Latin America and the Caribbean

Area code (UN M.49)
419
Date of publication
November 2008
Geographical focus

 ¿Nuevo ciclo de reformas agrarias en América Latina?
Miguel Urioste[*]
14 de noviembre de 2008
La emergencia de gobiernos progresistas en Latino América, unos más que otros, ha colocado nuevamente en agenda el tema de la reforma agraria como una tarea pendiente y requisito para luchar efectivamente contra la pobreza que atrapa a las mayorías indígenas y aportar así en la construcción de mayores niveles de seguridad alimentaria.  En tiempos de crisis mundial energética y alimentaria, en medio de un contexto de grave calentamiento global, el valor de la tierra de uso agropecuario aumenta aceleradamente en casi todos los rincones del planeta.  Poco antes de la crisis financiera y del desplome mundial de las bolsas en el mes de octubre del 2008, los fondos de inversión de riesgos y las compañías petroleras habían iniciado compras de tierras generalmente en países muy pobres y atrasados que cuentan con abundantes recursos naturales. Su objetivo: producir agro combustibles en reemplazo de las energías fósiles. Su efecto inmediato: alza en el precio de los alimentos y crecimiento de la inseguridad alimentaria en el tercer mundo.
A pesar de que estos nuevos ingredientes -crisis alimentaria y energética y calentamiento global- se han convertido en elementos centrales que caracterizan la problemática rural de casi todos los países de América Latina, los gobiernos que propugnan la reforma agraria en la región latinoamericana, siguen atrapados en el viejo discurso de la década de los años 50 y 60 del siglo pasado.
Es evidente que las reformas agrarias no son cosa del pasado y constituyen una tarea pendiente de ineludible realización. Sin embargo las razones que las motivan ya no son las mismas de antes, o no son únicamente las mismas de antes. No se trata ahora de promover solamente un acceso más equitativo a la tierra, sino que este tiene obligatoriamente que estar ligado a efectivas políticas públicas que promuevan y faciliten aumentos sustantivos de productividad de la tierra, de la mano de obra y de la tecnología para que los campesinos e indígenas puedan alcanzar niveles adecuados de competitividad.
En América Latina existe una fuerte presión por la tierra. La tierra disponible con potencial de uso agropecuario o forestal, no es suficiente para que accedan a ella miles de nuevas familias cada año. Sin embargo nos encontramos ante una paradoja. En nuestros países, al mismo tiempo que la tierra es insuficiente, existe una "nueva ruralidad" que ya casi no reconoce fronteras entre lo urbano y lo rural, además de que existe una alta migración campo ciudad o al extranjero y el "abandono" de tierras continúa en aumento. De esa manera, se ha ido construyendo un nuevo estrato social de campesinos a tiempo parcial que, en medio de la precariedad laboral de la informalidad, dividen su tiempo entre actividades comerciales, el contrabando, el trabajo asalariado urbano y cultivos de "temporada".
Sólo aquellos pequeños productores rurales que han logrado trascender sus mercados estrictamente locales y que con mucho esfuerzo propio consiguen acceder a mercados nacionales o mercados ecológicos internacionales cada vez mas ampliados, consiguen tasas de retorno atractivas. Notablemente son los que menos atención reciben de los estados y de las políticas públicas, son los que reclaman el fortalecimiento de sus derechos propietarios de las tierras -familiares o comunales- pero no logran acceder a títulos confiables y duraderos, porque no son objeto de atención prioritaria de los gobiernos. Esa confiabilidad y durabilidad del derecho propietario -todavía no logradas en la mayoría de las áreas rurales de América Latina- son una condición necesaria aunque no suficiente para re invertir en el predio y mejorar las condiciones de acceso a los recursos naturales para producir más y vivir mejor.
Sin embargo, los enfoques de las reformas agrarias de algunos gobiernos progresistas de la región, particularmente de Bolivia, Nicaragua y Venezuela y en menor  medida Brasil, Guatemala, Ecuador y recientemente Paraguay, están centrados casi exclusivamente en enfoques ya no de acceso a la tierra sino de acceso al poder político en jurisdicciones  político administrativas locales, en el fortalecimiento de las identidades territoriales étnicas, en ideas muy válidas de auto gobierno indígena... descuidando notablemente aspectos centrales vinculados a la generación de riqueza en el agro y a la retención del excedente.
La primacía del discurso político que envuelve (adorna) la legítima y necesaria reivindicación de la reforma agraria en América Latina, nubla o posterga las políticas públicas y los esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo y producción en el área rural. Los esfuerzos por promover acceso masivo de los pequeños productores campesinos e indígenas de la región a financiamiento de fomento, a tecnologías y conocimientos nuevos y apropiados, al conocimiento de las formas de funcionamiento de los mercados, especialmente los internacionales, siguen siendo marginales.
En Venezuela, Bolivia y Nicaragua parecería que las reformas agrarias han caído en el fácil expediente del discurso radical en contra de los terratenientes y del latifundio -ciertamente inaceptables en el siglo XXI- con muy pocos avances reales y concretos en términos de reversiones o expropiaciones y las consecuentes re distribuciones. Es verdad también que las élites y grupos de poder tradicionales de estos países se aferran con uñas y dientes a sus tierras, cumplan estas o no la Función Económico Social que casi todas las legislaciones agrarias de la región consagran. En su afán por mantener sus privilegios, estos terratenientes no dudan en usar la violencia en contra de los campesinos sin tierras, provocando muertes como las de Pando en Bolivia hace algunas semanas.
El problema de la inoperancia de las reformas agrarias en curso en América Latina no es de orden jurídico. Al contrario, con matices, las leyes agrarias y los recaudos constitucionales son buenos y son más o menos los mismos en casi todos los países: prohibición del latifundio, exigencia de trabajar la tierra como condición para poseerla, discriminación positiva para pueblos indígenas y campesinos sin tierra. En general los estados no tienen los mecanismos operativos y la fuerza pública para hacer cumplir las leyes ante las violentas reacciones de los poderosos de la tierra que se organizan para defender sus intereses.
La extrema ideologización del discurso oficialista sobre la reforma agraria, convertida únicamente en instrumento de movilización y respaldo político, es en el fondo una manera encubierta de eludir mayores responsabilidades públicas. Falta fomentar de manera concreta la producción interna de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria de los pobres rurales y de los países de la región. Los nuevos enfoques del desarrollo rural con énfasis en el espacio y la gestión territorial pueden ser ingredientes que revitalicen los añejos discursos de las reformas agrarias. Hasta ahora -en los últimos años- no se puede observar en América Latina efectivos avances en la redistribución de la tierra y tampoco mejoras en su uso productivo y sostenible como resultado de políticas públicas proactivas. Si no se dota a las reformas agrarias en curso en la región latinoamericana de contenidos verazmente económico-productivos, estas podrán convertirse muy rápidamente en una nueva frustración para las mayorías rurales empobrecidas que son las que justamente dan su mayor respaldo a los gobiernos progresistas.
En concreto, aunque las reformas agrarias se proclaman en nuestros países como una tarea revolucionaria, no está claro el curso que tendrán estos procesos y menos aún si tendrán impactos de corto plazo en los ingresos de las familias rurales.
 
 
 
 
 

[*] Economista, especializado en desarrollo rural, Director General de la Fundación TIERRA. Es autor de varios libros, conferencias, ensayos y consultorías sobre economía agrícola, desarrollo rural y participación popular.

Date of publication
February 2010

Mas que palabras
 *Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS
En los dos primeros meses del año, Chile y Haití, dos países hermanos fueron azotados por movimientos sísmicos de enorme magnitud, causando entre su población daños tangibles e intangibles y planteando enormes demandas de ayuda humanitaria. Estos momentos presentan un gran desafío para demostrar la solidaridad  eficaz de nuevas instituciones regionales, que hasta la fecha han actuado principalmente sólo en el campo político.
El pasado doce de enero, cuando faltaban siete minutos para las cinco de la tarde, la rutina en Puerto Príncipe fue brutalmente interrumpida por los sacudones de la tierra. Durante dos horas terroríficas hubo por lo menos seis réplicas del terremoto más devastador del que se tiene noticias,  que ocurrió tierra adentro, a una distancia aproximada de 15 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe, que a la profundidad de diez kilómetros tuvo una magnitud de 7.0 en la escala de Richter y se sintió con una intensidad de grado IX en la escala sismológica de Mercalli, según varias de las centenares de crónicas publicadas a través de Internet.
Mientras los principales edificios caían como castillos de naipes, las comunicaciones se cortaron y la gente despavorida buscaba a sus seres queridos debajo de los escombros, el tráfico colapsó y el mundo vio cómo la desgracia volvía a golpear a la población de un país que ha labrado a golpes su lugar en la historia por hechos tan disímiles e impactantes como haber sido el primero en lograr su independencia del poder colonial y pasar posteriormente de una dictadura feroz a sucesivos gobiernos que no logran remontar la marca trágica de la corrupción, la violencia y la pobreza.
Haití comparte con República Dominicana su ubicación en la isla caribeña La Española, al igual que comparte la denominada falla de Enriquillo, causante de varios de los terremotos que han asolado sucesivamente una región azotada por el interés estratégico que supone para Estados Unidos (que ha intervenido ya en al menos dos oportunidades) y por huracanes y movimientos sísmicos, cuyos efectos devastadores se tienen registrados en una cronología histórica escalofriante que abarca sucesivamente 1770 , 1771, 1842, 1887, 1904, 1946, 1994 y 2010.
El país más pobre de América, ocupa el puesto número 149 de 182 países según el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En cifras esto quiere decir que más del 80 por ciento de su población vive bajo la línea de pobreza, mientras la mitad está catalogada en situación de pobreza extrema; las remesas enviadas por los migrantes suponen el 40 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), y sus problemas sociales van desde una débil institucionalidad hasta los mayores índices de inseguridad ciudadana entre los países de la región.
A 45 días del terremoto, según la BBC, los cálculos de la tragedia arrojan números que van desde 230 mil muertos, tres millones de afectados entre heridos, personas sin vivienda, desaparecidas y refugiadas en la frontera de la vecina República Dominicana. Hay escasez de agua potable, alimentos y medicinas, situación agravada por la inseguridad de un caos latente que podría producirse por los ataques de gente desesperada a los centros de acopio y distribución de ayuda.
La ayuda humanitaria fue inmediata y se mantiene, a través de misiones presenciales, envío de medicinas, enseres, alimentos, voluntarios y dinero en efectivo. Se han hecho presente países europeos y latinoamericanos, Estados Unidos, y las numerosas instituciones multilaterales y del sistema de la ONU.
En febrero, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) promovió entre sus miembros aportes que suman cien millones de dólares, calculados según el PIB y la población de cada país. 
Las declaraciones y los compromisos asumidos por UNASUR muestran una nueva perspectiva que podrían asumir este tipo de organizaciones, complementando lo que vienen haciendo en pos de su consolidación. En teoría los países sudamericanos tienen todas las potencialidades para atender crisis alimenticias en la región, como las que pueden derivar de Haití.
La utilidad del compromiso de UNASUR es generar acciones que integren a los países desde perspectivas concretas, superando la noción de que la pobreza es un indicador solamente nacional. Poco a poco se podría atender indicadores regionales y por tanto políticas y metas de la misma envergadura.
Pero la declaración no es suficiente, es necesario su cumplimiento. Esta es una buena oportunidad para hacer seguimiento a los compromisos de los jefes de Estado, de manera que los resultados de esta gestión recobren la atención de la ciudadanía sobre las cumbres presidenciales, abundantes por su número y variedad pero no precisamente por la concreción de sus buenos deseos.
 
*  El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPRDS) es una iniciativa especializada en desarrollo rural, que complementa otras acciones originadas en distintos ámbitos de Estado y sociedad civil desde una perspectiva circunscrita a Sudamérica.  Su misión es contribuir a mejorar las condiciones teóricas, políticas y técnicas para el desarrollo rural en Sudamérica.
 

Date of publication
April 2010
Geographical focus

 * Eduardo Gudynas
Cada presidente recibió una copia de ese informe. También los ministros y otros miembros de las delegaciones oficiales. Fue en la última cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2009, en Portugal. El título era impactante: "Innovar para crecer: desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible e inclusivo en Iberoamérica", y fue preparado conjuntamente por la CEPAL y Secretaría General Iberoamericana.
La fecha de presentación de ese reporte no es una cuestión menor: en el ocaso del año 2009, la crisis global ya llevaba casi unos dos años sobre sus espaldas, dejando en claro la debilidad de los análisis económicos minimalistas, obsesionados con el mercado, y desentendidos del Estado. Son tiempos de renovación en el pensamiento económico. Tampoco debe pasar desapercibido el subtítulo donde hay un llamado al desarrollo sostenible, y por lo tanto necesariamente debe incorporarse la dimensión ambiental, y a ello se sumaría la inclusión social. Entusiasma la esperanza de encontrar en ese reporte novedades en el terreno de la justicia social y ambiental.
El objetivo de ese documento tampoco es menor: la CEPAL presenta a los presidentes y sus ministros sus propuestas y proyectos sobre cómo deberían ser los próximos pasos a seguir en América Latina.
Bajo estas circunstancias tan favorables, un lector sudamericano esperaría encontrar varias secciones dedicadas a la renovación del desarrollo rural, el papel de la agropecuaria, un abordaje de la sustentabilidad ambiental en la agricultura y la ganadería, las opciones que ofrecen los nuevos mercados de alimentos sanos, los potenciales de la agricultura para generar empleo o sobre cómo reducir la pobreza en el medio rural. Como hay varios gobiernos que hacen una apuesta fuerte a fortalecer y asistir al campesinado, se esperaría que esa sensibilidad sea profundizada en este reporte. Y así sucesivamente, hay una larga lista de temas en desarrollo rural que podrían encararse desde una perspectiva ambiental y social.
El problema es que cuando se lee el reporte "Innovar para crecer" hay poca innovación. En el caso específico del desarrollo rural, un examen de los contenidos en esas páginas muestra que se vuelve a caer en las posturas más convencionales y previsibles de la agroindustria y la biotecnología. No sólo eso, sino que el campesinado o la pequeña agricultura no aparecen como un elemento de relevancia, ni están listados entre las opciones que se ofrecen para generar la "innovación" o el "crecimiento". En otras palabras: si se espera encontrar aportes sobre sustentabilidad de la agropecuaria, inclusión social rural, o un relanzamiento del desarrollo rural, este reporte de CEPAL no colmará sus expectativas.
Frente a esta situación, y a estas alturas, quedan en evidencia varios problemas. Por un lado, las cuestiones del desarrollo rural en su amplio sentido siguen languideciendo, y son reemplazadas por recetas sectoriales muy precisas, casi siempre vinculadas a la agroindustria y la exportación de productos agroalimentarios. No se aborda de manera integral y en todos sus componentes la producción agropecuaria y sus vínculos con el entramado social rural, sino que se atienden cuestiones específicas, tales como el uso de transgénicos en el cultivo de algunos granos y su comercialización. Las viejas metas de la agropecuaria, como la de asegurar la alimentación dentro de fronteras, es reemplazada por indicadores de exportación.
Por otro lado, las alternativas que se promueven desde varias agencias tienen poco de "alternativo", y son tan convencionales que casi no sirven como fermento para disparar discusiones o reflexiones. Veamos un ejemplo: la apuesta a la biotecnología y los transgénicos ya tiene varios años a cuestas. A pesar de las promesas de las empresas y los centros biotecnológicos que las fomentan, seguimos en la primera generación de semillas, que son resistentes a herbicidas o generan tóxicos contra insectos (como la soja resistente al herbicida glifosato). En casos como la diseminación de malezas resistentes al glifosato en varias zonas sudamericanas, queda en claro las serias limitaciones de esa estrategia de producción. Pero en vez de reconocer ese fracaso, sus promotores empresariales pasan a ahora a redoblar la apuesta simplemente planteando suplantar glifosato por glufosinato para evitar esas resistencias. O sea, que la "innovación" biotecnológica es simplemente pasar de un herbicida a otro. Como en los viejos tiempos con los agroquímicos convencionales.
Situaciones como esta dejan en claro que bajo esa perspectiva no se avanza mucho hacia estrategias alternativas, ni son muy efectivas en desencadenar debates que alimenten nuevas ideas. Podría decirse que esta situación es apenas un problema de la CEPAL, el IICA y otras organizaciones, mientras que bajo los gobiernos progresistas la situación es otra, y efectivamente se están ensayando alternativas agropecuarias. Sin embargo allí tampoco hay muchas novedades. Más allá de las diferencias que se observan en ese heterogéneo conjunto, donde por ejemplo en Bolivia se invoca el protagonismo campesino mientras que en Brasil se financian a las grandes empresas agroexportadoras, lo cierto es que en todos los casos se mantienen las estrategias de maximizar la producción para orientarla a la exportación.
En efecto, a pesar de la feroz crisis global, los gobiernos sudamericanos, incluyendo los de la nueva izquierda, coinciden en volver a apostar al estilo agroexportador. Siguiendo ese camino persisten en su papel de proveedores de materias primas, de competir con los países vecinos en ofrecer más o menos los mismos productos agropecuarios, y en reclamar la liberalización comercial extrema en el seno de la Organización Mundial de Comercio, tal como hacen Lula da Silva de Brasil o la argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Surgen así otros puntos llamativos: ¿Por qué no ha tenido lugar una discusión más profunda sobre el desarrollo rural sudamericano bajo este contexto de crisis? ¿Por qué la izquierda gobernante parece olvidar sus cuestionamientos del pasado y ahora se conforma con las economías de enclave y la primarización de sus exportaciones? ¿Por qué no se han potenciado ensayos económicos alternativos? ¿Por qué no se ha revitalizado la integración regional hacia la coordinación, por ejemplo, de la producción agropecuaria? Y así sucesivamente.
La respuesta apunta a que esos gobiernos también insisten en promover un modelo productivo intensivo, maquinizado, fragmentado entre proveedores de servicios, y que se parece cada vez más a una cuestión de logística. La necesidad de aumentar las exportaciones y los flujos de inversión privada están por detrás de esas tendencias. Los excedentes del comercio exterior alimentan los presupuestos estatales, y la inversión privada se orienta hacia los proveedores de mercados globales, donde consiguen mayores rentabilidades, y no muestran mucho interés en solucionar la seguridad alimentaria interna. La ausencia de un debate sobre otros aspectos de la estrategias productivas rurales ya no interesan mucho a los políticos ni a la academia, y la opinión pública, mayoritariamente urbana, muestra desinterés por esas cuestiones. Este tipo de factores explica tanto la ausencia del desarrollo rural en informes como la CEPAL, como la falta de una avalancha de críticas por ese olvido.
Entretanto, buena parte del campesinado está al margen de estos cambios, mientras que para los pequeños productores esto significa que algunos pocos puedan ingresar en ese circuito, en casi todos los casos cediendo el control sobre sus predios, mientras que otros son excluidos, y se agravan sus problemas de rentabilidad y permanencia en el campo.
Contextos de este tipo no aparecen en el reporte de CEPAL citado al inicio de este artículo. El problema es que bajo estas tendencias, los campesinos corren el riesgo de perder su papel de "productor rural". En tanto los gobiernos dejan atrás las cuestiones del desarrollo rural como un campo amplio y abarcador, una visión economicista y mercantil los lleva a concluir que esos campesinos que no se "enganchan" en los agronegocios, son económicamente inviables. Los dan por perdidos, y entonces dejan de ser un problema para los ministerios de agricultura, ya no son "productores rurales", y pasan a ser una cuestión "social". Las agencias de asistencia social y los programas de bonos y compensaciones deberán lidiar con ellos.
Más allá de las intenciones (que pueden ser muy buenas en muchos casos), varias acciones gubernamentales insisten en intentar convertir a los pequeños agricultores y campesinos en unidades productivas de tipo comercial, que sean viables por sí mismas, y acopladas a cadenas de producción propias del capitalismo contemporáneo. Por ejemplo, creando mercados de tierras y dando préstamos para comprarlas, ofreciendo créditos blandos o subsidiando la compra de insumos, dinero para proyectos productivos o infraestructura, etc. El abordaje es comercial, y ven la viabilidad del campesino en la medida en que pueda ser convertido en una "mini PYME". De esta manera, el estilo de desarrollo de la agricultura intensiva no está en entredicho, sino que el problema es como "incluir" los pequeños productores y campesinos dentro de esa corriente.
Como los gobiernos de izquierda no son insensibles a los dramas humanos, aquellos que quedan marginalizados de esa tendencia, pasan a ser entendidos como un problema social. Por lo tanto, la solución a su situación ya no está en la agropecuaria, sino en la efectividad de los planes de ayuda, usualmente compensaciones monetarias focalizadas. Y de esta manera, independientemente de las intenciones, otra vez más vuelve a desvanecerse el campo del desarrollo rural.
El debate sobre el desarrollo rural sigue languideciendo en América del Sur, pero sus límites y posibilidades están cambiando bajo el nuevo contexto político. A pesar de esos cambios, una vez más, persiste la necesidad de revitalizar y profundizar los abordajes sobre el desarrollo rural en todas sus dimensiones, y sin perder de vista su integralidad. De alguna manera, es necesario recomenzar esas discusiones, pero adaptándolas a la nueva coyuntura política y económica de América del Sur.
 *  Investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Contacto: egudynas@agropecuaria.org  Web:  www.agropecuaria.org  

Date of publication
September 2010
Geographical focus

* Xavier Albó
Xavier Albó lleva más de cuarenta años trabajando en desarrollo rural y derechos indígenas en Bolivia. En esta entrevista el antropólogo indaga, precisa y reflexiona sobre los principales conceptos vinculados a la agricultura familiar.
Pregunta (P): ¿Cómo abordar conceptos complejos y relacionados respecto a campesino, indígena - originario y pequeño productor?
Respuesta  (R): Teóricamente la definición de campesino no es un concepto cultural, sino de tipo socioeconómico. Hay un montón de literatura universal al respecto, con variaciones y matices según los países. El concepto socioeconómico define como campesino a aquel que vive directamente del trabajo en el campo. Campo implica de alguna forma la tierra. Y se diferencia al campesino del empresario grande, del patrón. Campesino, por tanto, viene a ser el que hace directamente el trabajo en la tierra, y tiene cierta relación con el mercado. Es decir, no es un grupo que vive aislado, sino que tiene una relación con el conjunto de la economía del país, de la sociedad, aunque produzca mucho para el autoconsumo; y puede ser que vende alguna cosa o que también trabaje por contrato.
Haciendo una división interna, la denominación campesinado puede abarcar a los campesinos libres (los que son dueños de la tierra) y a los campesinos asalariados. En Bolivia he escuchado decir que cuando son asalariados ya no son del campesinado, sino de la Central Obrera Boliviana (COB), por ser obreros agrícolas. Puede que haya que hacer distinciones ahí adentro: los peones de hacienda, por ejemplo. Antes a todos se los llamaba indios, pero cuando se organizaron ya se les decía campesinos. No era necesario que fueran dueños de la tierra para que se los llamase campesinos. Esta es una cosa bastante general.
Lo campesino se refiere a un modo de producir y una forma de sobrevivencia, y se trata de un dato distinto si es que además de campesinos son indígenas. Se podría afirmar que la mayoría de indígenas de México son campesinos o viven como campesinos en su forma de producción. Los únicos que quedan fuera son los que viven de la recolección, lo que significa que son nómadas, entonces no caben en la definición de campesinos. Este modo de ver las cosas, por lo tanto, se adhiere a la lógica de las clases sociales, con una categoría ocupacional que de igual forma reconoce a obreros y artesanos. .
Por indígena se entiende literalmente al oriundo de un lugar. En este sentido es sinónimo de aborigen u originario, casi siempre en América Latina, porque el término se usa poco en Europa, salvo para los primeros pobladores, como ocurre en el norte con los lapones o sami. A ellos se los llama indígenas porque estaban desde siempre y no se trasladaron de un sitio a otro. En muchos países de Asia, África y Estados Unidos se les llama tribu, que más que al origen parece que se refiere a la forma de su organización social. Después todo esto derivó en un sentido distinto, que se refiere a los que tienen una cultura diferente de la dominante, y que la tienen desde un tiempo relativamente indefinido. Entonces, se puede hablar de cultura indígena, estudios indígenas, etc. Y de ahí ha derivado posteriormente, con el error de colón, la denominación de indio.
El término indio está más relacionado con identidades que con ocupaciones, porque puede haber una gama de ocupaciones distintas según los individuos; mientras que las identidades aluden al grupo, a la identidad que ellos se dan a sí mismos, la cual regularmente no es una categoría general de indígenas, sino la concreta de tal o cual pueblo: somos aymaras, por ejemplo.
Cuando se busca una generalización, sale el término indígena, originario u otro, como primitivos "que son los que otros nos dan",  han dicho muchas veces las y los dirigentes. A los propios interesados a veces no les ha gustado ese término y por eso buscaron otros nombres. Pongamos un ejemplo de acá y otro de la India. Acá, en Bolivia,  a los indígenas o indios de las tierras altas no les gustaba ese nombre, mientras que a los de tierras bajas no les disgusta, entonces salió lo de originario. Esto se extendió hacia algunos países de América latina. En la India siempre dicen tribu, y técnicamente en la Constitución se usa la denominación de scheduled tribes, con un listado de tribus; las que están en esa lista son las reconocidas. Ellos preferirían llamarse otra cosa equivalente a aborigen u originario, pero eso no está reconocido por la Constitución.          
P: ¿La denominación de pequeño productor o agricultor familiar delimita lo campesino y excluye lo de asalariado?
R: Claro,  es un refinamiento del concepto más grande de campesino. Uno de los libros más clásicos es el de Erick Wolf, que se llama, precisamente, campesino. Después vino el del investigador y escritor ruso Chayanov, que se descubrió tardíamente.
No creo que haya una diferencia cualitativa entre campesino y pequeño productor, aunque no sea un concepto uniforme. Ya Mao habló de los campesinos diferenciados entre pequeños, medianos y grandes. Encontrar un concepto único que se pueda usar en todas partes será difícil.
En rigor el término indígena está en el ámbito de los estudios étnicos. Étnico no tiene nada de racial, tiene que ver con etnos, que quiere decir pueblo. Y de ahí sale también el concepto de costumbres, un preámbulo a lo que vino a llamarse cultura. Tendría que haber un cruce de variables entre las categorías de la ocupación, la forma de ganarse la vida y la de producir (pequeños productores) y aquélla que va por la cultura o identidades de grupos (que diferencia unos grupos de otros). Los cruces son posibles porque los que viven en el campo, desde la perspectiva campesino, desarrollan formas culturales especiales que permite hablar también de una cultura campesina y por tanto de una identidad: compadrazgo, la solidaridad, ayni, las tensiones de pueblo chico.
En algunos países latinoamericanos el término campesino se origina a partir de lo étnico. Pero algunas corrientes marxistas, como otras, concluyeron que eran pobres por lo que producían, por lo poco que tenían, por la discriminación que recibían o porque los trataban de salvajes. Por esas connotaciones, desde principios del siglo XX ganó terreno el concepto de campesino.
Sin embargo, es interesante que al principio muchos de los que se hacían revolucionarios pensaran que en nuestros países había que hacer la revolución con esos pobres indios o indígenas. En las elaboraciones posteriores con las teorías marxistas se dijo que debía ir por el lado de los modos de producción. Se pensó que lo cultural no era importante y en cambio lo era el modo de producción. Los modos de producción era parte de la jerga de moda que venía de Marx; esto encajaba con campesinos alemanes, franceses o ingleses y con las organizaciones comunitarias de la España medieval; pero a la que empezaba a ver cosas de otras partes no le venía, como había un montón de otros aspectos que no empalmaba, por lo que se usó el nombre genérico de modo de producción asiático. Este ejemplo da una idea de cómo, empujando por uno de los lados de análisis, todo lo que significaba o venía de otras formas culturales, como las del imperio incaico, fueron consideradas modo de producción asiático.
En conclusión, no creo que en nuestros países la denominación de pequeño productor sea muy distinta a la de campesino.
P: ¿Es una conclusión generalizable?
R: Yo diría que en Ecuador, Perú y Bolivia lo campesino aparece asociado a lo indígena, mientras que en otros países, como en Chile, distinguen claramente entre el campesino y el indígena, aunque el mapuche viva del campo y cultive, es considerado indígena, y campesinos son los que trabajan en el campo pero no son indígenas. En Guatemala y México la línea divisoria es más complicada. En México tuvo cierto éxito el intento de campesinizar a la población indígena, de modo que ahora se sentirían insultados si le dijeran indígenas. Para tener una perspectiva a nivel internacional quizá no queda más remedio que hacer estas precisiones.
En el caso boliviano, ha pasado como en Perú, donde todavía se sigue diciendo que los serranos ya no son indígenas,  son sólo campesinos, pero en el fondo es la misma cosa. En el texto de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia se usan casi siempre las palabras indígena, campesino y originario, juntas y como denominación general e incluyente. Esto fue simplemente una especie de concertación para que entraran todos. Los del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) querían decir "nosotros sí somos campesinos". Los de las tierras bajas decían "nosotros somos los indígenas, ustedes que cosa serán". Entonces usaron los tres nombres indígena originario campesino.
Hay sólo dos o tres artículos en la CPE donde salen los términos por separado: uno en el que se refiere a los grupos que no han tenido contactos (los que han optado por no contactarse) y tienen derecho a tener territorio usan la palabra indígena; en otro se habla sólo de campesinos sin decir indígenas (En el capítulo de autonomías), aunque en una versión inicial se mencionó que podían tener autonomía, pero terminó en que pueden formar un municipio aparte si tienen una identidad cultural. Y finalmente en el capítulo sobre la propiedad de la tierra, donde se menciona a las comunidades, que no es solamente una cuestión de indígenas.
P: ¿Pero la tenencia de tierra es indispensable?
R: El concepto mismo de campesino no exige la propiedad de la tierra para su definición. De hecho, el campesino puede ser dueño o no de la parcela (la misma denominación de parcela es artificial y expresa mejor lo de pequeños productores). Porque también puede ser con propiedad comunitaria. En Bolivia, en términos de ocupación la inmensa mayoría de los indígenas son campesinos, por la dimensión ocupacional; y cuando se pretende hablar de una tipología, pueden ser comunarios, pequeños productores o pequeños propietarios, pero todos son campesinos.
Volvemos a la misma constatación: la definición de campesino tiene la misma connotación que la de pequeño productor o productor familiar. Y en los países con una presencia indígena significativa, campesino también quiere decir indígena. Nos encontramos, por lo tanto, con términos densamente entrelazados.
 
* Xavier Albó es jesuita, antropólogo y lingüista. Trabaja en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), del cual también es fundador. Ha escrito un centenar de libros sobre temas relacionados con las culturas y los derechos indígenas, principalmente de Bolivia.
Entrevista y edición del texto a cargo del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)

Date of publication
January 2012
Geographical focus

 * Oscar Bazoberry Chali
Desde el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) venimos insistiendo en que la integración regional sudamericana o la de Centroamérica y el Caribe constituyen el mejor escenario para construir una alternativa de desarrollo de base campesina indígena. Esto significa una crítica al estado de situación actual de la integración y al modelo de desarrollo agropecuario y rural que se implementa en los países de la región. Por esta razón saludamos los procesos de integración, y les hacemos especial y atento seguimiento, hasta entusiasta, debe decirse. No somos ingenuos, no creemos que todo pase por nuestros presidentes y sus cumbres, aunque, sin duda, ellas muestran de manera nítida el nivel en el que nos encontramos, en este camino de andar y desandar lo avanzado entre nuestros pueblos y sus gobiernos.
 
El proceso de integración sudamericana es parte de un camino azaroso. Entre las banalidades  cabe resaltar aquellas que se escucharon en la cumbre iberoamericana, como "vuelva pronto señor presidente", aludiendo al hecho de que en la siguiente cumbre no estaría el ahora ex presidente español Rodriguez Zapatero. Sin desmerecer el trabajo de ninguna de las gestiones presidenciales, esta despedida particular indica que, por una parte, muchos de los presidentes y presidentas mantienen la  ¿ilusión o fantasía? de quedarse en el cargo por largos periodos y que los retornos y, ese cargo en particular, constituyen una especie de privilegio para unos cuantos escogidos. Burdo y feo.
Sin embargo, hay esperanzas. Prácticamente todos los países de la región pasan por un período excepcionalmente propicio en la economía, la democracia es el común denominador en sus sistemas políticos, hay afinidad en las políticas de desarrollo social más allá de los discursos, y existe preocupación creciente sobre la sostenibilidad de los recursos naturales en contraposición al modelo extractivista.
Aunque en el presente artículo no nos concentraremos solamente en los eventos sudamericanos, mostraremos cómo distintos factores y ejemplos permiten invitar a la reflexión sobre el proceso de integración sudamericana, e insistir en el propósito de la integración como el mejor escenario para el desarrollo rural sostenible de base campesina indígena.   
 ¿Por qué Sudamérica?
Sudamérica o Centro América y el Caribe o Norte América. Ponemos especial énfasis en el criterio territorial de la integración porque, más allá de las voluntades políticas, nos interesa que la integración responda a aspectos objetivos. En el caso del desarrollo rural, las interrelaciones biogeográficas, ecológicas y territoriales tienen mayor predominio que el aspecto idiomático o nuestras particulares herencias coloniales. Por eso, insistimos en Sudamérica como un espacio optimo para la integración, de cara al desarrollo sostenible de la región, desde la perspectiva de sus recursos naturales.
En el componente político, la perspectiva campesina e indígena es incluso más amplia, puede decirse que mundial, sin embargo, las características que puede adoptar, así como las demandas de los pueblos indígenas, adquieren connotaciones particulares, dependiendo de las condiciones de cada una de las subregiones, especialmente en lo referido a la extensión del territorio y los recursos que en él se encuentran. Desde esta perspectiva, en Sudamérica respecto a Centro América y el Caribe, es posible diferenciar las condiciones de la población campesina e indígena,  sus reivindicaciones e, incluso, sus posibilidades.
No es un dato menor que distintos informes, especialmente de organismos internacionales e incluso de corporaciones transnacionales, se hayan fijado en Sudamérica como la región que presenta mejores condiciones para ampliar la producción agropecuaria y la explotación de sus recursos naturales.
Finalmente,  es también un problema de tamaño. La cantidad de tierra, agua y bosque es excepcional, no solamente para producir más desde un modelo agroindustrial, sino especialmente para generar las condiciones de espacios rurales con población y vida digna para cada uno de ellos. Renunciar a esta posibilidad y entregar las tierras y los recursos a las grandes corporaciones no significa otra cosa, que declinar el patrimonio sudamericano en favor del interés del capitalismo mundial.
Un buen momento
Desde hace algunos años, los países de la región están teniendo un crecimiento económico de alrededor del 5%, como ocurrió en el pasado 2011; sus gobiernos han podido jactarse de buenas reservas financieras y de administrar la economía de sus países proactivamente, pese a la  desaceleración y crisis que están ocurriendo en el resto del mundo. Por otro lado, la mayoría de los gobiernos, independientemente de sus tendencias ideológicas,  estableció políticas sociales con mejoras significativas en las áreas de educación, salud e ingresos de los más pobres a través de transferencias directas.
Las mismas condiciones del crecimiento, demanda externa de materias primas, mayor exportación, mejores precios, inversión extranjera, remesas y turismo, podrían acarrear también un deterioro de la economía regional. Sin embargo, todo parece indicar que existen áreas, como la de la producción agropecuaria, que crecerán de manera sostenida por la producción de alimentos, y, lamentablemente, también por la de agro combustibles.
En Sudamérica hay aún una población campesina e indígena importante, con un porcentaje general de alrededor del 30%, siendo Uruguay el país que tiene un menor porcentaje y Bolivia el mayor. En directa relación, la producción campesina sigue siendo significativa, aún en comparación con la agroindustria. Hay organizaciones y movilizaciones campesinas e indígenas cada día más fortalecidas. La descentralización y la apertura de espacios de poder en los niveles sub nacionales e incluso nacionales ayuda a la formación de nuevos liderazgo de hombres y mujeres de identidades indígenas y rurales con mayor acceso y capacidad de representación.
Una agenda
En el marco de las anteriores consideraciones, proponemos que la integración vista desde la perspectiva del desarrollo rural y el enfoque campesino indígena, pequeños y medianos productores, tendría que hacerse cargo de temas como los siguientes:

Sistema sudamericano de información sobre producción y comercialización de productos agropecuarios, forestales y, en general, los relacionados con la biodiversidad.
Establecer de manera progresiva estándares para la producción y comercialización de alimentos, incluyendo transgénicos.
Control de la inversión especulativa en la producción y comercialización de alimentos.
Información agregada sobre las inversiones transnacionales.
Incrementar progresivamente el control sobre la propiedad de la tierra y el uso y protección de los recursos naturales.
Sistema integrado de dotación y protección de tierras y territorios indígenas.
Política común para trabajadores agrícolas, que incluya normativa para regular y facilitar la migración, regular el salario, el derechos a la salud y un sistema integrado de aportes a la jubilación, la atención a las diferencias de sexo y la familia.
Apertura de mercados para productos alimenticios de base campesina indígena.
Sistema común de zonas de protección ecológica.
Establecer un sistema de gobierno que articule las políticas sobre lo que cada uno de los países define como prioridad, con apoyo de las capacidades técnicas de los organismos multilaterales.
Sistema de dirección, seguimiento y valoración de los organismos regionales que tienen directa relación con el desarrollo rural. Incluyendo al Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Capacitación Agrícola  (IICA) y otros de menor cobertura.
Normativa común sobre insumos y prácticas aceptadas en políticas de sanidad animal y vegetal.
Sistema integrado para la atención de emergencias, especialmente crisis alimentarias producto de desastres naturales, conflictos sociales y políticos y deterioro económico.

Como puede verse, es posible superar el carácter coyuntural y declarativo de los organismos multilaterales y de los organismos de integración, para avanzar en acciones que permitan establecer pesos y contrapesos en la región, observando de manera transparente las orientaciones políticas de los diversos gobiernos, enriqueciendo, al mismo tiempo, los criterios comunes en favor del desarrollo rural sostenible en la región.
En definitiva, se trata de superar la dictadura del capital y los intereses del capitalismo mundial, que se aprovecha de la división entre países para mover sus intereses a los países que coyunturalmente se muestran más débiles, generando una competencia desmedida que tiende a la disminución de costos, lo que significa menos política social y menos protección del medio ambiente y los recursos naturales.
La XXI Cumbre Iberoamericana, realizada en Asunción del Paraguay, 28 y 29 de octubre del año 2011, gran parte de los presidentes de Sudamérica y Centro América hicieron gala de sus políticas sociales y los avances logrados en cada uno de los países. Sin embargo, también algunos advirtieron que, de seguir la inestabilidad y el incremento de precios en los productos alimenticios, se incrementaría el costo de las políticas sociales, volviéndolas ineficientes o, simplemente, imposible  costearlas. Como en otras oportunidades, las declaraciones respecto a la agricultura, el desarrollo rural y los sujetos del campo, quedaron en palabras, y la advertencia no entró en la declaración principal, aunque alguna cosa salió en las declaraciones anexas.
UNASUR no es el único camino, pero es el más propicio
En un breve recuento de los principales organismos de integración que involucran a los países de Sudamérica debemos mencionar a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad Iberoamericana y, la novedad del año pasado, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En prácticamente todas las Cumbres (reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno) de estos organismos se trataron aspectos relativos a la producción de alimentos y el cambio climático. Marginalmente se abordaron los modelos de desarrollo y, en menos proporción aún, se trataron temas como la tensión en los países por la propiedad de tierra, el comercio internacional y la producción de base campesina. El enfoque de desarrollo rural estuvo ausente.
Podría pensarse que la afirmación precedente es una exageración, ya que en el ALBA se trató el tema de la creación de la empresa Grannacional de Alimentos, en el MERCOSUR la agricultura familiar, en la Cumbre Iberoamericana el precio de los alimentos y la titulación de las tierras y en la CAN el cambio climático, sobre el que también se realizó un evento con la participación de organizaciones sociales de los cuatro países, con participación de delegados campesinos. Pero, más allá de una que otra declaración marginal, no se ven avances para abordar, de manera coordinada, aspectos de desarrollo rural, aunque se reconozca su importancia y la urgencia de abordarlo.
El camino del MERCOSUR, la asociación con mayor vocación económica,  es positivo, pero también tedioso, lento y conflictivo. Basta observar las disputas internas del bloque para mantener abiertas las fronteras y la libre circulación de mercancías, entre ellas los productos alimenticios. Queda esperar una ampliación lenta de MERCOSUR, que podría alcanzar una perspectiva sudamericana o avanzar, de manera paralela, desde UNASUR, para sentar las bases de una complementariedad y articulación regional en un menor plazo.
Los obstáculos y el nacionalismo
No hay un camino llano para la integración, peor aún si ésta consiste en afectar intereses que los grupos políticos de los gobiernos y una buena parte de la población consideran que puede afectarse a la soberanía nacional si se tocan aspectos como la regulación de la propiedad de la tierra, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
En los eventos que realiza el IPDRS queda claro que el desarrollo rural no ha sido motivo de agenda en los procesos de integración regional, por lo tanto, la diplomacia no tiene experiencia sobre estos temas, motivo por el que se deja a los organismos multilaterales la iniciativa y el protagonismo en el área.
Al mismo tiempo, la producción, disponibilidad y acceso de la población a los alimentos se han convertido en una de las preocupaciones centrales de los gobiernos y motivo de sus principales políticas sociales. Sin embargo, contrariamente a fomentar una política de integración regional, este aspecto ha despertado el interés de los inversores, buscando mejores mercados y priorizando los mercados transoceánicos en detrimento de los de los países vecinos. El proceso genera una competencia innecesaria entre los países, que pone en riesgo la diversificación de la producción, la provisión sostenible de agua dulce y la sobrevivencia de los sectores campesinos e indígenas.
El exceso de nacionalismo respecto al aprovechamiento de los recursos naturales y la tierra no ha demostrado ser el camino más eficiente para la conservación, la sostenibilidad y la reducción de pobreza con equidad social. Los ciudadanos esperamos y nos merecemos una diplomacia de integración con resultados observables para la población de Sudamérica, menos onerosa y más eficiente. 

Date of publication
February 2012

El recién estrenado año 2012 tiene proyecciones con luces y sombras para Sudamérica. Las luces provienen del buen estado de las economías de la mayoría de los países de la región, sus altos índices de crecimiento en la última década y el hasta ahora eficiente blindaje que les permitió ver pasar de lado la dramática crisis financiera de los países del norte.
 
Sin embargo, voces agoreras, provenientes principalmente de organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Banco Mundial (BM), el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO) y otros, anunciaron que el nuevo año no sería tan auspicioso como el anterior, económicamente, para los países latinoamericanos.
 
Las proyecciones mencionan un probable efecto retardado de la crisis europea y estadounidense, que alcanzará para impactar a la región sobre todo con el congelamiento, en el mejor de los casos, o el descenso, en el peor de los casos,  de los precios de las materias primas.
 
Si efectivamente así ocurriera, los problemas alcanzarán de inmediato a la población, transitando desde los ámbitos de la macroeconomía hasta el bolsillo de la gente. Esto se hará visible en los precios de los alimentos, que si bien puede que no se incrementen la capacidad de acceso de la población puede verse afectada, lo que incluso pondría en problemas una buena parte de las políticas sociales. Todavía está por conocerse qué ocurrirá con los flujos migratorios en un mundo en crisis.
 
Las consecuencias sociales y políticas de una crisis económica, como es previsible, se verán expresadas de inmediato en conflictos internos, producto de la insatisfacción y presiones de los sectores sociales organizados y a través del incremento de actividades ilícitas como el contrabando, especulación y narcotráfico. Todo ello puede revertir en el incremento de los números rojos, ya preocupantes, de la inseguridad ciudadana.
 
Quienes analizan las probabilidades catastróficas también expresan preocupación ante la ausencia de acuerdos multilaterales, advirtiendo que "América Latina necesita construir blindajes propios, que proporcionen una protección efectiva de sus economías y de los logros alcanzados en materia de reducción de la pobreza". (Nueva Crónica y Buen Gobierno No. 98. La Paz, 15 de enero de 2012).
 
Eventos de integración regional         
 
Ya está fijada la fecha para la cuadragésima segunda sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA),  que tendrá a Bolivia como sede de la Asamblea, en Tiquipaya (Cochabamba) del 3 al 5 de junio de 2012. El canciller boliviano, David Choquehuanca manifestó que el tema central de la Asamblea será el de la seguridad alimentaria.
 
Sobre el tema, Choquehuanca ofreció "Desde Cochabamba lanzaremos una propuesta para salvar al planeta, Bolivia ha planteado que la declaración de Cochabamba sea de seguridad alimentaria con soberanía, aparte de discutir los temas como migración y narcotráfico, el tema central será de los alimentos, los países desde ahora trataremos estos temas que preocupan al hemisferio".
 
A tiempo de felicitar al flamante nuevo presidente del Perú, Ollanta Humala, los representantes en la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) manifestaron la intención de llevar a cabo una próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno el año 2012. Perú será el país anfitrión.
 
El canciller peruano Rafael Roncagliolo recordó que su país asumirá la presidencia Pro tempore de UNASUR, y sostuvo en declaraciones desde Asunción, Paraguay "(...) de manera que el presidente Ollanta Humala va a reforzar nuestro compromiso con la integración regional". (http://www.larepublica.pe/28-10-2011/cumbre-unasur-en-lima-para-el-2012).
 
En la agenda de UNASUR, está programado para el mes de abril el remplazo de la secretaría general, sustituyendo a María Emma Mejía, ex canciller de Colombia, por el ex canciller venezolano Ali Rodríguez Araque. El próximo secretario general aseguró que en su gestión hará todo lo posible porque esta etapa de la integración sea irreversible y no corra la suerte de intentos anteriores. En la proyectada agenda inmediata son importantes proyectos tales como el Banco del Sur, la integración física y la Universidad de UNASUR, entre otras iniciativas.
(http://www.vtv.gov.ve/index.php/economicas/73404-proximo-secretario-de-u...
 
Paralelamente, Chile logró cambiar para enero del año 2013 cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a pesar de que el encuentro de 33 jefes de Estado latinoamericanos y caribeños debía efectuarse este año. El año pasado el encuentro de jefes de Estado latinoamericanos y caribeño se efectuó en Caracas, el próximo se realizará próximamente en Santiago y luego, el tercero, tendrá como sede La Habana". (http://radio.uchile.cl/noticias/137097/ ).
 
Inquietudes y preguntas
 
Hace quince días, en el número precedente de la serie Diálogos, el director del IPDRS planteó que la integración, vista desde la perspectiva del desarrollo rural y el enfoque campesino indígena, de pequeños y medianos productores, tendría que hacerse cargo de temas relacionados con la producción y comercialización de productos agropecuarios, forestales y relacionados con la biodiversidad.
 
Inevitablemente, esos temas están vinculados con el control sobre la propiedad de la tierra y el uso y protección de los recursos naturales. En la misma medida, viendo la producción campesina indígena de alimentos como una necesidad, un derecho y un bien sociales, su perspectiva debería conllevar el debate sobre políticas comunes para trabajadores agrícolas, incluyendo normativa para regular y facilitar la migración, regular el salario, el derechos a la salud y un sistema integrado de aportes a la jubilación, con atención a las diferencias entre mujeres y hombres.
 
El punto fuerte, el verdadero valor agregado de la perspectiva de integración regional, debería ser el establecimiento de un sistema de gobierno que articule las políticas sobre lo que cada uno de los países define como prioridad, con apoyo de las capacidades técnicas de los organismos multilaterales, lo cual supondría lineamientos que orienten la acción de organismos con acción regional, normativa comunes sobre diversas áreas vinculadas al desarrollo rural y sistemas integrados para atención de emergencias, y desastres, particularmente los relacionados con la producción y acceso a los alimentos.
 
Hilando más fino, sobre esa base de expectativas para un verdadero ejercicio de inclusión de los temas de fondo en el área del desarrollo rural de base campesina indígena es conveniente plantear algunas inquietudes.
 
 Interés de muchos. El IPDRS propone, en primer término, una mayor, evidente y más activa participación de los diversos sujetos de la sociedad civil en esfuerzos para lograr la inclusión del tema en las agendas de los eventos y las organizaciones de integración regional. Esto supone la acción directa y focalizada de personas e instituciones vinculadas a universidades, gestión de políticas públicas, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales.
 
 Más hechos que palabras. Indudablemente los eventos internacionales de integración son una expresión saludable de interés y, a veces, de compromisos entre los países y de sus gobiernos frente a los círculos especializados y, de manera más general y por ello menos tangible, frente a la opinión pública. Pero no es suficiente. Un balance somero de los resultados efectivos de las cumbres, conferencias y comisiones de la última década puede mostrar que en Sudamérica se expresó preocupación sobre el encarecimiento y desabastecimiento de algunos rubros de alimentos, que está rondando en la región un debate propositivo respecto a la seguridad y soberanía alimentaria y que los países del cono sur, principalmente, están promoviendo políticas, agrupaciones y proyectos con la concepción de agricultura familiar. Poco o nada se dice, sin embargo, sobre temas fundamentales como que las nociones que pretenden ser generalizantes, verbigracia agricultura familiar, no calzan en países con población mayoritariamente auto identificada como indígena, y que para atender problemas de envergadura regional, como el uso de transgénicos, la movilidad humana y la producción de agro combustibles, no bastan las voluntades nacionales puertas adentro, sino que se requiere, con urgencia y con seriedad, medidas mínimas que involucren la voluntad de, al menos, los países que comparten extensas fronteras.
 
Por lo anterior, a manera de conclusión evidente son preguntas respecto a qué y hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos, más allá de los discursos. 
 
 

Date of publication
April 2012
Geographical focus

* François Boucher y Thomas Pomeón
 
En este artículo se reconstruye y analiza cómo ha sido la evolución del concepto de Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) durante los quince últimos años, insistiendo en particular en su conceptualización como proceso de construcción territorial que permite revelar y "activar" los recursos locales y la eficiencia colectiva, que se expresa a niveles horizontal (red profesional), vertical (cadena productiva) y transversal (territorio). A partir de la reflexión sobre la evolución de la noción de SIAL, y de las lecciones aprendidas de varios casos empíricos en América Latina se busca mostrar cómo puede volverse un enfoque operacional pertinente para analizar las realidades territoriales y acompañar los procesos de desarrollo, desde una perspectiva que complemente y refuerce los trabajos sobre la Agroindustria Rural (AIR) y, a la vez, volver operativo el enfoque de proyectos, programas y políticas de desarrollo territorial.
 
Un Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) se define como una forma particular de sistema productivo organizado en torno a recursos locales específicos.
Las políticas de apoyo al desarrollo de la Agroindustria Rural (AIR) surgieron en América Latina en los años ochenta, con el fin principal de combatir la pobreza en las zonas rurales marginadas. Con la AIR se pretendía aumentar el ingreso de los pequeños productores, gracias a una mayor generación y retención del valor agregado proveniente de la economía campesina, mediante diversas actividades de post cosecha realizadas localmente, como por ejemplo la transformación de productos alimentarios, logística, almacenamiento y mercadeo.
Sin embargo, en el contexto actual de globalización y liberalización comercial, la AIR se enfrenta a nuevos desafíos, como los cambios rápidos en los circuitos de distribución, mayor competencia con los productos industriales, nacionales e importados, y nuevas exigencias por parte de los consumidores, como la calidad y ética social. Este entorno resulta difícil si a ello se agrega la permanencia, incluso el aumento de la pobreza en las zonas rurales. Así, para mantenerse en el mercado y generar más ingresos la AIR necesita buscar nuevas fuentes de competitividad.
Territorio y economía
En ciertos territorios de América Latina se detectó el potencial competitivo de concentraciones geográficas de AIR, lo cual contribuyó a considerar la importancia de los vínculos que hay entre la AIR y el territorio en los procesos de desarrollo local. Estas características de anclaje territorial y concentración geográfica de la actividad económica empezaron a ser examinadas bajo un nuevo enfoque de reflexión denominado SIAL, surgido a finales de los años noventa como un nuevo modelo de las formas de organización localizada (Muchnik y Sautier, Systèmes agro-alimentaires localisés et construction de territoires. Proposition d'action thématique programmée. CIRAD, Paris, France, 46p. 1998), en la continuidad de un encadenamiento de nociones teóricas sobre distritos industriales, Sistemas Productivos Locales (SPL) y clusters o concentraciones geográficas.
Al relacionar actividad económica y territorio, se considera a lo local como una entrada pertinente para analizar los procesos de desarrollo y elaborar proyectos y políticas de apoyo. Bajo este enfoque, se empezaron a asimilar ciertas concentraciones geográficas de AIR como SIAL, debido a sus capacidades para organizarse en torno a ciertos recursos territoriales comunes. El análisis de esta facultad colectiva condujo a la definición del concepto de los SIAL, que se presentó como la capacidad para movilizar de manera colectiva recursos específicos en la perspectiva de mejorar la competitividad de las AIR (Boucher, F. Enjeux et difficulté d'une stratégie collective d'activation des concentrations d'Agro-Industries Rurales, le cas des fromageries rurales de Cajamarca, Pérou. Tesis de doctorado, Universidad de Versalles Saint Quentin en Yvelines, 2004, 436p). En este proceso, la acción colectiva, las redes y los procesos de articulación entre territorio, saber-hacer y actores, juegan un papel central, lo cual los acerca al concepto de eficiencia colectiva propuesta por Hubert Schmitz para los clusters (Collective efficiency and increasing returns. IDS Documento de trabajo N° 50, GB, 28p., 1997).
Sin embargo, el desarrollo actual de la AIR se enmarca en un nuevo contexto, caracterizado, en primer lugar, por la permanencia, e incluso, el aumento de la pobreza rural que se buscaba reducir. En segundo lugar, la liberalización comercial implica un aumento de la competencia con las grandes industrias agroalimentarias, no solamente en los países latinoamericanos sino a escala global, por lo cual deben buscarse nuevas fuentes de competitividad.
En este contexto, señalamos la divergencia en el desarrollo de los diferentes tipos de AIR, y en particular el surgimiento y la consolidación de clusters o concentraciones de unidades de transformación especializadas de AIR, que han podido ser identificadas en numerosos países de América Latina. Resaltamos también que la competencia, que se ha amplificado, tanto a nivel nacional como en relación a las importaciones, afecta tanto los productos finales como a las materias primas. Recordemos el caso de la leche y productos lácteos locales, que deben competir no sólo con la leche en polvo importada, sino también con los sustitutos (caseinatos, grasa vegetal, etc.) y con productos procesados (quesos, mantequilla, etc.).
Desarrollo del concepto SIAL
La relación entre AIR y territorio permite esbozar nuevas reflexiones considerando que en el territorio donde se localizan concentraciones de AIR hay recursos específicos que, mediante su activación y combinación con recursos exógenos, permiten establecer estrategias para insertarse en las cadenas productivas y en nuevos mercados. Esta hipótesis nos lleva a considerar la noción de SIAL a partir de su evolución en el tiempo, distinguiendo tres "olas" o etapas de trabajo.
La primera ola se identifica por la aparición del concepto SIAL en la continuidad de una serie de nociones teóricas iniciadas por los trabajos del economista inglés Marshall a principios del siglo XX, y consolidadas por las nociones de Sistema Productivo Local (SPL). La segunda ola se caracteriza por la identificación del proceso de activación de recursos territoriales. Las investigaciones sobre casos empíricos realizados en esta etapa ha permitido la identificación de un ciclo del proceso de activación SIAL.  La tercera ola está definida por la integración y ampliación del concepto SIAL, sobre todo ante la aparición de nuevo temas y desafíos para el sector agrícola y agroalimentario tales como la multifuncionalidad rural, nuevas exigencias de los consumidores y la creciente competencia por la apertura de los mercados.
La noción de territorialidad permitió a Pecqueur desarrollar el concepto de Sistema Productivo Localizado (SPL) como una forma de desarrollo basada en dinámicas endógenas, con tres características principales: Lo pequeño, por su capacidad de adaptación y flexibilidad;  lo cercano, por sus articulaciones directas y sus relaciones de confianza y lo intenso, por la fuerte densidad de la actividad.
Los SIAL se centran en una red compleja de relaciones entre actores, productos y territorios. Por ejemplo, al hablar de un sistema lechero, involucra el producto (la leche y derivados), los actores (ganaderos, productores de lácteos, abastecedores de insumos, acopiadores, consumidores, transformadores) localizados e interrelacionados en un territorio determinado. La definición de SIAL está claramente vinculada con una visión territorial de la AIR. Relaciona las concentraciones de AIR con SPL específicos, en la medida en que se articulan hacia atrás con la producción agrícola y los recursos naturales, y hacia adelante con el consumo de bienes que el consumidor incorpora literalmente a su cuerpo.
Desde el inicio de la década del 2000 el enfoque SIAL ha permitido entender el funcionamiento de las concentraciones geográficas de AIR y, asimilándolas a los clusters de baja intensidad de Altenburg y Meyer-Stamer (Courlet P, Pecqueur B (Les systèmes industriels localisés en France: un nouveau modèle de développement. In: G. Benko et A. Lipietz (dir.). Les régions qui gagnent. Paris: Presse Universitaire de France: 81-102.1999), darles nuevas perspectivas de desarrollo. Pero ha sido necesario superar esta primera definición de los SIAL con un enfoque más que todo territorial, y encontrar nuevos elementos relacionados con la economía de las proximidades, las acciones colectivas y la coordinación de actores, para fortalecer estas concentraciones de AIR en el entorno actual de liberalización comercial.
La activación y el ciclo SIAL
El proceso de activación es fundamental, porque a través de éste se realiza la valorización de los recursos específicos de un territorio dado. Recordemos que es la "capacidad para movilizar de manera colectiva recursos específicos en la perspectiva de mejorar la competitividad de las AIR" (Boucher, 2004). Radica en la distinción entre recursos genéricos que se pueden encontrar en varias localidades y recursos específicos, anclados territorialmente, y por tanto es fuente de ventaja competitiva. Estos recursos, en la mayoría de los casos (saber-hacer particulares, una identidad común, reputación de un producto etc.), no existen de manera yaciente (como un recurso minero, por ejemplo), se manifiestan cuando son "activados" en procesos productivos territorializados que los revelan como recursos propios del territorio. Este proceso de activación se articula en una relación entre actores y territorio, en la cual ellos, mediante el efecto de territorialidad de Pecqueur, colectivamente movilizan los recursos específicos del territorio, con la posibilidad de combinarlos entre sí, y también con recursos genéricos (y/o exógenos) para su activación.
Este contexto condujo la reflexión sobre los SIAL hacia una problemática específica en torno a la calificación y el desarrollo sustentable. Por las características simbólicas de sus productos y servicios, y por su proximidad física con los consumidores, los SIAL representan una especificidad que tiene mucho que ver con su vinculación al territorio. Por otro lado, y tratándose de actividades agroalimentarias, los SIAL remiten también a temas vinculados con el manejo de los recursos naturales y el uso de la biodiversidad, lo cual los ubica de inmediato en el debate sobre el desarrollo sustentable.
En varios aspectos, los procesos actuales de calificación, ya sea de tipo denominación de origen, o de "sello social" como el comercio justo, aparecen fuertemente ligados al enfoque SIAL, en tanto que éste se define como la activación de recursos específicos locales en un territorio dado mediante la acción colectiva de los actores (Requier-Desjardins D. L'évolution du débat sur les SYAL : le regard d'un économiste. Ponencia presentada en el XLIII coloquio de la Association de Science Régionale de Langue Française, Les dynamiques territoriales : débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires, Grenoble-Chambéry, 11-13 de julio del 2007).
La especificidad reside en que estos procesos de calificación se relacionan cada vez más con la demanda, ya que en muchos casos son los consumidores quienes juzgan la calidad (territorial) de un producto o un servicio. Tal como lo menciona Requier-Desjardins, el desarrollo de los procesos de calificación vinculados con el territorio explica también la diversificación de las actividades dentro de los SIAL y su carácter multifuncional, dado que la calificación territorial se puede referir a una canasta de bienes y servicios, y no solamente a un producto, lo que se puede definir como una "renta de calidad territorial". El ejemplo más elocuente de esta "renta de calidad territorial" es sin lugar a duda el turismo gastronómico, es decir, la articulación en un mismo territorio entre actividades agroalimentarias y turísticas.
Estos distintos aspectos orientaron la evolución teórica del enfoque SIAL más allá de su aceptación como herramienta de descripción y análisis de las concentraciones de agroindustrias rurales. El SIAL, con su tamaño reducido (su escala local), su vínculo con el territorio, su orientación hacia los pequeños productores, su valorización del saber-hacer, y las prácticas tradicionales, ofrecen otra perspectiva para pensar la competitividad en el contexto de la "nueva" globalización o, mejor dicho, en el de la contestación creciente de los modelos dominantes de producción, comercialización y consumo. Mediante el seguimiento y asesoramiento de los procesos de activación de los recursos específicos, el enfoque SIAL surge como un nuevo método de acompañamiento del desarrollo de las concentraciones de agroindustrias rurales, poniendo énfasis en la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades, en el territorio y en las estrategias para aprovechar las nuevas oportunidades de la globalización.
Hoy en día, frente a los nuevos desafíos de la AIR ligados al contexto marcado por la liberalización comercial y los niveles de pobreza, la relación entre AIR y territorio ha permitido abrir un nuevo sendero de desarrollo especialmente válido cuando las AIR conforman clusters o concentraciones geográficas. Se pueden hacer algunas reflexiones sobre esta relación:
A nivel de la agroindustria rural y del territorio: Las concentraciones geográficas de AIR conforman agrupaciones de empresas rurales o clusters artesanales como lo entienden estableciendo una tipología de clusters en función de los grados de industrialización en el cual el primer nivel se define como de artesanía. Se necesita un proceso de activación colectiva de recursos territoriales para que las concentraciones de AIR logren vincularse con los canales modernos de comercialización y de esta forma potencien su competitividad y desarrollo. Este proceso requiere tanto la creación de un bien territorializado como acciones colectivas adaptadas, así como nuevas formas de coordinación entre actores. En el caso de las acciones colectivas destaca la importancia de distinguir entre las estructurales y las funcionales.
A nivel teórico: Para entender la noción de SIAL como sistema complejo se requiere articular disciplinas, enfoques y nociones teóricas. Es decir, se necesita correlacionar a las ciencias biotécnicas con la economía, la geografía, la sociología y la antropología. En la misma economía se movilizan la economía industrial y la economía de las proximidades, interrelacionando proximidad geográfica, organizacional e institucional. Pero también se refiere a la economía de la acción colectiva, al capital social y el manejo de bienes comunes o de club. En la sociología y la antropología se necesita integrar los fenómenos identitarios y la patrimonialización. Se requiere vincular otros temas como la calidad y la calificación de productos, la multifuncionalidad y la canasta de bienes y servicios.
Actualmente esta relación AIR-territorio desemboca en una noción SIAL renovada, en la cual el SIAL es visto como un proceso de construcción, como un espacio territorial construido por las relaciones de actores que tienen entre ellos intereses comunes ligados al sector agroalimentario rural.
De esta forma, la noción SIAL está en el centro mismo de la relación AIR-territorio y permite a la vez entender y analizar las concentraciones geográficas de AIR, pero también formular las estrategias de desarrollo de éstas. Actualmente el SIAL es a la vez un concepto (todavía no estabilizado), un enfoque, un modulo de enseñanza, un método de activación de recursos territoriales, y un método de acompañamiento del desarrollo de concentración de agroindustrias rurales. El enfoque SIAL hace posible tener una nueva visión sobre el "desarrollo territorial de la AIR", lo cual permite convertir ciertas oportunidades (ligadas a recursos territoriales que se pueden cualificar, a nuevas formas de consumo de tipo "global", a nuevos circuitos de distribución comercial) en realidades.
Desafíos
Sin embargo, en el caso de América Latina la situación de las AIR es todavía muy difícil debido a la falta de políticas apropiadas que faciliten el proceso. En especial, se necesitan leyes que promuevan y protejan las marcas colectivas, los sellos y las denominaciones de origen, así como la creación de los organismos de promoción, regulación y control de esos mecanismos, de tal forma que no sean simples figuras jurídicas de propiedad industrial, sino que tomen en cuenta los desafíos en términos de desarrollo local. Además, se necesita revisar las políticas que han convertido progresivamente ciertos bienes públicos „Ÿcomo la educación, la formación profesional, la innovación, la transferencia tecnológica y la salud„Ÿ en bienes privados, dificultando el desempeño de las AIR, a menudo relegado al margen de los circuitos de comercialización dominante y de la formalidad.
En efecto, en un entorno marcado por la globalización y la presión de la competencia externa, el SIAL „Ÿsea éste visto como noción teórica, enfoque, sistema de enseñanza o método de análisis y acompañamiento del desarrollo de concentración de agroindustrias rurales„Ÿ puede contribuir a diversificar, mejorar y aumentar el control de calidad de su producción. Esta situación puede ser posible gracias a la existencia de ventajas derivadas de externalidades positivas (como resultado de la proximidad de empresas), acciones colectivas de los actores del sistema y activos específicos propios del SIAL, tales como el origen de los productos y las tradiciones de producción y consumo. En este contexto, el concepto de territorio puede ser visto como un conjunto de factores y/o como un espacio de relaciones muy estrechas entre sus habitantes y sus raíces territoriales, algo que se podría denominar "terruño-patrimonio", o también "Sistema Local de Innovación".
Actualmente, se busca convertir el enfoque SIAL en una herramienta de gestión territorial a través de un proyecto llevado a cabo en cuatro países de latinoamericanos. De esta forma, se espera llegar a una nueva etapa de la conceptualización de los SIAL en la cual este enfoque jugará un papel relevante en la formulación de políticas públicas para la promoción del desarrollo territorial.
 
* François Boucher es Investigador del CIRAD-IICA/UMR Innovation, México D.F., México. Thomas Poméon es investigador de la UA Chapingo-CIRAD/CIESTAAM-UMR Innovation, Texcoco, México.
 
 
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
 

Date of publication
June 2012

* Oscar Bazoberry Chali
En el IPDRS planificamos redactar este número de la serie Diálogos sobre la seguridad y soberanía alimentaria, tema central del 42 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde nuestra perspectiva está claro que es un tema de interés para el desarrollo rural y no solamente un asunto de abastecimiento, como se lo suele enfocar. Pero, ante los resultados, preferimos dedicar este artículo en tres aspectos de la integración regional y de las instituciones que, se supone, deberían impulsarla.
En verdad, hubo mucho ruido preparatorio, y muchos fuegos artificiales durante el evento, pero, finalmente, la Declaración sobre Seguridad alimentaria con soberanía en las Américas emanada de la OEA evitó la referencia de los actores y sujetos concretos que la promovieron, por ejemplo de los campesinos indígenas, y diluyó la definición de agricultura familiar y de la pequeña producción a unas cuantas consideraciones generales. Finalmente, el contenido de la Declaración resultó insuficiente y perdió su valor agregado, tomando en cuenta el país, el gobierno y el entorno político en que fue preparada.
Sin embargo no tenemos una visión completamente negativa, por lo menos el tema se puso en agenda y algo quedará dentro del mar de declaraciones, intereses, interpretaciones, gestos, rituales, folclore, fotografías, colores y sabores, cuya combinación es difícil imaginar cuando se alternan y conviven en un mismo espacio y tiempo. Cochabamba, la ciudad anfitriona, estaba limpia y adornada, más que otras veces, se pulieron algunos lugares públicos, y la llegada de los visitantes también dejó algunos beneficios a la población local.
Pero lo que llamó mi atención, me quedó dando vueltas y quiero compartir en este espacio, son tres temas, más amplios que el episodio de la Asamblea: a) ¿Cuán posible es el cambio dentro de organizaciones como la OEA. b) ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en esos procesos? Y c) ¿Cuánto interés tienen los gobiernos, realmente, en la integración de nuestros países?
Cambia, todo cambia
Debo confesar que estoy en el grupo de personas que piensa que las tensiones entre cancilleres, presidentes y representaciones en los organismos multilaterales pueden ser señales de cambio, de que algo se moverá. No pongo en duda la importancia de la institucionalidad regional y global, ya que la humanidad aprendió, luego de la Segunda Guerra Mundial, que esas instancias pueden ser imprescindibles para la convivencia de las naciones, para establecer parámetros mínimos de desarrollo y para universalizar y proteger derechos. También, sin embargo, debemos aceptar que, en muchos casos y en muchos aspectos, el mundo se ha movido más rápido que las instituciones y cabe preguntarse si necesitan ajustes, dar paso a nuevas iniciativas, refundarse y ¿por qué no? desaparecer.
Si cambia la correlación en el orden mundial, si se presentan nuevos temas, problemáticas y enfoques, ¿no deberían cambiar las instituciones? ¿En qué medida? Vemos habitualmente que se crean nuevos organismos multilaterales, unos más formalizados que otros, con diversos argumentos territoriales, políticos y temáticos. A veces incluso unos confrontados con otros, algunos superpuestos y también los hay complementarios. Así se acumulan comisiones, grupos de trabajo, asambleas, cumbres y embajadores, entre otras formas y expresiones.
Pienso que nos iría mejor si los gobiernos tomaran decisiones con un análisis del conjunto, si hubiera menos organismos, si los cambios fueran más rápidos y las agendas más restringidas según el tipo de organización y, por tanto, con mayor posibilidad de seguimiento y capacidad operativa. Por ejemplo, para el enfoque de seguridad con soberanía alimentaria, basada en la sostenibilidad de los sistemas productivos y su aporte a la equidad, disminución de pobreza y fortaleza cultural, la organización más apropiada en la región es la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) porque simplemente cada día tenemos mayores influencias en nuestros sistemas productivos y alimentarios y una dispersión de acciones multilaterales que no nos permite ver la dimensión del problema, sus posibilidades, la tendencia hegemónica de algunos sectores y los problemas regionales que vamos acumulando.
Siendo realistas, para que exista un cambio de orientación y reasignación de responsabilidades, algunas organizaciones existentes tendrán que deslindarse del tema o transferirlo a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o al Mercado Común del Sur (Mercorsur); mientras que otras podrían subsumirse en una nueva instancia como el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y algunas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) encontrar una mayor correspondencia entre el orden político regional y su mandato técnico.
Vista la complejidad, nuevamente me pregunto, ¿cuán posible es el cambio? ¿Quién o quiénes serán el motor del cambio?
Rol de la sociedad civil
No cabe duda que la voz de la sociedad civil en los organismos multilaterales se ha ido escuchando de distintas maneras, hay mecanismos formales de consulta, otros menos formales pero igualmente importantes y se da una cada vez más amplia participación en eventos masivos, paralelos o alternativos a las convocatorias de representación estatal, para lo cual muchas organizaciones debaten, presentan documentos, preparan propuestas, hacen seguimiento y mantienen un buen flujo de información.
Eventualmente, en las fases previas algunos gobiernos incentivan, informan y promueven espacios de intercambio, incluso con la participación de distintos sectores de la sociedad civil en los eventos oficiales, y apoyan demostraciones públicas donde pueden transmitir sus opiniones, declaraciones y adhesiones.
Las plataformas conformadas por instituciones no gubernamentales y organizaciones de base proponen agendas, toman posición y reivindican un mayor protagonismo en temas especializados y específicamente definidos, como ocurrió recientemente en Cochabamba con el de seguridad y soberanía alimentaria. Hay otras instancias que, con mayor disimulo, actúan bajo la sombra y extienden la capacidad de influencia que tienen en algún gobierno concreto hacia el conjunto de la organización.
Dentro de ese amplio abanico de participantes y de formas de participación, unos cuantos pueden reivindicar algún éxito, pero, en general, los resultados son decepcionantes, por lo menos si se los compara con las expectativas generadas. Llegado a este punto, debemos preguntarnos si las expectativas están mal planteadas o, en la práctica, no se han afinado los mecanismos de incidencia o la voz de la sociedad civil no tiene cabida en estos espacios sino, tal como plantean los reglamentos, a través de sus representantes oficiales, que son los gobiernos.
Ciertamente, quienes creemos en la importancia de las instituciones multilaterales y mantenemos las expectativas de que cumplan un rol importante en procesos de equidad, lucha contra la pobreza y en la integración regional, estamos en la obligación de realizar un análisis crítico a los mecanismos que se están volviendo tradicionales en la movilización de la sociedad civil global.
Ahora mismo, en pleno RÍO +20 el activismo mundial es esperanzador, tanto que casi retiro mi pregunta, pero decidí mantenerla porque sabemos que esto pasará y, entonces, habrá un nuevo mega evento, y luego otro...
¿Qué papel debemos y queremos tener, más allá del que nos asignan los actores gubernamentales y la diplomacia multilateral?
Interés de verdad
Bajo el supuesto de que los gobiernos sostienen a organismos multilaterales porque tienen como objetivo mayor lograr grados de integración y de universalidad positiva, no podemos menos que sorprendernos ante la dispersión en el debate, el localismo de la cobertura de prensa y la fugacidad de los acontecimientos alrededor de cada evento de éstos, llámese conferencia, asamblea, encuentro o cumbre.
El actual contexto económico de los países de Sudamérica muestra abundancia de recursos en las arcas de los gobiernos y "oportunidades de inversión" en la región, lo cual quiere decir, en términos simples y directos, que hay mercados crecientes y altos precios para las materias primas, especialidad en la producción de los países sudamericanos, que ahora aparecen más atractivos para las inversiones en comparación con otras regiones del mundo.
No está demás señalar que algunos países han ganado cierta independencia económica y política, lo que influye en una innegable modificación de los objetivos de la multilateralidad, que en un período anterior tenía un rostro principalmente relacionado a las acciones de desarrollo.
En la ecuación de gobiernos con más dinero y posibilidad de retomar el control sobre aspectos esenciales en la gestión económica y social de sus países, con perfiles y ambiciones cada vez más audaces mirando y asumiendo posiciones en el mundo global, el multilateralismo se está transformando.
Indicativamente, algunas pistas señalan que gran parte de la cooperación internacional para el desarrollo pasará por los organismos en un marco cada vez más evidentemente relacionado con el clima de inversión y la apertura de mercados; el mundo, se dice, necesita un respiro a su crisis económica y nuestros países todavía tienen algo de aire. Por ello, países y gobiernos más fuertes en la región aprovecharán la oportunidad para internacionalizarse, globalizarse y tomar una posición aventajada en la economía del mundo. No por ello, la discusión dejará de concentrarse en las características y los grados de articulación, hegemonía y supeditación de unos países sobre otros, y de unas regiones sobre otras.
En el contexto prefigurado no parece que las características de una nueva multilateralidad vayan a avanzar en términos de integración, sino más bien tenderán a moverse hacia acuerdos comerciales, energéticos, transporte y otros aspectos vinculados con la reconfiguración del orden económico en la región y su relación con el mundo.
Sin embargo, no hay que olvidar que hay aspectos de la vida, del desarrollo y de las libertades humanas que transcienden fronteras, como ocurre con seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos, sociales y políticos, cuyos contenidos se deben introducir en los reajustes naturales (por los cambios de contexto) y necesarios (por nuevas oportunidades, amenazas y expectativas) de una multilateralidad tendiente a la integración en aspectos sustancialmente políticos con una visión de corto, mediano y largo plazo.
En este campo, los movimientos sociales y las Organizaciones no Gubernamentales, entre otros agente, tienen un rol importante, y los Estados y sus representantes tienen una responsabilidad indelegable, por eso es urgente provocar reflexiones que nos saquen del activismo y la inercia de seguir las mismas consignas de siempre. No debemos perder de vista que es prudente y necesario apuntalar y pedir cuentas a nuestros gobiernos, que muchas veces se escudan en el orden mundial, para justificar sus limitaciones y contradicciones en la atención de los problemas que atingen a su población y, al mismo tiempo, apuntalar y pedir cuentas a los organismos multilaterales que efectivamente logran un grado de influencia, aunque sea por simple indiferencia, evitando en los dos ámbitos que la participación de múltiples actores así como sus espacios de relacionamiento, creativos aunque dispersos, terminen diluyendo las responsabilidades y disipando los propósitos.
 
* Sociólogo, experto en desarrollo rural. Dirige el IPDRS y es coordinador de la maestría de desarrollo rural del  programa de post grado CIDES - UMSA en La Paz, Bolivia.
 

Date of publication
September 2012

La joven autora de este texto, SEGUNDO PREMIO en la categoría de artículos del Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, argumenta con apasionada convicción la hipótesis de que el mundo sería perfectamente capaz de alimentarse a sí mismo a través de una ecuación virtuosa entre respeto a la naturaleza, producción de alimentos y control del consumismo capitalista.
Soberanía alimentaria, un objetivo posible
Katherine Fernández*
En el escenario actual los temas relativos a la seguridad y soberanía alimentaria son parte de una competencia entre dos protagonistas mundiales clave. Uno de ellos goza los poderes que le otorga el dominio del modelo económico con todas sus dinámicas. El otro tiene un poder que no ejerce, que es el de la sabiduría suficiente para brindar alimentación natural y económicamente accesible a toda la humanidad. El primero va deglutiendo al otro en los términos más básicos de la colonización, a través de dos brazos estratégicos: la biotecnología y el desarrollo entendido como crecimiento individualizado.
En esa disputa el primer actor tiene una composición diversa que incluye al empresariado privado transnacional, al sistema financiero mundial y a los gobiernos que asumen entre sus políticas públicas alimentarias los lineamientos de la libre oferta y demanda del mercado. Por su parte,  el  segundo actor está conformado por una fracción de la sociedad que tiene relación corporal directa con la tierra y la naturaleza, capaz de asegurar los elementos suficientes para vivir en un esquema de intercambio armónico con todos los elementos de su entorno vital, que es, a la vez, distinto y opuesto al dominio de ser humano.
Este panorama bipolar ha ubicado en una especie de intersección al grueso de la población, convertido prioritariamente en consumidor. Consumidores de alimentos, vestimenta, vivienda, tierra, placeres, sentimientos y hasta de seres humanos. .
Nunca como ahora un modelo económico ha sido capaz de agotar la biología del planeta con la fórmula de estímulo al consumo como canal que encauza el destino del dinero en la misma dirección, que tiene como consecuencia su concentración en una zona del mundo. La producción industrial de alimentos procesa cantidades enormes de insumos transformados en comida destinada a la venta, pero, si no se vende en un tiempo limitado, se bota. Se desechan miles de toneladas de alimentos que quedan fuera del alcance de la humanidad que no las puede pagar y, de esta manera, se consolida el poder del productor quien, además, acapara los insumos para su elaboración e influye en los precios de toda la cadena productiva. Esto desequilibra la producción campesina indígena, ya que las y los productores no pueden vender ni intercambiar el resultado de su trabajo porque el sistema no le permite utilizar sus propias dinámicas económicas, incluso las primarias, como el trueque.
En síntesis, quien tiene el dominio de la fórmula económica y sus cambios, tiene el poder,  y generalmente no son los gobiernos, sino los capitales privados, que toman distintas máscaras accionarias en todos los países y tienen al sistema financiero internacional (banca, ONG, etc.) como su instrumento ecopolítico.
La alimentación, entendida como complejo productivo y no solamente como cadena, está sufriendo la introducción de una serie de mecanismos para asegurar el dominio desde las semillas, para enfrentar la crisis de materia prima ocasionada por el cambio climático y para mantener el poder de la producción y el comercio.  Estos mecanismos son, por ejemplo la tecnología transgénica, los biocombustibles, el comercio de bonos del carbono,  la introducción de la cultura crediticia en los agricultores, el entorno de la economía verde y la manipulación de la información para justificar la concentración de la producción alimentaria en la industria como si fuera la única opción para abastecer de alimentos al mundo.
Alternativas en debate internacional
En la competencia entre dos poderes bipolares surgen alternativas que se van combinando, entre la recuperación de saberes y prácticas antiguas y la ciencia y pensamientos que responden a los problemas generados por la economía capitalista de concentración, que termina creando el problema de la falta de alimentos para la humanidad y también planteando supuestas soluciones.
El sistema de las Naciones Unidas, conformado por los gobiernos del mundo es uno de los escenarios de discusión de alternativas ante la llamada crisis alimentaria que, en realidad, es una crisis de distribución y disponibilidad de alimentos. En las numerosas Convenciones y Cumbres surgieron acuerdos y protocolos, que se van quedando en niveles simbólicos, porque no se aplican a la realidad. Mientras ésta es diversa, concreta y compleja, las propuestas manejadas por las transnacionales determinan las políticas, normas y decisiones de los Estados primermundistas que dan línea al resto del mundo.
Sin embargo, han ido surgiendo movilizaciones sociales y debates paralelos, básicamente indígenas y campesinos, con el desafío del cambio climático, que está acelerando la necesidad de medidas de acción directa con propuestas ajenas al modelo económico hegemónico.  A continuación se enuncian algunas.
Madre tierra versus medio ambiente
La definición de Madre Tierra se recuperó del pensamiento andino para entender que, en el complejo vital, la tierra es origen y el fin de la vida, en una transformación biológica permanente, que establece una relación circular donde los seres vivos están interrelacionados entre sí, mundo animal, vegetal, tierra, agua y aire en una relación permanente de intercambios que hacen funcionar la vida en el planeta, con un componente fundamental: el de los sentimientos y los afectos entre los seres y la tierra. De esta manera, la tierra no es un objeto,  sino un ser vivo, superior al ser humano.
Con ese principio, la definición clásica de recursos naturales también va quedando obsoleta, y pasa de la concepción de materia aprovechable a la de fuente de vida. En este sentido, el pensamiento sobre la Madre Tierra supera el concepto de medio ambiente, que se quedó en el nivel racional, frío y material con que el modelo capitalista acostumbra a explicar la realidad, para referirlo al entorno vital.
Armonía frente a sustentabilidad
Uno de los principios de vida del pensamiento indígena campesino es mantener una relación armónica con la naturaleza, recibir de ella la alimentación necesaria para vivir y propiciar que pueda recuperarse de manera natural para seguir siendo fértil. Esto implica que no se la sobre explote para responder a una demanda creciente, sino que, por ejemplo en la agricultura, la práctica de la rotación implica que se cultive una parte de la tierra por un lapso y luego se la deje descansar un tiempo prudente para recuperar su fertilidad. Otro ejemplo de la selva, se caza un animal para comer bajo la idea de que cuando el cazador muera, su cuerpo abonará la tierra de la cual los hijos del animal se alimentarán. Así estas relaciones se inscriben en el esquema circular de interdependencia vital.
Por esta razón el principio de armonía supera el de sustentabilidad, que es un concepto surgido en el momento en que la industria necesitaba mantener o recuperar espacios para asegurar la producción de materias primas, una vez que la tierra había agotado su capacidad y entró en etapas erosivas. La sustentabilidad se maneja actualmente como una noción relacionada a la aplicación de transgénicos; ligada al monocultivo o la necesidad de patentar descubrimientos y procedimientos productivos para monopolizar su manejo. 
Sin embargo, la naturaleza no necesita de acciones humanas que la conviertan en sustentable, porque ella misma asegura en sus propios procesos vitales el abastecimiento de fuentes de existencia para todos los seres vivos.
Vivir bien y desarrollo sostenible
En términos generales los conceptos sustentable y sostenible se manejan como sinónimos. El desarrollo sostenible es justamente un producto conceptual de la industria. Su alternativa es el pensamiento de Vivir Bien, entendido como una forma de vida que supera al individualismo y concibe a la satisfacción de las necesidades básicas de una persona y el goce de la vida como un fin colectivo, es decir que nadie puede considerar que ha alcanzado calidad de vida si el otro que comparte su entorno vive mal. Lo mismo se aplica a la relación del ser humano con la naturaleza, si se la daña para satisfacción propia, tampoco puede concebirse que la persona viva bien.
La interrelación de dependencia entre el Vivir Bien de las personas entre si y de éstas con la naturaleza debe ser equilibrada y recíproca, por lo tanto, el concepto rompe con la definición convencional de desarrollo sostenible porque éste utiliza la naturaleza como objeto a favor del ser humano asumiendo que, simplemente, se le puede compensar cualquier daño que se le haya ocasionado.
Interculturalidad y globalización
La globalización surgió como un fenómeno de uniformización de la humanidad en una misma cultura y una sola identidad. Aunque todavía es un concepto discutido, en un determinado momento se intentaba consolidar la condición de consumidores de las personas,  para asegurar el funcionamiento de la industria como única fuente proveedora de objetos y medios de vida. Sin embargo, esa concepción trajo conflictos en las sociedades, cuando hizo crisis por planteamientos de recuperación de identidades específicas.
El concepto de interculturalidad surgió desde los pueblos que se encuentran fuera del primer mundo, para establecer las diferencias que existen entre una persona y otra y entre sus colectivos culturales, distinguiendo la diversidad de pensamientos, prácticas, creencias, costumbres y, sobre todo, de alimentos; las formas de producirlos y de asimilarlos. Diversidad que expresa también la riqueza de opciones que posibilitan la vida, y que enfrenta el peligro de extinción frente a la globalización.
La globalización plantea una relación desigual porque solamente una parte del mundo pauta la "manera de vivir" mientras el resto se adscribe a ella. En cambio, la interculturalidad plantea el respeto a los orígenes de las formas y el intercambio equitativo entre las personas sobre opciones, formas, metodologías y prácticas de relacionamiento, comportamiento, economía, organización, creencias y, sobre todo, la libre elección.
Soberanía alimentaria en el sistema mercantil
En el panorama de cosmovisiones contradictorias la soberanía alimentaria surge y lucha por abrirse paso, con el objetivo del pleno ejercicio del derecho humano a la alimentación, Esto supone lograr el acceso libre de los seres humanos a los alimentos, cuyos precios reflejen el esfuerzo que significa producirlos y estén sujetos a mecanismos de intercambio equitativo.
El origen de la demanda de soberanía alimentaria viene, justamente, del campesinado internacional, que plantea que el planeta tiene las condiciones físicas para dar a la humanidad alimentos producidos de manera tradicional, sin elementos ajenos al ciclo reproductivo natural de la tierra, en el que intervienen las variaciones climáticas estacionales, el ciclo hídrico y la mano del hombre en relatividad. El factor determinante para que este acceso sea posible es que se elimine el manejo industrial de los alimentos y que sus distintas transformaciones también sean manejadas en un nivel de provisión necesaria, de acuerdo a la cantidad que un cuerpo necesita para vivir, no de acuerdo a la cantidad que la industria necesita vender para concentrar el poder económico.
La tendencia actual del debate sobre soberanía alimentaria es que su aplicación significaría  un desequilibrio en las economías nacionales pero, en términos generales, las políticas de autoabastecimiento cambiarían los índices de desnutrición y mortalidad que ocurren por falta de alimento, lo cual, finalmente,  es el fin sustancial de cualquier Estado.
En su definición básica la soberanía alimentaria es la posibilidad de que la población decida sobre su alimentación desde la producción u obtención por recolección; la transformación y la circulación, hasta la elección del tipo de alimentos que necesita y desea. A este proceso se añaden dos elementos fundamentales: Primero, la posibilidad de confiar en que los alimentos sean sanos y saludables, con una estructura normativa legal que asegure que no se vulnere el derecho humano a la alimentación de calidad. Y segundo, que haya información suficiente para que las personas sean capaces de elegir alimentos sanos y saludables.
Hoy por hoy, una población que es solo consumidora puede decidir convertirse otra vez en un conjunto de personas que elijan libremente, con información suficiente a través de canales educativos y mediáticos. 
Aunque parezca imposible, este complicado proceso se inició ya con conceptos como el consumo responsable, y acciones concretas, como las movilizaciones indígenas y campesinas en distintas partes del mundo, demandando el respeto a sus derechos agrarios y territoriales, y denunciando el abuso de la industria a través de la difusión de documentales, investigaciones científicas independientes e informes técnicos a través de redes sociales.  
Otro rasgo del proceso es que el primer mundo paga cada vez mejores precios por importación de alimentos orgánicamente producidos y transformados y el grado de demanda de las certificaciones posibilita que éstas sean menos burocráticas.  También se puede destacar la elaboración de leyes y normas nacionales, como en los casos de Bolivia y Ecuador, que elaboraron nuevas Constituciones, incorporando principios y valores como el Vivir Bien, el derecho humano al agua, a la alimentación o los derechos de la Madre Tierra. Aunque en la práctica gubernamental estos principios no se estén aplicando todavía, marcan una diferencia en el pensamiento y la concepción del tipo de país que desean ser, y está planteada legalmente la posibilidad de construir políticas públicas en esos marcos.
Estas Constituciones se convirtieron en referentes para otros países y forman parte de los debates internacionales, lo cual plantea la apertura a la posibilidad de un camino todavía costoso, frente a una industria que invierte ingentes recursos en publicidad para convencer a la gente de que sus productos no solo son buenos, sino que son imprescindibles para vivir.
Finalmente, el poder tradicional y la sociedad consumidora, tienen la posibilidad de enfrentarse al poder industrial para recuperarse y demostrar que se puede vivir con dignidad, soberanía, goce y transformación de la economía dependiente en una nueva alternativa que ahora el planeta necesita para contrarrestar el cambio climático. 
 
(*) Licenciada en Ciencias de la Comunicación con intereses y experiencia en foros de debate especializados en seguridad y soberanía alimentaria y defensa del medio ambiente.
Este texto mereció la designación del SEGUNDO PREMIO en la categoría artículos en el Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, gestionado por el IPDRS, con auspicio de ICCO y Oxfam, en julio de 2012.
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de la autora y no comprometen la opinión y posición del IPDRS

Date of publication
December 2012
Geographical focus

Esta versión número 94 de la serie Diálogos que ustedes, nuestros/as suscriptores, reciben quincenalmente, es el último envío del año 2012 que está finalizando. El artículo comienza con un breve recuento de la escalada de asesinatos de líderes campesinos e indígenas que están luchando por acceso, restitución y seguridad jurídica de la propiedad de la tierra en varios países sudamericanos. Luego se repasan algunos datos sobre hitos del desarrollo rural y la integración en la región. Los autores del texto concluyen que declaraciones, documentos y compromisos formales sólo serán palabras que se lleve el viento si los gobiernos no garantizan la seguridad y la vida de quienes están luchando por un derecho humano inalienable e imprescriptible: su tierra.
 
Derecho a la Tierra, no solo palabras
Oscar Bazoberry Chali y Carmen Beatriz Ruiz*
 
 
Cerca de las cuatro de la madrugada del sábado primero de diciembre, dos sicarios enmascarados irrumpieron en la casa del dirigente campesino Vidal Vega, en Marina Cué distrito de Curuguaty, en Paraguay, y lo balearon frente a su familia. Vidal Vega era colaborador importante de la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos (PEICC) de ese país. El PEICC dio a conocer un estudio paralelo y cuestionador de la versión oficial sobre los acontecimientos en Marina Cué el 15 de junio este año, que le costó la presidencia a Fernando Lugo. Vega había asumido recientemente la conducción de la Comisión sin Tierra de Marina Cué, pues la mayoría de sus integrantes habían muerto o están imputados por la Fiscalía. Marina Cué es el lugar donde fueron asesinados 11 campesinos sin tierra y seis policías en junio pasado (Ver Diálogos 82).
 
Las muertes de líderes campesinos e indígenas han estado ocurriendo en Colombia durante este año trágico, en una escalada que comenzó el año 2007. Desde entonces fueron ejecutados 60 activistas por la tierra, 17 de ellos desde junio de 2011, cuando el Presidente Juan Manuel Santos aprobó la Ley de Víctimas, que incluye el programa para la restitución de tierras. Hasta el momento, la violencia contra activistas y campesinos ha sido la respuesta al ambicioso plan de Santos, que pretende devolver más de tres millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del total, antes de 2014,cuando termine su mandato.
 

Los afectados por la violencia criminal contraria a la devolución de las tierras suelen ser pequeños o medianos propietarios rurales: Jairo Martínez, Óscar Maussa, Manuel Antonio Ruiz y su hijo, son solo algunos nombres de la larga lista de víctimas. Según medios periodísticos, aunque solo se ha esclarecido uno de los 60 asesinatos de los últimos cinco años, se sospecha que los hostigadores son remanentes de antiguas bandas paramilitares ligadas a terratenientes particulares y, en teoría, disueltas desde el inicio, en 2007, del proceso de desmovilización de paramilitares, denominado Justicia y Paz.
 
Cuentas negativas
 
Es imposible realizar una valoración del año que termina sin expresar nuestro malestar porque continúa la violencia contra dirigentes indígenas y campesinos en varios países de la región. El asesinato del campesino paraguayo Vidal Vega, y de muchos como él en Brasil y Colombia debe llamar nuestra atención porque, además de las bravuconadas cotidianas y la intimidación judicialcontra los pobres, el término de una vida muestra los límites a los que puede llegar el conflicto por la tierra y por los derechos de los trabajadores (Ver Exploraciones 13).
 

Al mismo tiempo que la violencia, continúan avanzando la deforestación y la especulación de la tierra. Aunque ha habido avances normativos y de acceso en el pasado inmediato, en general el año 2012 los gobiernos de la región frenaron los procesos de reconocimiento de territorios indígenas y no hayprogresos en la dotación de nuevas tierras. Los casos de Paraguay y Brasil, cuyos Estados comprarontierras para atender las demandas de campesinos e indígenas, muestran que en la nueva coyuntura, con los precios altos y la tendencia permanente al alza, se ha llegado al límite de lo que se puedelograr por la vía del mercado. En Perú, en cambio continúa la acumulación de tierras que muestra elrostro anti campesino de las políticas de Estado en ese país, desde hace ya una década.
 
El acoso a la naturaleza en pos de recursos para la vida de una población humana creciente tambiéncontinúa. En distintas partes de la región se siguen anunciando mega proyectos de infraestructura,como carreteras (el ejemplo más reciente está en Bolivia, donde el gobierno pretende atravesar elTerritorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure –Tipnis-); hidroeléctricas (como la CachuelaEsperanza en la Amazonía boliviana y la de Bello Monte en la Amazonia Brasileña); nuevasconcesiones mineras y exploración de hidrocarburos (Conga en Cajamarca, Perú y Marmato enColombia y el Chaco guaraní en Bolivia) solo a manera de ejemplo de los innumerables casos en losotros países de la región, y grandes proyectos hídricos (como el acueducto en el Chaco paraguayo).Sobre las consecuencias del constante acoso basta dar un ejemplo, pequeño para la región aunquetan grande como el propio mundo para las comunidades pescadoras del pueblo Wenayek deVillamontes en Bolivia: este año el rio Pilcomayo, que alimentó a esa y otras comunidades, ya no trajopeces. Probablemente muchos otros pueblos indígenas y campesinos sudamericanos están viendo,con la impotencia de los Wenayek, desabastecidos y contaminados sus ancestrales medios de
subsistencia.
 

Muchas palabras y pocas acciones
 
Desde el año 2008, que trajo la bullada crisis del alza de los precios de los alimentos se han idoacumulando tantas y tan diversas explicaciones y, sin embargo, pocas acciones concretas pararesolverla (Ver Diálogos 77).
 

No es de esperar que las tendencias del mercado pongan algún tipo de freno a las consecuenciasnegativas que puede acarrear la creciente ventaja que ofrece la producción de alimentos y combustibles de origen orgánico a los capitales, que en estas épocas andan buscando refugio, mejorsi es refugio con ganancias. Los últimos informes del año 2012 provenientes de la Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) y el instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)son contundentes al indicar que el precio de los alimentos seguirá subiendo, a diferencia de las otras materias primas, que muestran altibajos, de acuerdo al crecimiento o estancamiento de la economía mundial, la cual, como sabemos, anda con un ala quebrada (ver “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, una mirada hacia América Latina y el Caribe 2013” y “Estado mundial de la agricultura y la alimentación 2012”(CEPAL - FAO – ICCA).
 
Los gobiernos sudamericanos y las instituciones multilaterales conocen perfectamente la situación y,si bien han actuado en algunas áreas, como por ejemplo regulando la adquisición de tierras por partede capitales extranjeros, también están siendo notoriamente insuficientes en temas de tecnología y otros eslabones del área de gigantesco negocio del agro. Este puede prescindir de la propiedaddirecta de la tierra pero igualmente imponer un sistema productivo y una forma de negocios ymercado, generando mayor presión sobre la explotación de los recursos naturales y sobre el accesode campesinos e indígenas a la tierra y a sus oportunidades de articulación al mercado como productores.
 
La Declaración de la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada enjunio de 2012 en Cochabamba, Bolivia, fue una muestra clara de las contradicciones que los Estados están dispuestos a aceptar y rubricar en un documento, y de la dificultad que tienen, en la práctica, de equilibrar el bien nacional en términos de sostenibilidad y generación de empleo con las oportunidades de crecimiento económico, a pesar de que este rubro deja poca renta comparado con otras actividades extractivas (Ver Diálogos 85 y Exploraciones 12). 
 
En cuanto a las instituciones de integración, destacan los cambios inesperados en el Mercado Común del sur (Mercosur), luego de la suspensión de la participación de Paraguay a raíz del golpe parlamentario que depuso al Presidente Lugo, la incorporación de Venezuela como miembro pleno, tramitada ya desde el año 2006, y la invitación al ingreso de Bolivia y otros países como miembros plenos (Ver diálogos 25). Son cambios con consecuencias que ponen de manifiesto el desconocimiento de las dificultades en que ponen a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que va camino a su desaparición (Ver Diálogos 86).
 
A pesar de este panorama complejo, lo cierto es que el MERCOSUR mostró su fuerza como bloque económico y, al mismo tiempo, la tendencia del tipo de relaciones y tensiones que veremos en el futuro inmediato en la región. Para el desarrollo rural esto significa el predominio del libre mercado y, en gran medida, la expansión de la frontera del modelo brasilero, con sus luces y sombras (Ver Diálogos 76 y 78). 
 
Por otra parte, a pesar de que la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) ya se encuentra en etapa de institucionalización, muestra más vitalidad para temas políticos, que para asuntos del área del desarrollo regional. Es destacable la conformación de una plataforma de consulta a la sociedad civil que fue recibida por muchos movimientos sociales con gran entusiasmo, aunque el interés aparece deslucido en otras oportunidades como durante la sexta Cumbre realizada el pasado mes de noviembre en Lima, donde Se excusaron cuatro jefes de Estado que han sido sus más entusiastas impulsores: Dilma Rousseff de Brasil, Cristina Fernández de Argentina, Evo Morales de Bolivia y Hugo Chávez de Venezuela. El presidente ecuatoriano llegó tarde. Pero lo central fue lo poco trascendente de sus acuerdos. No se trata de un detalle que la Declaración Final no se ha hecho  oficial y, más bien,  se limitó a un informe del presidente Humala.
 

Respecto a los movimientos sociales, durante el año 2012 no han mostrado su mejor expresión, si bien es cierto que en muchos países lograron avances en espacios de representación ante sus gobiernos e incluso en algunos foros internacionales. La cercanía a los líderes de gobierno, a cargos públicos y una mayor articulación formal con los poderes nacionales, han generado cierto debilitamiento de la expresión de demandas, de los mecanismos de protesta y la independencia de las movilizaciones. Lamentablemente, en gran parte de los países hay fracturas importantes en el movimiento social de la región y, más lamentable aún, muchas veces éstas han sido patrocinadas por los propios gobiernos populistas que tienen discurso de izquierda.
Por todo lo anterior, el próximo año 2013 se viene con grandes desafíos. Desde el IPDRS esperamos que el debate sobre desarrollo rural de base campesina indígena sea más intenso, que  se preste más atención a las inversiones públicas, al acceso de campesinos e indígenas a tierras, a su participación en los mercados en condiciones de equidad y a la responsabilidad de los consumidores. Por nuestra parte, continuaremos recogiendo y difundiendo información y testimonios sobre el derecho a la tierra y sobre buenas prácticas del trabajo de producción en el campo.
 
* Oscar Bazoberry es sociólogo, con maestría en desarrollo rural. Dirige el Instituto para el desarrollo Rural de Sudamérica y coordina la maestría de desarrollo rural del Programa de Post grado en Ciencias sociales (CIDES) de la Universidad mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, Bolivia.
Carmen Beatriz Ruiz es comunicadora social, con maestría en Ciencias sociales. Integrante del IPDRS, es investigadora en temas de desarrollo rural y derechos humanos y tiene a su cargo la estrategia de comunicación.
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

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