personas en estado de inseguridad alimentaria grave, para mejorar el valor nutricional de su ingesta diaria.
Un buen ejemplo es el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) en Perú, que prioriza a las mujeres, quienes asisten y apoyan en los talleres de seguridad alimentaria para la atención de otras mujeres en alto riesgo nutricional, como también a grupos de niños y de damnificados por situaciones de emergencias temporal.
Otro ejemplo es el de Uruguay, con el Observatorio Alimentario (ObSAN), creado para "ser un articulador nacional en materia de SAN y monitorear adecuada y oportunamente las situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional de la población, focalizando su trabajo hacia los sectores más vulnerables" (Carmen Torres, Fortalecimiento del observatorio de seguridad alimentaria y nutricional. Informe final de la consultoria realizada en el marco del Proyecto, 2010).
Entre otras acciones relacionadas con la orientación de  asistencia y educación nutricional están los huertos caseros y familiares,  la crianza de animales menores y las ferias  de alimentos.
Otros países de la región han planteado programas para fomentar la producción para el autoconsumo mediante la agricultura urbana, como en Colombia, con la Red Nacional de Seguridad Alimentaria (ReSA Urbana); en  Brasil, con el Programa Nacional de Agricultura Urbana (Fome Zero); en Argentina con Pro Huerta, a través del Ministerio de Agricultura, y en Venezuela, con el Programa Nacional de Agricultura Urbana, a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Políticas de desarrollo rural y apoyo a la pequeña agricultura
En general el objetivo de las políticas de desarrollo rural y apoyo a la pequeña agricultura ha sido el incremento y masificación de la producción, atendiendo a la dimensión Disponibilidad de la SAN. Usualmente los proyectos y  programas de este tipo utilizan herramientas como la transferencia tecnológica, créditos, capacitación y apoyo a la comercialización para que los pequeños productores puedan tener más y mejor producción.
Sin embargo, muchas veces el fracaso de injertos tecnológicos, traídos de otros casos exitosos en agricultura, mostraron que no hay recetas que funcionen igual para todos los países, especialmente en el área rural de la región sudamericana, donde existe una amplia diversidad social, cultural, biológica y territorial.
Dentro del apoyo a la pequeña agricultura, "en algunos países se han realizado programas de arreglos contractuales entre una agencia pública y pequeños productores para la adquisición de determinados productos, el cual es canalizado a programas públicos de distribución de alimentos o alimentación directa, como por ejemplo desayunos escolares. Con este tipo de acciones, además de brindar los apoyos técnico-financieros más comunes, se busca evitar que el pequeño productor enfrente la incertidumbre sobre los volúmenes o precios, lo que muchas veces inhibe su participación en esos mercados, restringiendo sus posibilidades de generar ingresos" (José Graziano, Estrategias de desarrollo, políticas públicas y seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, 2008).
Ejemplo de ese caso son el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), en Brasil, articulado al Programa de Alimentación Escolar la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) de Venezuela, que tiene como objeto el subsidio directo a los sectores más desprotegidos de la población, otorgándoles productos de origen agrícola considerados estratégicos por su alto contenido calórico y proteico, y en Bolivia compras estatales de apoyo a los pequeños productores, quienes venden alimentos a diferentes programas de gobiernos en los ámbitos nacional,  departamental y municipal.
Combinaciones
La mayoría de los países han adoptado políticas de dualidad,  a través de  las que promueven la agricultura campesina y familiar y, al mismo tiempo, y muchas veces con mayor intensidad,  la agroindustria.
Dos ejemplos de ello son Argentina y Brasil, que si bien tienen programas de fomento a la pequeña agricultura como Pro huerta y Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) respectivamente, también son exportadores importantes de soya, en el marco de su modelo agroexportador, que recurre al paquete tecnológico de siembra directa. Una estrategia que  desplaza a pequeños productores del campo, amplía la frontera agrícola, erosiona la  tierra y  cambiando la aptitud del suelo ganadero,  entre otros efectos negativos.
Paraguay y Uruguay no escapan de esa dualidad, contando respectivamente con el  Programa Nacional de Seguridad y Seguridad Alimentaria para la Agricultura Familiar (PRONSADAF) y el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Desarrollo de la Agricultura y Economía Indígena (PRONSADAI). Ambos se han convertido en exportadores principales de soya, causando en sus territorios efectos semejantes a lo que ocurre en  Argentina y Brasil.
Chile es un caso especial, debido a que no utiliza propiamente los conceptos de SAN ni SA, habiéndose enfocado principalmente en la dimensión utilización de la SAN, con campañas sobre los conceptos de calidad, inocuidad y sustentabilidad ambiental, que aparecen asociados a la gran producción de exportación y bastante alejados de la producción a pequeña escala o de subsistencia destinada al mercado interno.
Políticas de SA con ejemplos más claros se encuentran en Ecuador (2008) y Bolivia (2009), países que incorporaron en sus constituciones el principio de SA, bajo el marco del paradigma del Vivir bien. Venezuela también promulgó una Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en la cual  se reconoce la SAN como política de Estado.
A modo de conclusión
Un balance general para Sudamérica indicaría que se ha avanzado en las tres orientaciones de políticas públicas más comunes: Protección Social, Asistencia y educación nutricional y Desarrollo rural y apoyo a la pequeña agricultura. Sin embargo, la vanguardia todavía la llevan las instancias de gobierno encargadas del desarrollo social, por lo que predomina la asistencia alimentaria.
Respecto al apoyo la pequeña producción campesina y familiar, que articula la SAN con la SA, se pueden contabilizar innumerables experiencias que todavía son aisladas y no se han convertido en el eje central de la política pública de los países de Sudamérica. Existe aún un déficit notable entre la articulación consistente entre los criterios y políticas de protección social y producción de alimentos.
Pese a contradicciones y debilidades, las políticas de SA pueden aportar el nexo necesario en el reconocimiento de los pueblos para proponer políticas alimentarias promoviendo la participación activa de la sociedad civil, siendo, al mismo tiempo, una forma de sostener la agricultura campesina y familiar como alternativa al sistema alimentario globalizado.
Ingeniera Agrónoma, investigadora del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (La Paz,Bolivia).

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